Sólo las prisiones privadas ganan con la línea dura migratoria de Trump
La agresiva aplicación de la ley de inmigración ha sido uno de los rasgos distintivos del gobierno de Trump, con agentes federales encargados de buscar la deportación de casi cualquier persona que encuentren en el país ilegalmente, sin importar cuánto tiempo lleva aquí.
En los primeros 100 días después de la toma de posesión del presidente, los arrestos por inmigración aumentaron casi un 40 por ciento con respecto al año anterior, un ritmo que seguramente aumentará si el Congreso accede a la solicitud del presidente Trump de contratar a 10 mil agentes del Interior de la nación, y otros 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza para trabajar dentro de 100 millas de la frontera.
Aquellos que compran la opinión de Trump sobre los inmigrantes ilegales como violadores, asesinos y ladrones de empleo, sin duda han sido animados por el esfuerzo de aplicación, y probablemente no se molestan por la prisa por expandir el espacio de detención para albergar a las audiencias de deportación.
Pero incluso deberían reconocer que capturar y encarcelar a la gente es sólo una parte de la ecuación. Mientras que el gobierno –bajo el presidente Obama y ahora Trump– ha estado aumentando la aplicación de la inmigración y la detención, no ha invertido una cantidad paralela de dinero en la ampliación de la capacidad de los tribunales de inmigración para manejar los casos.
El gasto en tribunales de inmigración aumentó sólo un 74 por ciento entre 2003 y 2015, mientras que el gasto en ejecución aumentó un 105 por ciento. A finales de septiembre, el número de casos pendientes de inmigración ascendía a 516 mil 31. A finales de mayo, esa cartera había aumentado a 598 mil 943 casos, que han estado pendientes por un promedio de 670 días cada uno.
Para empeorar las cosas, el gobierno de Trump ha reasignado temporalmente a los jueces a los centros de detención en el sur de California, Arizona, Nuevo México y Texas para manejar casos que involucran principalmente a personas que cruzan la frontera. El problema con esto es que cada vez menos personas se ven atrapadas en la frontera en estos días, por lo que mover a los jueces allí tiene poco sentido práctico.
Sin embargo, enviar a los jueces a la frontera da la apariencia de que hay una aplicación más fuerte y más seria de la ley, cuando en realidad exacerba los atrasos en los tribunales de los cuales los jueces son trasladados.
Este enorme retraso tiene consecuencias reales. Las personas en centros de detención o cárceles están pasando más tiempo encarcelados mientras esperan las audiencias sobre si se les permitirá permanecer en el país.
Esto no debería hacer feliz a los inmigrantes indocumentados. La gente no está siendo deportada, pero simplemente queda atrapada en el limbo del sistema de inmigración.
El sistema no funciona bien para nadie, excepto, quizás, para los operadores de prisiones privadas y cárceles locales con contratos ICE.