Adultos mayores temen desalojos
Denuncian tácticas agresivas de cobro de renta; ‘sólo aplicamos la ley’, dice agencia
A sus 75 años, Francisco Pérez ha sufrido estragos, tanto físicos como económicos. Actualmente reside en un complejo de apartamentos de la Autoridad de Vivienda de El Paso (HACEP) y debido a pagos de renta tardíos, ahora está en riesgo de que su contrato sea terminado.
El costo de la renta de Pérez dentro del complejo Sun Plaza, 1221 E. San Antonio St., es de 210 dólares al mes, cifra que ejerce un peso considerable sobre la comunidad de la tercera edad que principalmente habita ahí, y que cuenta con fondos limitados.
De acuerdo al reglamento de pago de renta de HACEP, si el pago de uno de los residentes se realiza tarde más de tres veces dentro de un período de 12 meses, la recomendación de terminación del arrendamiento entra en efecto. Además de estar sujeto a una multa de un pago adicional de 10 dólares.
“Aquí todos son gente mayor de edad que padecen enfermedades. Mi queja es que ésta es una entidad de Gobierno, el deber de ellos es que tengan un cónsul que dialogue con aquellos que no han pagado la renta para ver su estado, pero lo que hacen es colocar un papel sobre la puerta y a mí se hace que es incorrecta su forma de tratar a la gente”, expresó Pérez, quien padece de cáncer y no tiene seguro médico.
Habiendo vivido ya tres años en su departamento, Pérez comentó que las cartas que se colocan sobre las puertas cuando la renta está atrasada sólo sirven para asustar y preocupar a los residentes mayores.
El tono de esta advertencia es lo que pelea Pérez, ya que él opina que afecta de manera negativa a los residentes, causando un nivel de ansiedad que a su edad es peligroso.
El comunicado que se coloca sobre su puerta dice: “Estimado inquilino… Favor de pagar el saldo de su cuenta inmediatamente para evitar que la Autoridad de Vivienda de El Paso, Texas recomiende terminar su contrato”.
En su lugar, Pérez busca que se implemente un intermediario para que reconozca las necesidades de aquellos residentes que se encuentran imposibilitados u obstruidos para realizar el pago a tiempo o en su totalidad.
Por su parte, representantes de HACEP notan que se sigue la política de terminación de arrendamiento impuesto por reglamentos federales.
“La vivienda pública es un programa de asistencia federal y legalmente tenemos que seguir estos reglamentos; cuando un residente no paga a tiempo de manera repetida están en violación de su contrato, por lo que se recomienda la terminación de este contrato”, explicó Javier Camacho, vocero de HACEP.
De acuerdo al reglamento, existen dos razones principales por las que se terminaría un contrato de arrendamiento: uno sería por razones de actividad criminal y el segundo por violaciones consistentes al contrato, lo que incluye el fallo repetido del pago de la renta a tiempo.
No obstante, Camacho indicó que HACEP no está en contra de la idea de observar detalladamente el lenguaje de la carta de advertencia que reciben los inquilinos, incluso hasta proponer mejoras como añadir una lista adjunta de opciones con las que éstos cuentan, como lo son la solicitud de una prórroga, la opción de pago en plazos y una opción conocida como ‘hardship’ (complicación) donde se evalúa el caso individual de pago del aplicante debido a algún imprevisto en su vida que afecte su habilidad de pagar.
Añadiendo que estas opciones son presentadas a los residentes desde el primer día que firman su contrato y es información que los administradores de los departamentos pueden reiterar a los residentes.
“HACEP no está para desalojar a la gente, estamos aquí para proporcionarles vivienda y la asistencia que necesiten”, concluyó Camacho.
Vistos con la necesidad
Dentro de las preocupaciones de Pérez, afirma que la única sugerencia que han recibido los residentes para obtener fondos para pagar la renta es a través de una asistencia de la Iglesia Sagrado Corazón, que se encuentra más de una milla del complejo de apartamentos.
El padre Mike Chesney, de la Iglesia Sagrado Corazón, confirmó que residentes de Vivienda Pública son referidos a sus servicios, pero no es la iglesia misma la que cuenta con los recursos para brindar un apoyo, sino la rama local de la Sociedad de San Vicente de Paul. (Luis Pablo Hernández/El Diario de El Paso)