Alistan demandas vs ley de ‘ciudades santuario’
Se preparan Condado de El Paso y gobiernos ante posibles violaciones a derechos humanos
El jueves por la tarde fueron aprobados en la Cámara de Representantes de Texas los últimos detalles de una iniciativa en contra de la ‘ciudades santuario’. La legislación SB4 penaliza a los policías –incluyendo sheriffs y constables– que no cooperen con las autoridades federales y mantengan detenidos a extranjeros sujetos a deportación.
Esta propuesta, prioritaria para el gobernador Greg Abbott, ahora regresa al Senado para ser analizada de nuevo antes de ser promulgada como ley por el mandatario.
Legisladores demócratas no pudieron evitar que se aprobara la iniciativa.
No obstante, ahora entidades gubernamentales, como el Condado de El Paso, se preparan para demandar al Estado de Texas una vez que la SB4 se convierta en ley, argumentando que viola la Constitución de Estados Unidos. La batalla legal es larga, como ha ocurrido con la Ley de Voter ID en el estado.
“Si tenemos que defendernos en contra de algo que posiblemente es una violación de un acuerdo hecho en el pasado, en la Corte Federal, o a lo mejor una violación a la Constitución, debemos estar preparados de la mejor manera posible”, dijo Verónica Escobar, juez del Condado.
El Condado de El Paso podría perder hasta 15 millones de dólares en concepto de sanciones a las llamadas “ciudades santuario” por acciones como la emisión de documentos de identificación para personas indocumentadas.
La SB4 es la propuesta estatal para castigar a ciudades o condados que se rehúsen a cooperar con autoridades federales de Inmigración.
La iniciativa SB4 fue presentada por el senador republicano Charles Perry en noviembre del año pasado y busca ser una medida que obligaría a las agencias estatales y locales a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Paso en la mira
Durante la Legislatura en curso, la firma de abogados Garza Golando Morán, PLLC se encargará de monitorear a los legisladores que moldeen la SB4 y presentarán opciones de acción al Condado para tomar acciones de defensa.
De acuerdo con Escobar, el sentido de esta contratación de abogados tiene un solo objetivo: esta semana, con tres votos a favor y uno en contra, la Corte de Comisionados decidió respaldar la iniciativa que busca la elaboración de una credencial de identidad a la comunidad migrante para la realización de diversos trámites públicos. Esto le pasaría factura a este Gobierno, a partir del 1 de septiembre, que es cuando la ley entraría en efecto, pues este tipo de medidas son las que se desea impedir para dejar de favorecer a migrantes sin documentos.
El contrato con los abogados durará el término de la Legislatura, y no rebasará los 7 mil 500 dólares, explicó la juez del Condado hace algunas semanas.
Establecida en San Antonio, Garza Golando Morán es una firma con experiencia en áreas de derecho, incluyendo los gobiernos estatal y local; elecciones, procedimiento legislativo, estrategia y redacción; empleo, derechos del consumidor, confiscación y decomiso de activos, seguro, y derechos civiles.
De acuerdo con la información de la compañía en cuestión, algunos de sus clientes han sido gobiernos locales, funcionarios y candidatos estatales y locales electos, firmas de abogados, dueños de negocios e individuos que luchan contra la discriminación.
Con la aprobación de esta ley, el Condado podría estar en problemas financieros, afectando la seguridad local si el Gobierno decide comprometer el dinero destinado para los programas estatales.
Algunos sheriffs de condados, quienes usualmente están a cargo de las cárceles, se muestran confundidos en particular sobre el alcance de las órdenes de retención, o detenidos, que ICE aplica a extranjeros indocumentados. Los guardianes del orden quieren claridad sobre los riesgos legales que implica seguir las órdenes.
Al menos ese es el pensar del alguacil del Condado de Harris, Ed González, que dio a conocer este miércoles el Foro Nacional de Inmigración, mediante un comunicado de prensa.
“Creo que nuestro trabajo como profesionales de la aplicación de la ley es más difícil cuando la gente tiene miedo de presentarse (ante ellos) y denunciar los crímenes, ya sea como testigo o como un denunciante. Este es el enfoque equivocado”, dijo el oficial en relación con la SB4.