‘AQUí NO HAY ASILO’
Tijuana— Francisca, Armando y sus dos hijos llegaron a Estados Unidos a finales de febrero. Tenían hambre, estaban exhaustos y apenas y les quedaba un centavo. La pareja, que dijo que otro de sus hijos fue asesinado por una pandilla en El Salvador y que su hija casi fue violada, pensó que había llegado a un lugar seguro.
Bajo la ley internacional, y la estadounidense, cualquier persona que solicite asilo debe poder entrar al país donde lo solicita para argumentar su caso. Francisca y Armando dijeron que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los expulsó.
“Aquí no hay asilo”, recuerda Francisca que les dijo el agente. “No estamos dando asilo”.
Los agentes fronterizos han corrido a cada vez más solicitantes de refugio sin siquiera entrevistarlos, de acuerdo con varios migrantes y sus abogados. Es una tendencia que notaron hace algunos meses y que parece haberse acelerado después de la toma de posesión de Donald Trump.
Eso ha dejado a un sinnúmero de migrantes atorados en México, donde a veces también se vuelven presa fácil para secuestradores o terminan en manos de narcotraficantes y tratantes de personas. Algunos de los migrantes han intentado entrar a Estados Unidos de manera ilegal a través del desierto o del Río Bravo, un trayecto que puede ser mortal.
“Al rechazar a los solicitantes de asilo en su frontera, Estados Unidos los regresa para que enfrenten peligros, persecución, tortura, secuestros y potencialmente trata”, dijo Human Rights First, organización que estudia el problema, en un reporte publicado el miércoles 3 de mayo.
No hay datos duros sobre la frecuencia con la cual los agentes fronterizos han prevenido la entrada de solicitantes de asilo a Estados Unidos.
De noviembre a abril, Human Rights First dijo haber documentado 125 casos de personas o familias de países como El Salvador, Colombia, Guatemala, México y Turquía a quienes se les negó el ingreso en Arizona, California y Texas.
La organización indicó que el número real probablemente sea mayor, dado que la mayoría de los migrantes nunca entran en contacto con un abogado o asesor del lado estadounidense.
Cuestionada al respecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) dijo que Estados Unidos se atiene a la ley internacional y a la convención que permite que la gente busque refugio si es víctima de persecución por su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas u otros factores.
“Si un oficial o un agente se topa con un migrante que se dirige hacia Estados Unidos que no tiene papeles legales y esa persona expresa temor de ser regresada a su país de origen, nuestros oficiales los procesan para que haya una entrevista con un agente de asilo”, dijo la agencia en un comunicado.
El gobierno de Trump no ha ordenado de manera explícita que los solicitantes sean regresados. Pero el presidente ha hecho clara su opinión respecto a que el sistema de asilo, como existe actualmente, contribuye al problema de la migración ilegal.
Quienes soliciten protección en un punto de entrada a Estados Unidos deben ser referidos con un agente especializado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para una revisión conocida como entrevista de temor creíble.
Si ese oficial decide que la persona entrevistada puede comprobar el temor a la persecución en su país de origen, se le permite que solicite asilo ante un juez. Más de 38 mil personas han tomado ese paso desde octubre de 2016 hasta marzo de este año, de acuerdo con USCIS.
Sin embargo, los jueces han aprobado menos de la mitad de las solicitudes de refugio en los últimos años.
La cifra de aprobación es todavía menor para migrantes de México y Centroamérica: sólo entre 10 y 23 por ciento han sido aceptadas desde 2011, de acuerdo con estadísticas de investigadores de la Universidad de Syracuse.
Muchos solicitantes de esa región aseguran que son blanco de la violencia pandillera, algo que es más difícil de comprobar que la persecución política, o dicen que requieren asilo por cuestiones económicas, lo cual no los vuelve elegibles.
Si se les niega la petición, los solicitantes pueden ser deportados. No obstante, como muchos quedan libres durante el proceso, no regresan a la corte para evadir la expulsión.
La administración Trump ha dicho que los solicitantes deberían ser liberados con menor frecuencia y algunos abogados señalaron que un mayor número de sus clientes ahora han sido detenidos.
Los activistas en materia migratoria aseguran que el discurso de Trump respecto a la migración ha envalentonado a algunos agentes de aduanas, que deciden ignorar la ley y no permitir que los migrantes accedan a la entrevista de asilo.
“El tenor de las interacciones con los agentes del CBP se ha vuelto abiertamente hostil tras la elección”, dijo Nicole Ramos, abogada que representa a solicitantes de asilo que llegan vía Tijuana.
Francisca, quien pidió que no se divulgara su apellido por cuestiones de seguridad, dijo que intentó mostrarle algunos documentos al agente aduanal en Tijuana: el certificado de defunción de su hijo asesinado y un reporte policial sobre el intento de violación por parte de pandilleros a su hija. Pero el oficial amenazó con deportar a toda la familia si no se regresaban a México, dijo Francisca.
“Nos trataron como si fuéramos transgresores”, dijo Francisca, quien regresó a un albergue para mujeres y niños con su hija de 14 años. Su esposo Armando y su hijo de 18 años están viviendo en un albergue para hombres ubicado en la misma calle.
El reporte de Human Rights First también señala que una familia hondureña fue secuestrada y forzada a pagar el rescate después de que agentes fronterizos en Texas los regresaron a México por segunda ocasión. Shaw Drake, el investigador en jefe del informe, dijo que la zona alrededor de los puestos fronterizos de Texas ahora recibe el apodo “terreno de caza”, ahí donde los carteles ven a los migrantes como presa fácil.
Cuando Benito Jiménez Alarcón, de 22 años, huyó del estado mexicano de Guerrero, lo hizo con una bolsa de plástico llena de fotografías de las heridas supuestamente sufrió cuando varios narcotraficantes lo tuvieron secuestrado durante tres días.
Las imágenes muestran los moretones en su espalda y en los costados donde Jiménez dice que recibió golpes con un bate. Prácticamente todas sus piernas estaban cubiertas de parches de color morado y azul por los azotes que recibió con el mango de una pistola.
Pensó que iba a recibir una audiencia después de que los agentes en la frontera revisaron lo que traía consigo, incluidas las fotografías. Los agentes le pidieron que se quitara los pantalones para revisar las heridas, dijo Jiménez.
Pero los oficiales, posiblemente actuando con una discreción más allá de la que tienen permitida, le dijeron que necesitaban ver reportes policiales. Jiménez, quien estaba en un albergue en Tijuana la última semana de abril, dijo que le es imposible conseguir el reporte, porque la policía y los criminales de su pueblo están coludidos.
Mary Galván, una mujer brasileña que está a cargo de albergue para mujeres y niñas Madre Assunta, en Tijuana, dijo que los solicitantes de asilo pasan semanas recopilando los documentos con los que buscan comprobar sus casos, pero que regresan al albergue apenas horas después de haber acudido a un puesto fronterizo porque se les niega el acceso.
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