Debate Condado destino de presos indocumentados
La ciudad de El Paso, Texas está enfrascada en un dilema de inmigración. El calor del verano ha reducido el río que separa a El Paso de Juárez, México, a una seca planicie, permitiendo, recientemente, que cientos de personas cruzaran libremente por su lecho para abrazar a sus parientes y tomarse fotografías. Las visitas de cuatro minutos fueron aprobadas por las autoridades fronterizas de ambos países, como parte de un evento llamado “Abrazos en Lugar de Muros”.
Mientras tanto, cada noche la cárcel de El Paso –bajo contrato con el Gobierno federal– recibe a cientos de inmigrantes que esperan ser deportados.
“Esto envía mensajes mixtos”, dijo el comisionado del Condado de El Paso, Vincent Pérez, quien quiere ponerle fin al contrato de detención del Condado con el Servicio de los Marshals de Estados Unidos. “Nuestras cárceles locales pueden ser utilizadas para hacer cumplir la ley federal de inmigración si los presos son traídos por la Patrulla Fronteriza y por ICE”, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Comisionado quiere romper contrato federal para albergarlos; incluso activistas migratorios no están de acuerdo
Las severas medidas inmigratorias implementadas por la administración de Trump y una nueva iniciativa de Texas para ayudar a los agentes federales han obligado a El Paso a tener que lidiar con el dilema de si su Cárcel del Condado está siendo utilizada para darle cabida a políticas a las que los habitantes de la ciudad vigorosamente se oponen. La mayoría de los habitantes de El Paso pueden rastrear su herencia hacia México, y muchos ciudadanos estadounidenses nacidos y criados en la ciudad fronteriza más grande de Texas tienen familia en un lado u otro del Río Grande. Los líderes de El Paso dicen sentir gran simpatía por los inmigrantes que viven en Estados Unidos, tanto de manera legal como ilegal, y aun así la ciudad juega un importante papel en el cumplimiento de las leyes de inmigración.
Los Marshals de Estados Unidos típicamente utilizan el espacio de la cárcel de El Paso para retener a reos que esperan comparecer ante la Corte Federal en El Paso, la mayoría de éstos, originarios de la región circundante, como parte de un acuerdo de muchos años con el Condado. Funcionarios locales de alto rango y algunos defensores dicen que la detención de inmigrantes en El Paso es más humanitaria que intentar salirse del contrato. Argumentan que aquellos que son retenidos en la localidad tienen un mejor acceso a abogados y a un contacto con sus familiares, en lugar de que sean enviados a cárceles en condados distantes o centros de detención privados. Dos centros de detención que podrían aceptar a reos en lugar de El Paso se encuentran a más de 80 millas (128 kilómetros) de distancia, haciendo que sean casi inaccesibles para las familias que no cuentan con un auto o con un conductor con licencia.
“Estamos luchando por ponerle fin a las detenciones de inmigrantes, pero esta propuesta no nos permite lograr eso”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, el grupo de El Paso no lucrativo que organizó el evento de “Abrazos en Lugar de Muros”.
“Si cancelan el contrato, ¿qué es lo que va a pasar con esos inmigrantes en el Condado de El Paso?” dijo García. “Los van a llevar a otra parte”.
El Paso también está entre las ciudades y grupos a favor de los derechos civiles que están demandando al Estado en torno a su nueva ley en contra de las llamadas ‘ciudades santuario’. La ley exige que los oficiales de la Policía indaguen sobre el estatus migratorio de las personas durante las detenciones de rutina. Jefes de la Policía y sheriffs que no cooperen con las peticiones federales para retener a delincuentes sospechosos sin estatus legal, para una posible deportación, podrían ser acusados de delito.
Jueces federales en San Antonio y Austin escucharon los argumentos en el caso en junio. Aquellos que están demandando al Estado buscan frenar la ley antes de que entre en vigor en septiembre. El Estado está respaldado por la administración de Trump, la cual envió a un abogado para argumentar y dar apoyo a la ley en una audiencia.
La ley fue especialmente poco popular en El Paso, ciudad ubicada a casi 600 millas (965 kilómetros) al Oeste de Austin, la capital del estado. La población de El Paso se conforma de más de un 80 por ciento de hispanos. Pero de las ciudades y condados que están demandando a Texas, El Paso acepta a la mayoría de los reos federales en apego al contrato de su Cárcel del Condado –típicamente recibiendo alrededor de 700 personas en un día.
Eso ocupa un tercio del espacio disponible de la Cárcel del Condado de El Paso y mantiene activos cientos de empleos en la Oficina del Sheriff. De acuerdo con cifras proporcionadas por Pérez, el contrato generó 21 millones de dólares en ingresos durante el año fiscal anterior. Y está programado para ser renovado por otros tres años adicionales en el 2018.
En base a su estudio de los casos de los reos, Pérez estima que alrededor del 90 por ciento fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y por ICE. Alrededor del 70 por ciento están acusados de delitos relacionados a su reingreso a Estados Unidos de manera ilegal tras una deportación anterior u otras ofensas similares relacionadas con inmigración, dijo, haciendo la distinción de alguien que enfrenta una orden de deportación.
Pero hasta el momento, Pérez se encuentra solo en la comisión del Condado. Su moción en la reunión del 12 de junio de la Corte de los Comisionados para cancelar el contrato no recibió el apoyo necesario de un segundo comisionado y no fue puesta a votación.
Richard Wiles, uno de los funcionarios nombrados en la demanda contra el Estado, dijo que adicionalmente a mantener a los reos cerca de los defensores y sus familias, el contrato también mantiene activos los empleos en la Oficina del Sheriff que de otra manera se irían a las compañías privadas “donde lo que importa es sacar una ganancia”.
“Nosotros estamos facilitando a que se realice el proceso penal de la mejor manera posible, esto bajo las circunstancias en las que estamos”, dijo Wiles.
Wiles argumentó que el contrato con los Marshals es un asunto aparte que no tiene nada que ver con la ley anti-santuario de Texas, la cual, según dijo, impone una injusta responsabilidad a su oficina y les da a los agentes del Sheriff la autoridad que debería pertenecer a los agentes federales de inmigración.
“Aunque no voy a obstruir el trabajo de los agentes federales, tampoco quiero hacer el trabajo de ellos”, dijo Wiles.
La juez del Condado de El Paso, Verónica Escobar, la funcionaria administrativa de más alto rango, asistió a un evento anterior de “Abrazos en Lugar de Muros” y continúa estudiando el contrato de la cárcel.