Arremete Trump vs Obamacare
En su primer orden ejecutiva pide desmantelar la Ley de Cuidados de Salud Asequible, dentro de sus límites legales
Washington— El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva la tarde de este viernes dándoles a las dependencias federales un amplio poder para desmantelar las regulaciones creadas por la Ley de Cuidado de la Salud Asequible –ACA, el denominado Obamacare– incluyendo el aplicar sanciones a las personas que no tengan un seguro médico que exige la ley a la mayoría de los estadounidenses.
La orden ejecutiva, firmada en la Oficina Oval es una de las primeras acciones del nuevo presidente, e instruye a las dependencias para que otorguen un alivio a cada uno de los grupos que fueron afectados por la ley de atención médica promulgada en el 2010: aseguradoras, hospitales, médicos, empresas farmacéuticas y estados.
Aunque la orden no describe reglas federales específicas que serán suavizadas o levantadas, esto parece dar lugar para que las agencias eliminen una serie de impuestos y requerimientos que existen de acuerdo a la ley.
Sin embargo, las intenciones específicas de la nueva administración no son muy claras, la amplitud y el tiempo anticipado de la orden conllevan un valor simbólico para un presidente que hizo del rechazo del ACA –el logro doméstico más grande de su predecesor– una importante promesa de campaña.
Además, el lenguaje de la orden acerca de facilitar las cargas económicas y reguladoras parece alinearse con la ortodoxia republicana que desde hace mucho ejerce el Gobierno en el sistema de salud de Estados Unidos.
La orden, que tiene varios párrafos, no identifica cuál de las muchas reglas federales que existen en ACA pretende volver a redactar o eliminar la nueva administración.
En general, las reglas federales no pueden deshacerse de un solo plumazo, ya que se requiere un nuevo proceso para crear otras para reemplazarlas o eliminarlas.
Sin embargo, al darles permiso a las dependencias para “condonar, diferir, otorgar exenciones o retrasar las reglas de ACA”, la orden parece dar lugar para que el Departamento de Servicios de Salud y Humanos disminuya o elimine una serie de beneficios médicos que el ACA obliga a las aseguradoras a incluir en los planes de salud que venden a personas o pequeños negocios.
La referencia de la orden en la que se menciona la liberación de las cargas financieras podría significar que la administración intente aligerar los impuestos que la Ley de Cuidado de Salud Asequible impone a varias partes de la industria médica –aunque no se sabe si eso sería posible, ya que las obligaciones tributarias van incluidas en la ley en sí.
La orden no menciona Medicaid, pero dice que una de sus metas es “ofrecer una mayor flexibilidad a los estados”, acarreando la duda de si los Servicios de Salud y Humanos de Trump podrían intentar relajar las normas para los estados que han expandido el programa para los estadounidenses de bajos recursos, tal como la ley lo permite.
La orden indica que todas las dependencias federales “minimicen las cargas económicas y regulatorias injustificadas” de ACA –el primer paso de la promesa de campaña de Trump para derogar y reemplazar el plan de salud del ex presidente Barack Obama.
También el viernes, Reince Priebus, el jefe de Estado de Trump, presentó un memorándum ejecutivo ordenando congelar las regulaciones de todas las dependencias gubernamentales.
El memorándum podría congelar los nuevos estándares de eficiencia del Departamento de Energía establecidos para los aires acondicionados portátiles, bombas para las albercas, boilers comerciales y suministros ininterrumpidos de energía, los cuales fueron presentados el 28 de diciembre pero que aún no han sido publicados en el Registro Federal. Las regulaciones eran parte de la iniciativa de la administración de Obama para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al cambio climático.
La moción hace eco a una misiva que el entonces jefe de Staff de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, envió a los jefes de cada dependencia federal el 20 de enero del 2009, pidiéndoles que congelaran toda norma que no había sido publicada en el Registro Federal, y que consideraran una extensión de 60 días a partir de la fecha en que dichas normas entrarían en vigor.