¿Llevará una condena a deportación de por vida?
Nueva York – El caso de conducir ebrio parecía directo, del tipo que los fiscales de Seattle convierten en una rápida declaración de culpabilidad cientos de veces al año: un automóvil que se desvía, un nivel de alcohol en la sangre más del doble del límite legal, una ofensa por primera vez que no causó lesiones.
La única complicación fue la conductora, una inmigrante indocumentada de 23 años que estudiaba en la Universidad de Washington. A través de un programa federal para las personas que habían entrado ilegalmente en el país como niños, había ganado cierta seguridad de que no sería deportada. Pero si se declaraba culpable de conducir intoxicada, el castigo podría ser agravado por una pena más permanente. Podría perder su estatus de protegida; podría ser deportada.
Lo cual, para el fiscal, presentaba una dificultad: ¿Era esto lo que debía ser la justicia?
Ahora que la línea dura del presidente Donald Trump ha hecho de la deportación una amenaza más aguda, un número creciente de abogados de distrito están concluyendo que los fiscales deben considerar las repercusiones para los inmigrantes antes de cerrar un acuerdo negociado con la Corte. Al mismo tiempo, las ciudades y los estados están reformando la forma en que el sistema de justicia penal trata a los inmigrantes, con la esperanza de evadir las trampas involuntarias.
Estos cambios pueden abrir otro conflicto entre las autoridades locales y federal con la administración Trump, que está lidiando con muchas ciudades liberales sobre otras protecciones para los inmigrantes.
Para los fiscales, esas políticas también están estirando, si no rompiendo, los límites de su profesión. Se supone que la justicia es ciega a la identidad de un acusado. Pero, algunos dicen que las apuestas podrían justificar un vistazo.
Dan Satterberg, el fiscal de Seattle que es republicano desde hace mucho tiempo, instituyó una política sobre las consecuencias de la inmigración el año pasado y la fortaleció después de las elecciones presidenciales. “Hay ciertamente una línea de argumento que dice: ‘No, no vamos a considerar todas sus circunstancias individuales, queremos tratar a todos iguales’”, dijo. “Pero cada vez más, mis ojos están abiertos que tratar a la gente lo mismo significa que no haya una sentencia de cadena perpetua de deportación que podría acompañar a esa convicción”.
Con esto en mente, su oficina permitió que la estudiante se declarara culpable de conducir imprudentemente en lugar de conducir bajo la influencia. El acuerdo, que incluyó tres días de servicio comunitario y dos años de libertad condicional –más leves que la pena estándar de conducción bajo la influencia de 24 horas en la cárcel, unos días de servicio comunitario y cinco años de libertad condicional– no puso en peligro su estatus migratorio protegido.
Pero muchos fiscales siguen siendo cautelosos, vacilantes en entrometerse en lo que consideran como asuntos del gobierno federal y aún más reacios a apartarse de lo que dicen es un principio básico del sistema.
“Probablemente hay cientos o miles de problemas que supongo que podríamos tener en cuenta”, dijo Brian McIntyre, fiscal del condado de Cochise, Arizona, “y cuando lo hacemos, terminamos necesariamente por no ser tan justos con otra persona”.
Los fiscales en el Condado de Cochise no deben considerar los efectos colaterales de una condena, ya sea en un caso de custodia de menores o en una carrera militar.
McIntyre dijo que si hacía ajustes para un inmigrante, sentía que también le debía a un ciudadano en circunstancias similares la misma opción, “porque no está siendo, esencialmente, impactado negativamente por su ciudadanía de los EU”.
Un expediente criminal a menudo tiene diferentes apuestas para un inmigrante que para un ciudadano. Puede significar perder una ‘greencard’ o la ciudadanía. Aquellos que carecen de estatus legal pueden perder cualquier oportunidad de ganarla. Aquellos con estatus legal, así como aquellos sin él, pueden enfrentar la deportación automática.
En muchos casos, los cambios en las ciudades y estados coinciden con reformas más amplias de justicia penal que estaban en marcha antes de que Trump asumiera el cargo.
Pero para la administración, las políticas que ayudan a los inmigrantes a inmiscuirse en penas de inmigración equivalen a un ataque al estado de derecho.
“Me preocupa que hayamos visto abogados de los distritos abiertamente alardeando de no fincar cargos adecuadamente bajo las leyes de nuestro país”, dijo el fiscal general Jeff Sessions en abril.
Los esfuerzos locales para ayudar a los inmigrantes no siempre funcionan. La administración Trump ha dejado claro que cualquiera que no tenga estatus legal puede ser deportado, sin importar si han sido condenados por un delito.
Pero la reducción de las penas criminales puede ayudar a los inmigrantes al mantenerlos fuera de la cárcel, lo que puede hacer más difícil que la Oficina de Inmigración y Aduanas los encuentre, preservando sus opciones en la corte de inmigración.
En mayo, Denver redujo la sentencia máxima de prisión de 365 días para algunos delitos de menor nivel, como robar en tiendas. Una condena con una sentencia potencial de un año o más –incluso si la condena real es mucho más corta– puede descalificar a los no ciudadanos de la mayoría de las formas de ajustar su estatus legal o los convierte en sujetos a deportación.
“Si usted cometió un ataque físico contra alguien o fue atrapado orinando en el parque, estuvo sujeto a las mismas penas máximas, lo que no tiene sentido”, dijo el alcalde, Michael B. Hancock, en una entrevista.
El cambio en Denver emula las modificaciones a las leyes estatales en California y el estado de Washington que limitan las penas de delito menor en 364 días. Ese techo se aplica retroactivamente en California, un beneficio importante para las personas detenidas por las autoridades de inmigración debido a convicciones anteriores.
Los abogados de inmigración dicen que frecuentemente ven inmigrantes despojados de ‘greencards’ o visas por condenas por crímenes de bajo nivel, exponiéndolos a deportación.
“No sólo usted cumple su condena y paga su multa en una corte criminal”, dijo Jeannette Zanipatin, una abogada en el Fondo Mexicanoamericano de Defensa Legal y Educación, “pero usted es literalmente separado de su familia”.
En Boston, un sospechoso en el doble asesinato de dos médicos en mayo, un residente legal de Guinea-Bissau, había podido mantener su ‘greencard’ a pesar de robar dos bancos en los últimos años. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad que le permitió alegar robo en lugar de robo de banco sin armas. La sentencia que recibió de un juez fue un día menos que los 365 que podría haber llevado a su deportación.
Pero el contragolpe ha sido infrecuente, y los fiscales han seguido tomando en cuenta el estatus de los inmigrantes.
Luke Larson, el fiscal adjunto en el caso de la estudiante del estado de Washington acusado de conducir ebria, dijo que varios factores favorecieron una acusación más leve, incluyendo su expediente académico fuerte y la carencia de un historial criminal.
Lo más inquietante para el fiscal era que la acusada no había vuelto a su país de origen desde que era una niña. Ella consiguió el acuerdo.
“Es más fácil decir ‘no quiero saber sobre las posibles consecuencias de la inmigración, y no me importa’”, dijo su jefe, Satterberg. “Es más difícil cuando quieres saberlo. Entonces requiere que usted sepa más y sea más creativo, y tomar más de un riesgo con el caso”.