Dueños de tierras, otro obstáculo para el muro
Los Ébanos, Texas — Una de las principales barreras para el muro fronterizo del presidente Donald Trump comienza en el extenso patio trasero de Aleida García.
Ella y su esposo han construido un pequeño parque junto a unos matorrales en las 30 hectáreas de su propiedad y disfrutan de una vista panorámica del Valle del Río Grande. Ellos dicen que se resistirán ferozmente a cualquier intento del gobierno federal para apropiarse de su terreno, un nuevo episodio de una pelea que comenzó hace una década.
No están solos. Desde 2008 se han introducido más de 90 demandas que involucran a terratenientes del sur de Texas que se oponen a la incautación federal de sus propiedades. Los demandantes cuentan con el apoyo de muchos políticos del estado, y esa oposición por medio de acciones judiciales podría retrasar durante años cualquier construcción de un muro fronterizo.
Trump y John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, han dicho que pueden construir un muro en 24 meses, a pesar de que el congreso no incluyó los fondos para financiar la construcción en su más reciente presupuesto. Los nuevos desafíos legales, junto con otros ya existentes, hacen que sea improbable cumplir con ese cronograma.
La estrategia de los propietarios es muy clara: utilizar los tribunales para impedir la construcción y aguantar más que lo que dure el mandato de Trump.
Aunque resulte paradójico, quienes están más cerca de los peligros de la inmigración ilegal quizá son los que están realizando la mayor oposición a los planes del presidente. Están muy conscientes de que sus tierras se han convertido en un importante punto de tránsito para narcotraficantes y contrabandistas, y algunos han sido víctimas de delitos. Pero también creen que la frontera ya está fuertemente patrullada por drones, agentes federales y autoridades locales, y afirman que un muro tendría un valor simbólico, a costa de sus tierras.
Aunque Trump convirtió al muro en una de las principales promesas de su campaña presidencial, el concepto no es nuevo. En 2006, a instancias del congreso, el presidente George W. Bush firmó la Ley del Cerco Seguro (Secure Fence Act), que ordenó la construcción de estructuras físicas para detener el cruce ilegal de personas y vehículos. Finalmente se construyeron cerca de 1126 kilómetros de muros y cercas, sobre todo en tierras federales de California y Arizona.
Pero el gobierno ha incautado muy pocas tierras en Texas, que tiene más de 2000 kilómetros de la frontera con México y la mayor parte es propiedad privada.
“Aquí en Texas nos tomamos muy en serio el concepto de propiedad privada”, dijo el diputado Henry Cuéllar, un demócrata cuyo distrito incluye casi 482 kilómetros de la frontera con México. “Nos enorgullecemos de nuestra tierra, que a menudo ha sido heredada por generaciones. Y los texanos se defienden cuando el gobierno federal trata de tomar lo que es nuestro”.
El caso de García muestra lo difícil que puede ser tomar el control de tierras privadas. Hace casi una década, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional intentaron tomar secciones de su terreno para construir un muro fronterizo. García se defendió en la corte y este año el gobierno decidió que, después de todo, no necesitaba su propiedad.
Pero ahora ella cree que los planes de Trump podrían volver a poner en peligro su tierra. “Solo estamos esperando mientras empiezan a hablar de nuevo sobre la construcción de un muro”, dijo.
El muro propuesto por Trump recorrería una vasta franja del Valle del Río Grande. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una solicitud de propuestas para construir un muro “físicamente imponente” en la frontera con México. Más de 100 proveedores han presentado proyectos, y funcionarios del departamento dicen que en la semana del 15 de mayo podrán notificar a los contratistas ganadores. Se supone que la construcción de varios prototipos de paredes comenzará este verano en San Diego.
Además, Trump quiere contratar a 20 abogados para adquirir tierras en el suroeste, donde se puede construir un muro u otras instalaciones de seguridad.
El Valle del Río Grande es una de las rutas de contrabando más concurridas de la frontera con México. El año pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza incautaron 148 kilos de marihuana; solo el sector de Tucson supera esa cifra. También se incautaron cerca de 662 kilos de cocaína, la mayor cantidad en cualquier sector de la patrulla. Casi 187 mil migrantes fronterizos ilegales fueron detenidos aquí en 2016, la mayor cantidad de cualquier sector vigilado por la Patrulla Fronteriza.
Y en los documentos presentados al congreso, la patrulla ha identificado al Valle del Río Grande como una prioridad para construir nuevas barreras fronterizas.
Aunque el gobierno ha logrado convencer a algunos propietarios de que cedan sus tierras para barreras y muros, muchos se resisten, por lo que el gobierno se ha visto obligado a ir a la corte para impugnar a quienes consideran que es una apropiación injusta de sus propiedades. Según los registros de los tribunales hay más de 300 casos. En total, el gobierno ha gastado por lo menos 78 millones de dólares para adquirir tierras donde ya hay cercas, según informaciones del congreso.
Efrén C. Olivares, abogado del Texas Civil Rights Project en El Álamo, dijo que el gobierno federal probablemente enfrentará una oposición similar si intenta construir un muro fronterizo en la zona. “El gran volumen de demandas que deberá enfrentar el gobierno conllevará retrasos significativos”, dijo Olivares, cuya organización representa a varios propietarios.
García dijo ser testigo del contrabando de drogas y haber visto a gente que cruza la frontera ilegalmente. Pero afirmó que el gobierno debería aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y el uso de tecnología de seguridad en la zona en vez de construir un muro.
Otros miembros de la comunidad de 300 personas comparten su punto de vista.
“Ya tienen muros en algunos lugares y eso no ha detenido a nadie”, dijo Verónica Mendoza, hermana de García, quien vive cerca. “Necesitan más gente, no más muros”.
A lo largo de los 160 kilómetros de la frontera de Texas donde se construyó un muro, los propietarios se han quedado atrapados en lo que llaman una zona neutral, donde algunas casas y propiedades están en el lado sur del muro.
José Palomino, que vive en Los Indios, cerca de Brownsville, dijo que un muro de concreto divide su propiedad. Eso afectó el valor de su hogar, dijo, y el gobierno solo le ofreció 1000 dólares como compensación. “No es una buena vista”, dijo. “Y, a decir verdad, no ha detenido a nadie”.