La hipocresía del debate sobre las ciudades santuario
California se prepara para ir a la guerra con la administración Trump sobre una fantasía total que ha sobrevivido todo este tiempo sólo porque ambos partidos políticos tienen interés en mantenerla viva.
Tanto los demócratas como los republicanos insisten en que California ofrece un “santuario” para los inmigrantes ilegales al crear espacios seguros que de alguna manera están fuera del alcance de los agentes federales de inmigración. Los políticos también promueven la idea de que los departamentos de policía y sheriff a menudo rehúsan a esos agentes el acceso a las cárceles locales y no alertar a los funcionarios de inmigración cuando un presunto inmigrante indocumentado es liberado.
Esto es un guiso de mentiras y medias verdades. Posturas políticas a un lado, no hay ciudad, pueblo o condado en Estados Unidos donde la ley federal de inmigración no se puede aplicar y donde los agentes no pueden hacer cumplir esos estatutos.
Aparte del estado de Texas –que recientemente aprobó una ley para forzar la cooperación local-federal– los funcionarios locales y estatales no tienen la obligación de ayudar a sus hermanos federales a hacer su trabajo, especialmente si destruye la confianza de la comunidad que es necesaria para hacer el propio.
Además, si los funcionarios de inmigración realmente quieren a alguien que está en una cárcel local, pueden pedir una orden judicial. Si a menudo no se toman la molestia, es porque el detenido no les interesa tanto.
Sin embargo, la mentira de las “ciudades santuario” continúa propagándose porque ayuda a sostener las narrativas políticas. Los liberales pueden “desafiar” a la administración Trump mientras engañan a los latinos y otros defensores de los inmigrantes para que piensen que están de su lado. Y los conservadores pueden apuntar a estos “santuarios” como prueba de lo indulgente que es la izquierda hacia los infractores y la prueba de que sólo se puede confiar en ellos para mantener al país seguro.
En California, los legisladores demócratas están a punto de duplicar su engaño al aprobar una ley que declararía a todo el estado un santuario. La Ley 54 del Senado prohibiría específicamente la cooperación con los funcionarios federales de inmigración. También impediría que las agencias estatales y locales de aplicación de la ley utilicen sus recursos para ayudar a los agentes federales a detectar, detener y deportar a los indocumentados.
El Departamento de Justicia tiene un problema con este flagrante acto de rebeldía, por lo que amenaza con retener hasta 18 millones de dólares en fondos federales que de otra forma estarían en camino hacia el estado más poblado de la nación.
Es una extraña carta que el gobierno federal elige poner sobre la mesa. El fiscal general Jeff Sessions ya se ha mostrado inconsistente en el tema del control local; hablando sobre la autonomía de los departamentos de policía locales al liberarlos de la supervisión federal de los derechos civiles, pero pisoteando esa autonomía al condenar a las “ciudades santuario”. Ahora Sessions cree que cualquier lugar que ofrezca refugio a los inmigrantes indocumentados pone a la sociedad en riesgo, pero no puede ver cómo negar a los policías fondos del gobierno para comprar chalecos antibalas y otros equipos de seguridad tendría el mismo efecto.
El procurador general de California, Xavier Becerra, quien trabajó en el Congreso por más de 20 años y que sin duda querría ser gobernador o senador federal, anunció que si Sessions extrae el financiamiento, California demandará al gobierno federal.
Todo este ejercicio podría no llevarnos a ningún lado. Durante una entrevista en “Meet The Press” de NBC, el gobernador demócrata Jerry Brown señaló que podría no firmar la ley del santuario, si esta se aprueba, debido a las preocupaciones sobre el lenguaje de la legislación.