Más rezagos en cortes por casos migratorios
Con el endurecimiento de la aplicación de las leyes de inmigración se prevé la saturación de las cortes de inmigración en todo el país, que ya lidian con un número récord de casos pendientes y la escasez de jueces.
Para el mes de febrero a nivel nacional se registraron más de 534 mil casos pendientes ante los tribunales de inmigración.
La tendencia nacional se extiende a Texas con 95 mil 193 casos en espera, después de California con 97 mil 860, posicionándose como el estado con más rezago de audiencias de inmigración pendientes en el país.
En El Paso hay más de cinco mil 500 casos en espera de una audiencia, con sólo dos jueces de inmigración disponibles para escucharlos. En esta región fronteriza la ansiedad crece mientras inmigrantes, abogados y funcionarios luchan por interpretar el desenfreno de los anuncios diarios de la Casa Blanca en temas migratorios, aseguró la abogada de inmigración en El Paso, Rose Soldi. “Cada día es algo diferente. Ahora las autoridades pueden detener a todo el mundo. Y yo me pregunto cómo lo van hacer, dónde van a llevar a todos los migrantes que planean detener y cómo van a realizar sus audiencias si ya nos enfrentamos a retrasos enormes”, dijo Soldi.
Ante la situación evidenciada por reportes de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) la organización Human Rights First (HRF) reiteró su petición para que el Departamento de Justicia (DOJ) contrate a jueces de inmigración adicionales y para que el Congreso respalde el aumento de personal de las cortes de inmigración.
“A menos que se tomen medidas concretas para reducir los atrasos que se presentan en las cortes de inmigración, los casos se seguirán acumulando afectando negativamente la vida de quienes buscan protección contra la persecución y la violencia”, dijo Shaw Drake de (HRF).
El panorama para el sistema pronostica el aumento de la acumulación de casos pendientes con las nuevas políticas migratorias impuestas por el gobierno del presidente Trump aseguró Drake.
Aunque la Casa Blanca le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner fin a la práctica ‘catch and release’ –que permite a las agencias inmigración liberar a migrantes bajo libertad condicional en espera de una audiencia- no hay suficientes centros de detención para albergar a las miles de familias que cruzan aseguran expertos.
“A pesar de las advertencias del presidente el flujo de familias migrantes continua. La mayoría de ellos continua siendo liberados por la saturación de los centros detención”, dijo Rubén García, director de la organización Casa Anunciación.
La orden ejecutiva presidencial ordena al Departamento de Seguridad Nacional para establecer contratos para construir, operar o controlar centros de detención de inmigración adicionales en la frontera o cerca de ésta, pero expertos advierten que los cambios serán costosos y estarán llenos de desafíos legales.
La detención obligatoria en la frontera podría costar otros $9,000 millones durante la próxima década, según calcula el grupo con sede en Washington Center for American Progress (CAP).
Abogados de inmigración advierten que acelerar el proceso de migratorio podría agravar la lucha de los inmigrantes para encontrar representación legal y plantearía problemas de proceso que ya en el momento presenta múltiples complicaciones.
Melissa López, directora ejecutiva de Servicios Legales para Inmigrantes y Refugiados de la Diócesis Católica de El Paso aseguró que ya los inmigrantes detenidos batallan por tener acceso a asesoramiento jurídico el cual necesitan cuando presentan una solicitud de asilo. La abogada se pregunta si la capacidad del conjunto de abogados de inmigración a nivel local es suficiente para enfrentar la demanda que se puede presentar.
En El Paso según expertos en el momento un caso de un inmigrante que se presenta por primera en el sistema judicial se le está programando una audiencia para finales del 2018.