88 días detenido
PERIODISTA MEXICANO QUE HUíA DE LA VIOLENCIA EN GUERRERO PERMANECE EN CENTRO DE DETENCIóN DE ICE
Martín Méndez Pineda, el reportero del periódico Novedades de Acapulco que huyó de la violencia del estado de Guerrero y llegó a Estados Unidos buscando asilo, cumplió ayer 88 días en detención en un centro de ICE en El Paso. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizaciones civiles que apelan por su liberación denunciaron la falta de voluntad de las autoridades locales y federales por resolver el caso de Méndez Pineda, a quien el pasado 28 de marzo se le negó la petición de asilo.
“La razón que le dieron para negársela fue que no había establecido vínculos con nuestra comunidad”, explicó Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto de Esperanza Fronteriza. Mas Corbett señaló que ellos, como representantes de esta comunidad, han atestiguado los vínculos que Martín ha establecido desde su llegada a esta área.
El pasado 5 de febrero, Martín Méndez Pineda, aconsejado por miembros de Periodistas Sin Fronteras, buscó asilo político con la ayuda del abogado migratorio Carlos Spector, debido a que había recibido amenazas de muerte y agresión física por escribir informes críticos de la Policía Federal mexicana, según reportan las organizaciones antes mencionadas.
“A fines del año 2016 recibió amenazas y fue asaltado por ocho oficiales de la Policía Federal. Acudió a la asistencia de la Comisión de Derechos Humanos y buscó la ayuda de la organización Reporteros Sin Fronteras. Este caso marca un momento muy importante en la historia del periodismo y del proceso de asilo político”, dijo Spector a través de una llamada telefónica desde un hospital local en el que está internado por problemas de salud.
Uno más
Desde su detención en Sierra Blanca, posterior traslado a Cibola (Albuquerque) y llegada a El Paso, uno de los vínculos de Méndez ha sido el padre Robert E. Mosher, director del Columban Mission Center.
Mosher ha sido una de las pocas personas que han podido tener acceso a él en el centro de detención y a través de él se ha podido conocer de los tratos de aislamiento y acoso que ha sufrido el comunicador.
Otro punto de contacto ha sido Gloria Amesquita, quien habla por teléfono con Méndez durante una hora para monitorear su estado anímico y de salud. Gracias a estas llamadas, asegura la asistente de Spector, ellos han tomado nota de cómo a Martín se le ha mantenido junto a la población general de detenidos en proceso de deportación. Algunos de estos, asegura Amesquita, tienen antecedentes criminales y son considerados por los encargados del centro como “prisioneros de alto riesgo”.
Pese a que el asilo le ha sido negado, el tema de la liberación del periodista sigue en vilo, aunque no cuenta con récord criminal en este país ni en México, ni cruzó la frontera de forma irregular. Las autoridades, aseguran las organizaciones civiles han fallado en dar oportunidad a Martín a tener reuniones con su abogado, Carlos Spector. Ni siquiera el arzobispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, ha podido verlo, ante las negativas de las autoridades de ICE, aseguran.
“Esta es una nueva agencia: ICE ya no responde a la comunidad, no tiene transparencia”, condenó Corbett.
De acuerdo a las recientes órdenes ejecutivas del presidente Trump, se exige a las agencias migratorias realizar entrevistas con mayor escrutinio. Pero para la coalición migratoria, estas tácticas solo sirven para debilitar los valores de la justicia y se presta para que agencias como ICE y CBP continúen con la separación de familias, detenciones prolongadas y deportaciones.
En palabras de Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, ni México ni Estados Unidos quieren reconocer que la violencia del otro lado de la frontera es un problema que hay que resolver. “Nos están empujando a salir a las calles. Si no nos escuchan, ¿cómo quieren que los respetemos como autoridad?”, cuestionó el activista.
La nota roja
El Índice Mundial de Libertad de Prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras incluyó a 180 países, de los cuales México y Cuba presentaron las peores condiciones para los periodistas de Latinoamérica (en los lugares 147 y 173 de la lista, respectivamente).
La Organización Artículo 19 señala que 2016 batió el récord de periodistas asesinados en México, además de que de julio a septiembre del año pasado la organización registró un total de 88 agresiones a periodistas, un promedio de 29.3 ataques al mes, o casi uno por día.
En una nota más reciente, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo de este año en la ciudad de Chihuahua. Ella era colaboradora de La Jornada y El Norte. Semanas más tarde, Gabriel Federico Ochoa Cárdenas de 55 años fue ejecutado y luego señalado como el supuesto asesino de la periodista.