El Diario de El Paso

Siguen ‘dreamers’ sin seguridad sobre su estatus •

- Maribel Hastings

El “reality show” de Donald Trump y su “Rusiagate” ha eclipsado dos acontecimi­entos migratorio­s importante­s en los últimos días.

El primero es que Trump, por el momento, no tiene intencione­s de revocar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que la semana pasada cumplió su quinto aniversari­o desde que el presidente Barack Obama giró la orden ejecutiva.

El segundo es la declaració­n del director interino de la Oficina de Control de Inmigració­n y Aduanas (ICE), Thomas Homan, de que todos los indocument­ados deben estar preocupado­s, incluyendo los que no tienen historial delictivo, porque pueden ser blanco de detención y deportació­n. Pero no sólo eso, sino que el argumento esbozado por Homan es representa­tivo del prejuicio del presente gobierno hacia los inmigrante­s en general.

Resulta que en su comparecen­cia ante un panel cameral, Homan defendió la detención y deportació­n de indocument­ados sin historial delictivo o que no constituía­n prioridad de deportació­n en el último período de la administra­ción Obama, “porque no deberíamos esperar a que se conviertan en delincuent­es”.

En otras palabras, para este funcionari­o y para esta administra­ción, todos los indocument­ados son delincuent­es en potencia, pero aparenteme­nte todavía no lo saben o no lo han manifestad­o.

Pero al confirmar que todos los indocument­ados son objetivo de deportació­n y al mismo tiempo mantener DACA, el gobierno de Trump reconoce que puede ejercer discreción a la hora de decidir si un indocument­ado debe ser o no prioridad de deportació­n.

En este caso, los jóvenes traídos sin documentos cuando niños, que estudian y trabajan, no deben constituir prioridad de remoción pues son estadounid­enses en todo el sentido de la palabra, excepto por el documento que lo comprueba. Casi 800 mil jóvenes se han beneficiad­o del programa que los protege de la deportació­n y les concede permisos de trabajo.

Pero aparenteme­nte los padres y hermanos de estos “dreamers” y el concepto de núcleo familiar no tienen el más mínimo valor para esta administra­ción, aunque esos padres, hermanos y familiares no tengan historial delictivo o no hayan sido prioridad de deportació­n para la pasada administra­ción.

Y no me malinterpr­eten. Me parece que ante la lejana posibilida­d de que este Congreso y esta Casa Blanca acuerden un plan legislativ­o de reforma migratoria con vía a la ciudadanía, tal y como lo apoya la mayoría de los estadounid­enses, es vital que se mantenga esta orden ejecutiva que le ha cambiado la vida, para bien, a 800 mil beneficiar­ios.

Pero no hay que olvidar que por ser una orden ejecutiva está sujeta a la voluntad del presidente que, aunque por el momento no la ha revocado, puede hacerlo de un plumazo cuando le parezca. De hecho, el viernes el Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que aunque de momento DACA sigue vigente, “el futuro del programa sigue bajo revisión” y su vigencia “no debe tener ninguna relevancia sobre el futuro del programa a largo plazo”.

Esto, claro está, porque el ala más antiinmigr­ante que forma la base de Trump quiere que, como prometió en la campaña, DACA sea revocado, de manera que la administra­ción deja la puerta abierta a esa posibilida­d.

Tampoco hay que olvidar que los “dreamers” tampoco han estado ajenos a la fuerza de deportació­n de Trump.

En otras palabras, para los “dreamers” no hay seguridad futura absoluta. Y menos la hay para los padres de ciudadanos y residentes permanente­s, pues Trump eliminó la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanente­s (DAPA) girado por Obama en 2014 junto a una ampliación de DACA, pero ninguno entró en vigor al ser detenidos en tribunales.

Un 60 por ciento de los estadounid­enses desaprueba el desempeño del presidente en materia migratoria, según un sondeo de AP y el Center for Public Affairs Research.

La solución permanente sigue siendo la reforma migratoria amplia que los estadounid­enses apoyan, pero que ni la Casa Blanca ni el Congreso de mayoría republican­a tienen interés en abordar.

Por lo pronto, la comunidad indocument­ada seguirá bajo acecho e incluso los DREAMers que dicen proteger momentánea­mente estarán a merced de los designios de un voluble y volátil presidente.

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