Acudieron a solicitar residencia legal; los arrestó ICE
Lawrence, Massachusetts Leandro Arriaga ha estado en Estados Unidos desde el 2001 de manera ilegal. Se quedó a pesar de una orden de deportación y en el transcurso de los últimos 16 años ha vivido de arreglar y remodelar casas. Además formó una familia. Pero el padre de cuatro hijos se había cansado de “vivir en las sombras”, dijo su abogada.
La semana pasada, Arriaga acudió a Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) a su entrevista de solicitud de matrimonio –el primer paso para legalizar su presencia en Estados Unidos a través de su esposa, una ciudadana naturalizada. El trámite, denominado solicitud de visa I-130, constituye un medio común para que los extranjeros obtengan residencia legal mediante familiares o cónyuges.
Pero ese día Arriaga fue arrestado, junto con cuatro personas más que también se presentaron en las oficina de USCIS en Lawrence, Massachusetts. Los cinco tienen órdenes de deportación, según Inmigración y Aduanas (ICE).
Si bien los arrestos no son algo sin precedentes, expertos legales los consideran indicio del enfoque más amplio del gobierno de Trump sobre lo que representa prioridad alta para la deportación. Adam Cox, profesor de derecho inmigratorio en la Universidad de Nueva York dijo que los arrestos significan un nivel de detenciones inmigratorias “muy distinto” al del gobierno previo.
De acuerdo con dos ex funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, durante la administración anterior no hubiera sido prioritaria la deportación de alguien como Arriaga –alguien sin antecedentes penales, que lleva mucho tiempo en el país y cuyos cónyuge e hijos son ciudadanos estadounidenses.
“Lo que está muy claro que está sucediendo”, dijo John Sandweg, quien fue director en funciones del ICE, “es que han dado mucho énfasis para que los funcionarios y los agentes se concentren en personas a quienes se les ordenó salir del país y que no se fueron”.
En memorándum emitido en febrero por el secretario de Seguridad Interna John F. Kelly se describen en forma pormenorizada los nuevos lineamientos que dan a los agentes del ICE autoridad no sólo para dedicar sus esfuerzos a los delincuentes sino también a las personas contra quienes haya órdenes de deportación pendientes –independientemente de cuánto tiempo lleven en el país.
En los memos del gobierno de Obama se ordenaba a los agentes del ICE y a otros oficiales de inmigración tener en cuenta varios factores al decidir si procedían arrestos y acciones judiciales, como las relaciones familiares con ciudadanos estadounidenses, los antecedentes penales, la educación realizada en el país y las contribuciones a la comunidad.
En el memorándum de Kelly no se menciona ninguno de tales factores. En el documento se lee: “no debe ejercerse discrecionalidad judicial de manera que se exonere o excluya de la aplicación de las leyes inmigratorias a alguna clase o categoría específica de extranjeros”.
ICE ha sostenido que los arrestos no son nada nuevo ni indican ningún cambio de política o prioridades. Los delincuentes siempre constituyen la prioridad número uno en las expulsiones, pero ello no significa que se ignore a cualquier otro que se encuentre ilegalmente en el país, señaló un funcionario de ICE. Debido a la existencia de órdenes de deportación contra las cinco personas, se ha indicado a los agentes de ICE que ejecuten esas órdenes.
En el comunicado en el cual se confirman los arrestos, un vocero de la corporación en Boston manifestó que los agentes “respondieron a un ‘pitazo”.
“Contra los cinco individuos hay orden definitiva de deportación emitida por un juez federal inmigratorio”, según el comunicado. “Los cinco permanecerán arraigados hasta su expulsión de Estados Unidos”.
Susan Church, directora del capítulo Nueva Inglaterra de la Asociación Estadounidense de Abogados Inmigratorios, comentó que por lo menos cuatro de los cinco se encontraban en las oficinas de USCIS a fin de solicitar la residencia y que un mínimo de dos estaban casados con ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con ICE, dos de los individuos no tienen antecedentes penales; los otros tienen infracciones viales.
Los arrestos enfurecieron a activistas inmigratorios que creen que los funcionarios federales han puesto nerviosos a indocumentados como Arriaga –solicitantes de la residencia que no representan peligro para la seguridad pública y han tomado medidas destinadas a convertirse en habitantes legales del país.