Secretario Kelly, ¿cuándo hablará por los ‘dreamers’?

Washington— Aquí hay una pregunta para el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que parece verse como un espectador en el enfrentamiento inminente sobre el destino de casi 800 mil jóvenes indocumentados criados y educados en los Estados Unidos, que pueden enfrentar la deportación si el Congreso no actúa. Acaso Kelly ¿no tiene voz? El secretario, un antiguo general del Cuerpo de Marines endurecido por la batalla, ha asumido una postura de impotencia virtual mientras que derechistas anti-inmigrantes en Texas y en otros lugares amenazan la acción legal que dejaría a los “soñadores” vulnerables a la deportación. Lo harían a pesar de que los jóvenes –principalmente adolescentes y veinteañeros que han vivido por lo menos una década en Estados Unidos– fueron traídos aquí ilegalmente como niños, sin que fuera culpa suya.

En febrero, Kelly se dirigió a los legisladores y les dijo: “Sólo les rogaría... que cambien la ley” para que no se rescindieran las protecciones contra la deportación de los jóvenes indocumentados, concedidas hace cinco años por el presidente Barack Obama. Desde entonces, sin embargo, ha sonado cada vez más pasivo, lo que sugiere que hay poco que puede hacer para protegerlos.

De hecho, sí lo hay. La legislación que codificaría las protecciones otorgadas a los “soñadores” por Obama se ha introducido en el Senado y la Cámara de Representantes, con el patrocinio bipartidista. La legislación se conoce como la Ley de Puente (Bridge Act) –el acrónimo en inglés significa la eliminación de la barra de individuos que sueñan y crecen nuestra economía– y mientras que Kelly se ha informado sobre él, él no lo ha apoyado.

Por qué no? Loablemente, el secretario parece tener poco apetito por desplegar agentes de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para capturar a cientos de miles de jóvenes, la mayoría de los cuales están en la escuela o empleados y no tienen memoria personal de ningún país excepto Estados Unidos. Los abogados le han dicho que la orden ejecutiva de Obama, que otorga a los “dreamers” exenciones temporales y renovables de dos años para evitar deportación, junto con los permisos de trabajo, tal vez no pueda resistir el desafío legal que ha sido entablado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y funcionarios de otros diez estados.

Sin embargo, no ha hecho una llamada explícita al Congreso para promulgar la Ley de Puente, que, al igual que la orden ejecutiva de 2012 de Obama, protegería a los soñadores de la amenaza de deportación, en este caso durante tres años, sacando "esa cuestión en particular" de los reflectores, como sugirió Kelly a los legisladores en febrero.

En cuanto al presidente Donald Trump, ha titubeado sobre el tema, habiendo como candidato llamado a rescindir la orden de Obama, y en enero sugiriendo que los soñadores “deberían estar mucho menos preocupados”, y más recientemente dijo que el asunto “siempre duro”. También él debe dejar claro que el Congreso haría un favor al país si deja que estos jóvenes continúen contribuyendo a la economía y el bienestar de la nación.

Algunos funcionarios dicen que la administración se entregará al Fiscal General Jeff Sessions, quien favorece la línea dura en deportaciones. Pero el departamento de Kelly supervisa las deportaciones y tendría que lidiar con el trastorno que sería desatado en las familias y comunidades por una deportación masiva de jóvenes, la mayoría de los cuales son estadounidenses en todos los sentidos, excepto su nacimiento. Su palabra tendría peso.