Iniciativa de ley revive esperanza de dreamers
Senadores de ambos partidos proponen camino para la ciudadanía
Los “soñadores” paseños recibieron con esperanza, pero a la vez con cautela, la presentación ayer de un proyecto de ley en el Congreso para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
El Dream Act 2017, patrocinado por los senadores Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, y Dick Durbin, demócrata de Illinois, permitiría a ciertos indocumentados obtener la residencia legal permanente si cumplen ciertos requisitos, y posteriormente ser elegibles para la ciudadanía estadounidense.
Según organizaciones defensoras de inmigrantes, la ley tiene el potencial de beneficiar a más de un millón de jóvenes inmigrantes, la mayoría ya acogidos a la Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA) que promulgó el presidente Obama en el 2012.
“El Dream Act del 2017 nos encamina en la dirección correcta”, afirmó Greisa Martínez Rosas, directora de abogacía de la organización United We Dream.
El director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, señaló que esta propuesta de ley representaba estabilidad tanto en la comunidad inmigrante como entre los ciudadanos americanos.
“Este es el tipo de solución legislativa que necesitamos por parte de los dos partidos políticos”, compartió Noorani en un comunicado de prensa. “Sería una certeza no sólo para los jóvenes inmigrantes, sino también para los estadounidenses que los conocen como colegas, vecinos y amigos”.
La “dreamer” paseña Claudia Yoli afirma que la propuesta de ley del Dream Act es una esperanza para la comunidad pero, aun así, se debe proteger a toda la comunidad inmigrante y no solamente a los “soñadores”.
“Es una propuesta de ley que sí da mucha esperanza para los inmigrantes como yo que somos conocidos como dreamers”, dijo Yoli, quien es originaria de Venezuela. “Es una buena propuesta de ley pero tenemos que luchar por una reforma migratoria que proteja a todos los inmigrantes de la deportación”.
Yoli se dijo consciente de que las posibilidades de aprobación del nuevo Dream Act son inciertas.
“El hecho es que el Gobierno está controlado por republicanos que ya han insinuado que no apoyarán esta propuesta de ley sin la implementación de policías antimigratorias”, agregó Yoli.
Los requisitos
La implementación del Dream Act podría, además de otorgarles un estatus legal en el país, conceder la ciudadanía a los “soñadores” que cuenten o califiquen con ciertos requisitos.
Entre éstos se incluyen el haberse graduado de la preparatoria o haber obtenido un GED, cursar sus estudios de educación superior, haber trabajado de manera legal durante tres años o haber servido en el Ejército.
También, en caso de que la propuesta se apruebe, los interesados tendrían que pasar una revisión de antecedentes penales, así como demostrar la habilidad de hablar inglés y saber sobre la historia de los Estados Unidos.
Surge la esperanza
“Estoy muy emocionada por la propuesta de ley, por lo que he visto y escuchado parece que me permitiría conseguir un camino a la ciudadanía y proveería garantías para que mi familia se pueda mantener unida”, mencionó la inmigrante y madre de cuatro en Oklahoma, Angélica Villalobos.
Pero no todo pinta color de rosa ya que varios miembros de la comunidad inmigrante y “soñadores” o “dreamers” buscan mantener activos los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y de Estatus de Protección Temporal (TPS), programas que en la actualidad respaldan a miles de miembros de la comunidad.
“Es muy claro, mantengan el programa DACA porque funciona”, dijo Rosas. “No tiene ningún sentido echar a 800 mil personas jóvenes con DACA y a más de 300 mil personas protegidas por el programa TPS, si los extremistas de la administración logran su cometido estarían creando más de 1 millón de nuevos indocumentados”.
“El Dream Act es interesante pero un derecho legislativo no es sustituto para el permiso de trabajo y la protección que tengo en mis manos el día de hoy”, dijo Villalobos, quien también es beneficiaria del programa DACA.
Para Frank Sharry, director ejecutivo de la organización America’s Voice, la situación crítica que pudiera causar la eliminación de los programas DACA y TPS representaría un “enorme radicalismo de esta administración”.
“La gente con DACA y TPS ha sido capaz de obtener oportunidades económicas, la gente está trabajando duro, yendo a la universidad, pagando impuestos, proveyendo a sus familias, es una enorme contribución”, comentó Sharry.
Todavía hay temores
Yoli trabaja en las oficinas del senador José Rodríguez y afirma que la primera vez que dio a conocer su historia como “soñadora” fue un día después de que Donald Trump fue electo como presidente ya que ella se encontraba con un gran miedo de ser deportada a su país de origen.
Sí estuve muy asustada, de hecho la primera vez que yo compartí mi historia con la comunidad, al frente de las cámaras, fue al día siguiente, el 9 de noviembre, porque sé que en ese momento fue más importante que nunca el estar abogando por la seguridad de todos los inmigrantes”, finalizó.
El Instituto de Políticas Migratorias estableció que alrededor de 1.5 millones de personas se benefician con la aprobación del nuevo Dream Act.