¡Prevén demandas!
Aprueba Corte de Comisionados contratar abogados para actuar por sanciones a las ‘ciudades santuario’
La Corte de Comisionados dio ayer luz verde para la contratación de abogados que –en caso de perder el Condado de El Paso una suma estimada en 15 millones de dólares en sanciones a las llamadas “ciudades santuario”– le ayuden a demandar a las esferas de gobierno estatal y federal.
“La semana pasada, durante sesión ejecutiva, discutimos las implicaciones de SB4 en nuestro Condado, si ésta se llega a aprobar. Nos reunimos con nuestra abogada y una consultora legal externa en relación a este punto. Ahora acordamos contratarla, y el acuerdo inicial es que dicho contrato durará el término de la legislatura, y que no rebasará más allá de 7 mil 500 dólares”, explicó la juez del Condado, Verónica Escobar.
La SB4 es la propuesta estatal para castigar a ciudades o condados que se rehusen a cooperar con autoridades de inmigración federal.
La iniciativa fue presentada por el senador republicano Charles Perry en noviembre del año pasado y busca ser una medida que obligaría a las agencias estatales y locales a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El sentido de esta contratación de abogados, asegura la funcionaria, tiene un solo objetivo: “Sí tenemos que defendernos en contra de algo que pueda ser posiblemente, una violación de un acuerdo que hayamos hecho en el pasado, en la corte federal o una violación, a lo mejor, de la Constitución, estar preparados de la mejor manera posible”.
Escobar señaló que la propuesta de ley pondría en una situación de seguridad precaria a la frontera si el gobierno decide comprometer el dinero destinado para los programas estatales.
Algunos sheriffs de condados, quienes usualmente están a cargo de las cárceles, se muestran confundidos en particular sobre el alcance de las órdenes de retención, o detainers, que la ICE aplica a detenidos que son extranjeros indocumentados. Los guardianes del orden quieren claridad sobre los riesgos legales que implica seguir las órdenes.
Establecida en San Antonio, Garza Golando Morán, PLLC es una firma con experiencia en áreas de derecho, incluyendo el gobierno estatal y local; elecciones; procedimiento legislativo, estrategia y redacción; empleo; derechos del consumidor; confiscación y decomiso de activos; seguro; elecciones y derechos civiles.
De acuerdo con la información de la compañía en cuestión, algunos de sus clientes han sido gobiernos locales, funcionarios y candidatos estatales y locales elegidos, firmas de abogados, dueños de negocios e individuos que luchan contra la discriminación.
Durante la legislatura en curso, Garza Golando Morán se encargará de monitorear a los legisladores que moldeen la SB4 y presentarán opciones de acción al condado para tomar acciones de defensa.
Facultades
La propuesta de ley propone permitir que los oficiales de policía pidan documentos a las personas detenidas por cualquier razón, autorizar la cooperación entre autoridades carcelarias y servicios de inmigración, prohibir que los gobiernos eviten que sus funcionarios investiguen a inmigrantes y aprobar el recorte de fondos estatales a universidades, departamentos de policía, municipios y condados que se nieguen a cumplir con las medidas establecidas en la propuesta de ley.
Mediante esta nueva normativa, los ciudadanos de a pie podrán denunciar a cualquier institución que no coopere con los servicios de inmigración.
Por ahora, la iniciativa, aprobada el pasado 3 de febrero, por el Comité de Asuntos Estatales del Senado, con siete votos a favor y dos en contr está siendo debatida y espera su pase a la Cámara de Representantes de Texas para su revisión.
Mientras tanto, el condado de Travis está buscando unirse a decenas de ciudades y condados de todo el país para apoyar una demanda solicitando a un tribunal federal que bloquee la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en contra de las llamadas ciudades ‘santuario’.
La demanda, presentada por la Ciudad y el condado de San Francisco a finales de enero, argumenta que la orden es inconstitucional, en violación de los derechos de los estados y que sobrepasa el poder del presidente.