El Congreso debe proteger a los dreamers
Estados Unidos simboliza la promesa de que si trabajas duro y juegas según las reglas, entonces tendrás una buena oportunidad de hacer una vida mejor.
Ese es el sueño americano. No hay razón para que esta oportunidad no se extienda a los jóvenes inmigrantes traídos aquí como niños que no conocen otro hogar. La decisión del presidente Trump de rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue cruel, arraigada en el miedo y algo que debilitará nuestra economía.
Desde 2001, el Congreso ha luchado con la manera de legalizar a los inmigrantes traídos aquí de otras naciones como niños pequeños sin permiso legal. Incluso los estadounidenses más antiinmigración reconocen que los “dreamers” no han hecho nada malo y que no conocen más patria que Estados Unidos.
La abrumadora mayoría de nosotros piensa que es malo deportarlos. El Congreso se acercó a aprobar una solución en 2010, y nuevamente en 2013, con una reforma migratoria integral que habría aumentado la seguridad fronteriza, ayudar a complementar a nuestra fuerza laboral donde había escasez y crear un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.
El proyecto de ley aprobó el Senado con un 68 por ciento, voto bipartidista. Yo y otros en la Cámara de Representantes estábamos deseosos de votar sí, pero nunca tuvimos la oportunidad; el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano de Ohio, bloqueó el proyecto de ley antes de que hubiera una votación.
Frente a este fracaso legislativo, el presidente Barack Obama hizo lo único que pudo para ayudar a los soñadores. Creó DACA por orden ejecutiva. Los beneficiarios de DACA, los “dreamers”, deberían estar en la escuela, tener un diploma de preparatoria o buscar uno, o cumplido su servicio militar. También necesitaban un registro criminal limpio, y pagar 500 dólares.
Antes de DACA, los “dreamers” no tenían recurso para trabajar legalmente.
Los “dreamers” son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Trabajan hacia su propio sueño americano. Muchos soñadores están por recibir un título universitario, a pesar de que no califican para la ayuda financiera federal. Los beneficiarios de DACA pagan impuestos, incluso hacia beneficios por los cuales ellos mismos no son elegibles.
Los “dreamers” están impulsando nuestra economía. Muchos trabajan en nuestras empresas o inician sus propios negocios. Otros son maestros y trabajadores del cuidado de la salud en el hogar.
Los “dreamers” tienen pacientes, clientes, estudiantes y empleadores que cuentan con ellos. Expulsarlos sería una tragedia nacional.
El camino a seguir es, claramente, aprobar el nuevo proyecto de ley Dream Act, el cual yo copatrocino. Proporcionaría a los “dreamers” protecciones inmediatas de la deportación, les permitiría solicitar residencia legal permanente si van a la universidad, trabajan por tres años o sirven en el ejército. Años después, serían elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense.
El nuevo Dream Act cuenta con el apoyo de los republicanos y demócratas en ambas cámaras del Congreso, y de grupos de todo el espectro político. Está respaldado por la cámaras de comercio de San Diego y cientos de grupos civiles y de derechos humanos que firmaron una carta pidiendo su aprobación.
Eso es bueno. Porque tomará un liderazgo bipartidista y el apoyo público y empresarial para despertar a un Congreso inerte y un presidente equivocado. Hay una obsesión en Washington por la negociación: ¿Qué obtengo por votar por eso? Te diré lo que obtienes si apruebas el nuevo Dream Act: más de un millón de jóvenes decididos y trabajadores que seguirán haciendo que este país sea más fuerte y más próspero.
Es hora de que el Congreso apruebe el Dream Act y lo envíe al escritorio de Trump, para que lo firme.