Diálogo sobre inmigración
Washington – Uno de nosotros es un representante de Estados Unidos; el otro, un inmigrante indocumentado. Ambos somos abogados. Uno de nosotros pasó muchos años de ejercicio laboral como fiscal; el otro se dedica a defender a las familias de militares y de inmigrantes.
Pero la semana pasada hicimos algo que no sucede mucho hoy en día: hablamos mutuamente honesta y respetuosamente. Y al compartir nuestras experiencias, nos dimos cuenta de que compartimos más cosas en común de lo que creíamos.
Ambos podemos rastrear nuestra presencia en esta gran nación hasta nuestros ancestros inmigrantes. El bisabuelo de Dan Donovan llegó a Estados Unidos proveniente de Irlanda sin documentos o aprobación formal. La madre de César Vargas lo trajo desde México sin autorización cuando él tenía 5 años.
Estamos de acuerdo en que los inmigrantes indocumentados con antecedentes de delitos violentos no tengan el privilegio ni el derecho de quedarse, y que las autoridades federales deberían perseguirlos. Pero también estamos de acuerdo en que muchos inmigrantes indocumentados no son delincuentes, y no están nada más buscando aprovecharse de todo lo que nuestro generoso sistema ofrece.
De hecho, los residentes indocumentados en Estados Unidos pagan aproximadamente 11 mil 740 millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales, una cantidad que se incrementaría significativamente si a estos inmigrantes se les diera un camino a la ciudadanía, de acuerdo con un nuevo reporte del Instituto de Impuestos y Política Económica.
Muchos de ellos, como Vargas, tratan de sacar lo mejor de una situación a través de volverse miembros que contribuyen a la sociedad. No es un uso productivo de los limitados recursos federales ir contra todos los inmigrantes indocumentados indiscriminadamente para expulsarlos.
También estamos de acuerdo en que no podemos elegir cuáles leyes obedecer. Las leyes de inmigración que se aprobaron adecuadamente deben ser ejecutadas, y aquellos que no siguieron un procedimiento legal para entrar a Estados Unidos no pueden obtener la ciudadanía o estatus legal sin alguna forma de castigo.
Millones de personas que buscan entrar al país de manera legal continúan esperando en el limbo, y eso es prueba de un sistema migratorio fallido. Entendemos la necesidad de modernizar nuestras leyes caducas para dar prioridad a la seguridad nacional a la vez que reconocemos los fuertes impactos humanitarios que estas reformas podrían tener.
Cualquier solución debe incluir la seguridad de la frontera: No es inhumano que un país soberano sepa quién entra y quién sale.
Es verdad que la definición de quién entra legalmente ha cambiado con la evolución de las leyes migratorias escritas para abordar las preocupaciones de la época. Por ejemplo, hace décadas, cuando muchos inmigrantes llegaron a Estados Unidos, no había requerimientos de tener una familia acá o una relación de empleo con alguien en el país, ni requerimientos de obtener una visa antes de llegar, como ahora.
Además, la Isla Ellis está llena —obviamente— de historias de inmigrantes europeos que volteaban su chamarra al revés para que no se viera la marca que les habían puesto indicando que debían ser deportados.
Un sistema moderno debe conceder consideración a los inmigrantes que vienen aquí a educarse y a crear empleos. Es ilógico dar residencia temporal a gente brillante del extranjero que estudia en nuestras universidades, sólo para enviarla de regreso sin una oportunidad de dar un uso práctico a esa educación aquí mismo.
Mientras el Congreso debate una forma inteligente de vigilar la seguridad de nuestras fronteras, podrían de una vez crear un sistema rigoroso pero justo que la población indocumentada pueda seguir para ganar un estatus legal o la ciudadanía, especialmente para aquellos como Vargas que entraron al país a una edad muy temprana y han establecido familias y carreras productivas.
Para nosotros, la inmigración no es solamente un asunto político que observemos desde lejos — está intrínseco en cada aspecto de nuestras vidas. Nuestras familias vinieron de Irlanda, Polonia y México, pero nuestro hogar es Estados Unidos.
Ya sea que hayan cruzado el Océano Atlántico o la frontera sur, nuestros seres queridos viajaron miles de millas para obtener una vida mejor. ¿Acaso no es ese el Sueño Americano?
Durante 250 años, aquellos de otras partes del mundo que buscaban un lugar para adorar y trabajar libres de intromisiones vinieron a nuestro país motivados por sus libertades y oportunidades.
Llegaron aquí con poco conocimiento del inglés y realizando empleos poco glamorosos con las esperanzas de algún día ver a sus hijos y bisnietos graduarse de la escuela de leyes y usar sus dones divinos para mejorar la nación que aman.
Ambos llegamos a nuestra junta con nociones preconcebidas de lo que el otro diría o creería. Después de todo, muchos debates políticos sólo se resumen a poner apodos y a obstruir en vez de cooperar de manera constructiva. Pero teníamos que sentarnos y escuchar.
Cuando las exageraciones y el dramatismo toman el papel central, no hay mejor momento de cambiar la conversación con políticas prácticas. Todos fracasamos cuando ambos bandos de un debate de inmigración se retiran a sus esquinas y castigan a aquellos que piensan distinto que ellos.
No todo inmigrante es un hombre de familia obediente de la ley, pero tampoco todo inmigrante anda viendo qué delitos cometer. Unas fronteras abiertas no son seguras ni prácticas, pero criminalizar a la gente simplemente por su religión o su etnia es muy riesgoso.
Si continuamos gritándonos unos a otros, nuestros problemas jamás tendrán soluciones. Ambos venimos de diferentes antecedentes y aún diferimos en un montón de cosas, pero al menos estamos teniendo estas conversaciones. Hagamos más de esto en todo el país. Vargas es el codirector de la Coalición de la Acción para el Sueño y el primer abogado abiertamente indocumentado en practicar la ley en el Estado de Nueva York. Donovan, el único representante republicano de la Ciudad de Nueva York, colabora en el Comité de la Cámara para la Seguridad Nacional así como el Comité de la Cámara de Asuntos Foráneos.