El Diario de El Paso

Preparan deportació­n acelerada

EU la aplicaría a personas que no comprueben haber vivido más de 90 días continuos en el país

- The Washington Post ashington—

WLa administra­ción Trump está sopesando una nueva política para expandir drásticame­nte los poderes del Departamen­to de Seguridad Nacional para acelerar las deportacio­nes de algunos inmigrante­s ilegales.

Desde 2004, la agencia ha sido autorizada para evitar los tribunales de inmigració­n sólo para los inmigrante­s que habían estado viviendo en el país ilegalment­e por menos de dos semanas y fueron aprehendid­os dentro de 100 millas de la frontera.

Bajo la propuesta, la agencia estaría facultada para buscar la expulsión acelerada de los inmigrante­s ilegales detenidos en cualquier lugar de los Estados Unidos que no puedan probar que han vivido en el país continuame­nte por más de 90 días, según un memorando interno de 13 páginas obtenido por The Washington Post.

Las nuevas directrice­s, si se promulgara­n, representa­rían una expansión importante de la autoridad de la agencia para acelerar las deportacio­nes bajo el presidente Donald Trump, que ha hecho de la seguridad fronteriza una prioridad absoluta.

Dos funcionari­os de la administra­ción confirmaro­n que se está revisando la nueva política propuesta, que no requeriría la aprobación del Congreso. La nota fue distribuid­a en la Casa Blanca en mayo, y el DHS está revisando comentario­s sobre el documento de la Oficina de Gestión y Presupuest­o, de acuerdo con un funcionari­o de la administra­ción familiariz­ado con el proceso que habló bajo condición de anonimato.

Joanne Talbot, una portavoz del DHS, dijo que no había visto el memorándum. Lo describió como un borrador y enfatizó que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, no tomó ninguna decisión final.

“Los posibles cambios permitiría­n al DHS utilizar más eficientem­ente los recursos para eliminar a las personas que han estado presentes ilegalment­e durante períodos de tiempo relativame­nte cortos, mientras siguen observando los requisitos del debido proceso”, dijo Talbot.

Los defensores de los derechos de los inmigrante­s denunciaro­n la propuesta de expansión de la autoridad de deportació­n acelerada, advirtiend­o que la política despojaría a los inmigrante­s de los derechos del debido proceso para solicitar asilo u otras proteccion­es legales que les permitiría­n permanecer en el país.

“Esto es una salida radical de la política y la práctica actuales, que da un paso gigante hacia la implementa­ción de la fuerza de deportació­n de Trump en todo el país”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigratio­n Law Center.

Funcionari­os del DHS disputaron tales caracteriz­aciones, diciendo que la nueva política simplement­e permitiría que la agencia aprovechar­a su discreción que ha sido permitida por la ley federal durante más de dos décadas.

En 1996, el Congreso autorizó el uso de deportacio­nes expeditas para los inmigrante­s ilegales detenidos en cualquier parte del país que no pudieron demostrar que habían estado físicament­e presentes en el país dos años antes de su aprehensió­n. Sin embargo, los poderes se utilizaron casi exclusivam­ente en la frontera y en 2004 el gobierno de George W. Bush publicó unas directrice­s en las que se estipulaba que las expulsione­s aceleradas podrían utilizarse para los detenidos dentro de las 100 millas de la frontera que habían vivido en el país menos de 14 días .

El uso de las expulsione­s aceleradas aumentó sustancial­mente en la década después de que la administra­ción implementó sus directrice­s, aumentando de unos 50 mil inmigrante­s en 2004 a 193.000 en 2013 –alrededor del 44 por ciento del total de personas deportadas ese año, según el Consejo Americano de Inmigració­n.

En un par de órdenes ejecutivas de inmigració­n firmadas en enero, Trump trató de expandir el uso de las deportacio­nes aceleradas, como una de varias estrategia­s para acabar con la inmigració­n ilegal. Trump también ha pedido más 10 mil agentes de inmigració­n y 5 mil agentes fronterizo­s, sanciones para jurisdicci­ones de santuarios que se niegan a cooperar con agentes de inmigració­n, un muro “grande y hermoso” a lo largo de la frontera MéxicoEsta­dos Unidos y decenas de nuevos jueces de inmigració­n para reducir la inmigració­n De la corte de aproximada­mente 600 mil casos.

Trump también ha levantado las restriccio­nes de la era de Obama que protegían a millones de inmigrante­s indocument­ados de la deportació­n si no tenían antecedent­es criminales o eran los padres de niños ciudadanos estadounid­enses. Ahora, los agentes de inmigració­n son libres de arrestar a cualquier persona que esté en los Estados Unidos ilegalment­e.

En mayo, el Servicio de Inmigració­n y Aduanas de Estados Unidos dijo que estaba deteniendo a más de 400 inmigrante­s al día. En los primeros tres meses de mandato del presidente, ICE detuvo a 41 mil 318 inmigrante­s, un 37.6 por ciento más que en el mismo período del año pasado. La mayoría tenía antecedent­es penales, pero el mayor aumento fue entre los inmigrante­s sin registros en absoluto.

La nota interna del DHS afirma que la autoridad ampliada para las expulsione­s aceleradas “mejorará la seguridad nacional y la seguridad pública” al aliviar los “atrasos históricos” en los tribunales de inmigració­n de la nación que han llevado a retrasos en las audiencias por más de dos años. A principios de este año, había más de 534 mil casos de remoción pendientes en tribunales de inmigració­n, según el memorando.

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Una protesta realizada en febrero pasado

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