Votó como ciudadana
Nueva york— En el 2012, Rosa María Ortega se registró para votar. Pero Ortega, residente permanente de 37 años radicada en Grand Prairie, Texas, no es ciudadana de Estados Unidos.
En un caso que el mes pasado ocupó los encabezados a nivel nacional, fue declarada culpable, multada con 5 mil dólares y sentenciada a ocho años de cárcel debido a que los sufragios que emitió en el 2012 y el 2014 eran ilícitos. Los residentes no tienen derecho a votar.
De ratificarse el veredicto, Ortega cumplirá su sentencia y, muy probablemente, será deportada a México. Para los residentes legales, un fallo de culpabilidad penal equivale en términos prácticos a una deportación.
El castigo podría ser algo sin precedentes para una falta que a menudo se sanciona con una sentencia mínima o libertad condicional. Ortega ha insistido categóricamente no saber que estaba quebrantando la ley –que la encarcelarán y tal vez deportarán por el delito de haberse confundido.
El caso toca una fibra en un polarizado ambiente político donde hay quien está convencido de que los inmigrantes amenazan con trastocar los valores que se comparten en el país más de lo que éste continúa su prolongada historia de aceptar y asimilar a quienes llegan de fuera.
Los abogados de Ortega dicen creer que la severidad de la sentencia se debe al furor por la inmigración y las falsas aseveraciones sobre fraude electoral que Donald Trump ha mencionado durante su nacionalista campaña presidencial.
Uno de los abogados de Ortega, Domingo García, señaló que además el caso despertaba dudas sobre equidad en el sistema de justicia. Citó el caso de hace tres años en Fort Worth, en el cual se dio libertad condicional a un menor rico de 16 años que mató a cuatro personas y lesionó a dos al manejar ebrio.
El procurador Ken Paxton, el republicano que presentó los casos por fraude, aplaudió la sentencia de Ortega, diciendo que “demuestra lo serio que Texas es en torno a mantener protegidas las elecciones”. En general no se disputa la descripción sobre la falta de Ortega. Cuando vivía en el condado Dallas, se registró para votar con vistas a las elecciones del 2012, marcando en la forma de registro un cuadro asegurando ser ciudadana estadounidense. Después de votar en el 2012 y el 2014, en el 2015 se mudó a Fort Worth al condado Tarrant, donde volvió a inscribirse para votar –esta vez, marcando el cuadro que indicaba no ser ciudadana.
Cuando se rechazó su registro, llamó a funcionarios electorales, diciéndoles que había votado en Dallas. Al explicársele que quienes marcaban el cuadro como no ciudadanos no podían votar, volvió a hacer su solicitud, señalando esta vez ser ciudadana. Un empleado electoral que recordó su comentario previo relativo a haber votado en Dallas empezó a sospechar, remitiendo la solicitud a las autoridades.
Ahora el destino de Ortega depende de un tribunal de apelaciones.
Fue multada con 5 mil dólares y sentenciada a ocho años de cárcel