Dreamers, primer objetivo en Texas
Mientras toda la atención está centrada en Trump y Washington, en el Capitolio texano los republicanos presentaron una propuesta para eliminar la Ley Noriega (el Texas Dream Act) que permite a los jóvenes indocumentados pagar colegiatura de residentes en las universidades locales.
Un republicano del Norte de Texas está decidido esta sesión a obligar a los legisladores a que voten sobre abolir un programa popular del estado que permite a algunos alumnos indocumentados pagar colegiaturas como residentes en universidades públicas.
Eso podría significar más que noches de insomnio para alumnos como Itzel Ruiz, de 21 años.
Ruiz, inmigrante indocumentada que ha vivido en Texas por 17 años, se benefició de dicha política a partir de que se cambió a la Universidad del Norte de Texas en Denton luego de asistir a un colegio de la comunidad con beca completa y obtener su título.
“Nos están atacando a nivel estatal, y obviamente, nos están atacando a nivel federal”, comentó, refiriéndose a la política dura del presidente electo Donald Trump sobre inmigración no autorizada.
Aunque el representante estatal Jonathan Stickland, republicano de Bedford, espera que el gobierno federal asegure la frontera, expresó el miércoles que retirar el privilegio de pagar como residente a los estudiantes indocumentados les quitaría un beneficio que él considera un imán para inmigrantes indocumentados.
“Por ahora, esto es lo que mis electores quieren, desean apagar los imanes”, comentó. “La gente no nos envía aquí para no resolver los problemas. Hay un montón de niños afuera en este momento que no pueden pagar la escuela, que han seguido las reglas y sus papás también”.
La ley estatal del 2001 permite a no ciudadanos, incluyendo a algunos inmigrantes indocumentados, pagar colegiatura a tarifa de residentes del estado en las universidades públicas si pueden comprobar que han vivido en Texas al menos tres años y se graduaron de una preparatoria de Texas o recibieron un GED. Además deben firmar un compromiso de legalizar su situación migratoria si hay alguna forma viable.
Los datos más recientes del Comité Coordinador de la Educación Superior en Texas muestran que en el 2013, casi 25 mil estudiantes —aproximadamente un dos por ciento de los alumnos inscritos en universidades de Texas— se beneficiaron de dicha política. En el 2015 un análisis de Texas Tribune reveló que la mayoría de ellos, aproximadamente un 72 por ciento, se inscribieron en colegios de la comunidad más que en universidades con carreras de cuatro años.
Los alumnos que califican ahorran decenas de miles de dólares a lo largo del curso de sus carreras universitarias. En la Universidad del Norte de Texas donde Ruiz estudia, un alumno de carrera de cuatro años que vive en el campus paga 3 mil 780 dólares por 15 horas de cursado. La colegiatura para alguien de fuera del estado por las mismas horas sería de 36 mil 020.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que él considera que la política actual es inapropiada y debe ser revisada. El vice gobernador Dan Patrick ha declarado que a él le gustaría dar por terminado ese programa. Pero el líder de la Cámara de Texas, Joe Straus, recientemente dijo que la ley es “perfectamente aceptable”.
Stickland comentó que está decidido a impulsar la Propuesta de la Cámara 393, su propuesta para abolir la ley del 2001, hacia la Cámara Baja para que voten sobre ella. Si eso fracasa, aclaró que hay bastantes otras formas de anexarla a otras propuestas como enmienda y forzar a sus colegas republicanos a votar abiertamente
Presentan en el Capitolio iniciativa para derogar la Ley Noriega
si están a favor o en contra de la medida.
“Votaremos al respecto, ya sea como una propuesta por sí sola o no”, aseguró.
Legisladores republicanos de la extrema derecha han tratado de abolir el programa durante las últimas sesiones. El intento del 2015 fue la Propuesta del Senado 1819, por la senadora estatal Donna Campbell, republicana de Braunfels, la cual fue aprobada por el Comité de Asuntos de Veteranos e Instalaciones Militares. Sin embargo, la propuesta de Campbell no llegó al senado en pleno, luego de que algunos republicanos retiraran su apoyo, reconociendo que no había el deseo de una medida así en la Cámara de Texas.
En aquel entonces, Campbell argumentó que el programa se había vuelto muy costoso conforme más estudiantes lo habían solicitado, y calculó que podría costar a los contribuyentes unos 100 millones de dólares para el 2020.
Los simpatizantes del programa dicen que es un argumento sin fundamentos.
Ann Beeson, directora ejecutiva del Centro de Prioridades de las Políticas Públicas, un grupo de estudiosos progresista, comentó que los estudiantes no les cuestan dinero a los contribuyentes, sino que al contrario estimulan la economía. De acuerdo con un análisis reciente de CPPP de la ley del 2001, los alumnos que se beneficiaron de la política pagaron 51.6 millones de dólares en colegiaturas y cuotas. Explicó que los legisladores asumen que –colegiatura-como-residente es ayuda financiera o dinero de apoyo, cuando en realidad los alumnos no están recibiendo ayuda directa alguna del estado.
“Es importante que los legisladores entiendan verdaderamente el programa actual y vean los beneficios porque esos 51 millones de dólares que [los alumnos] están pagando en colegiaturas y cuotas se evaporarían si se les exigiera a esos alumnos pagar colegiatura como no-residentes”, comentó.