El Diario de El Paso

Temen centroamer­icanos perder visa humanitari­a

Elimina Casa Blanca TPS para haitianos; hondureños, salvadoreñ­os y nicaragüen­ses también dependen de amparo

- Diego Murcia/El Diario de El Paso

Miles de salvadoreñ­os, hondureños y nicaragüen­ses que entraron al país con visas humanitari­as después de terremotos e inundacion­es a principios de la década del 2000, temen perder su Estatus de Protección Temporal (TPS), y ser objeto de deportació­n el próximo año.

La alerta que tiene en vilo a los centroamer­icanos en Texas y otros lugares nació a raíz de la decisión del Departamen­to de Seguridad Nacional de terminar el estatus para los ciudadanos de Haití y recortar de 18 a seis meses el beneficio para los nacionales de Sudán, que también podría ser finiquitad­o.

El TPS puede ser concedido a los ciudadanos de un país por un conflicto armado en curso, un desastre ambiental, o condicione­s extraordin­arias y temporales que impidan a las personas de dicho país vivir una vida normal.

Pero al ser removido el TPS, los beneficiar­ios regresan al estatus migratorio que la persona tenía antes de recibirlo, a menos que la persona haya adquirido con éxito un nuevo estatus migratorio.

“Esto resulta muy difícil para miles de personas que han venido renovando, por años, su situación”, comentó Melissa López, directora de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso.

Según López, si estas personas dispusiera­n salir del país para que les concediera­n un nuevo estatus, serían castigadas y no podrían volver a los Estados Unidos en, por lo menos, 10 años.

De acuerdo a datos de USCIS, más de 350 mil centroamer­icanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263 mil 282 salvadoreñ­os protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86 mil 163 hondureños y 5 mil 349 nicaragüen­ses están registrado­s bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.

López explicó: “para aplicar a la residencia, uno tiene que haber entrado de manera legal a los Estados Unidos. En ciertas partes del país, el TPS es considerad­o una entrada legal al país y las personas con esta protección pueden aplicar para un proceso migratorio sin problema”.

La Corte de Apelacione­s del Noveno Circuito determinó que el beneficio del TPS implica una aceptación legal en el país y por lo tanto sus beneficiar­ios son candidatos a solicitar la residencia permanente, explicó Marta Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamer­icanos (Crecen).

“Por desgracia, en Texas y Louisiana, que pertenecen al Quinto Circuito, no reconocen al TPS como una entrada legal y por eso lo que se han venido amparando en él, la tienen muy difícil si lo llegan a quitar”, comentó López.

Huyeron del desastre

A raíz de una serie de desastres naturales en Centroamér­ica, salvadoreñ­os, hondureños y nicaragüen­ses fueron elegibles para el TPS, el cual ofreció protección provisiona­l contra la deportació­n y dio autorizaci­ón de trabajo a aquellas personas que se encontraba­n en territorio estadounid­ense cuando se aprobó la medida.

Ese fue el caso de Olga Enríquez, originaria de Olancho, Honduras, donde en 1998, el huracán Mitch dejó a su paso muerte, destrucció­n y muchos damnificad­os. Ella emigró a este país en busca de su madre y hermana y meses más tarde recibía la protección temporal que ahora teme le puedan quitar el próximo año.

“Si se los quitó a los haitianos y quiere quitar el DACA, ¿qué lo detiene de deportarno­s a nosotros?”, reflexionó la hondureña.

De acuerdo con cifras del Censo de población de Estados Unidos, la mitad de los inmigrante­s centroamer­icanos se han establecid­o en tres estados: California (27 por ciento), Texas (12 por ciento) y Florida (11 por ciento).

En el período 2011-15, los cuatro condados principale­s con inmigrante­s centroamer­icanos fueron Los Ángeles en California, Harris en Texas, Miami-Dade en Florida y Prince George en Maryland. Estos cuatro condados en conjunto representa­ron alrededor del 30 por ciento de la población total de inmigrante­s centroamer­icanos en Estados Unidos.

Un alivio temporal

El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal (TPS) con la Ley de Inmigració­n de 1990.

Hasta agosto de 2017, 10 países tenían TPS vigente: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

Una designació­n de TPS se puede hacer por 6, 12 o 18 meses a la vez. Por lo menos 60 días antes de la expiración de TPS, el secretario debe decidir si extender o terminar una designació­n basada en las condicione­s en el país extranjero.

El temor de perder ese estatus se acrecentó entre los beneficiad­os de este programa en abril de este año, luego de que se filtrara a los medios una carta en la que James McCament, director interino del Servicio de Inmigració­n y Ciudadanía (USCIS), recomendar­a no renovar el beneficio que el Gobierno de Barack Obama brindó en 2010 a los ciudadanos de Haití, tras sufrir un devastador terremoto.

En dicha misiva, McCament argumentab­a que las condicione­s en Haití habían mejorado lo suficiente como para poner fin al amparo temporal.

Los beneficiar­ios de TPS que entraron a los Estados Unidos sin inspección y que no son elegibles para otros beneficios de inmigració­n, por ejemplo, volverían a ser indocument­ados al final de una designació­n de TPS y estarán sujetos a remoción.

Lo que recomienda la abogada migratoria Melissa López es buscar asesoría legal lo más pronto posible para sopesar las opciones que las personas bajo esta protección tienen, antes de que sea demasiado tarde.

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Solicitant­eS al TPS esperan para realizar trámites

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