Error, exigir cuotas de trabajo a jueces de inmigración
El Fiscal General Jeff Sessions denunció el estado de los tribunales de inmigración en declaraciones realizadas el 12 de octubre ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, lamentando el “abuso y fraude desenfrenado” en las solicitudes de asilo.
Como parte del esfuerzo de Sessions por una revisión del sistema de inmigración, el departamento planea comenzar a evaluar a los jueces de inmigración sobre la base de cuántos casos resuelvan. Esta propuesta no serviría de mucho para arreglar los tribunales de inmigración rebasados de Estados Unidos, y mucho para minar su integridad.
La administración de Trump insinuó el plan en una lista de deseos de políticas de inmigración, junto con compromisos para construir el muro fronterizo y retener subsidios federales a las llamadas “ciudades santuario”.
Los documentos del gobierno muestran que el Departamento de Justicia “tiene la intención de implementar estándares numéricos de desempeño para evaluar el desempeño de los jueces”. Tal métrica probablemente implicaría evaluar a los jueces según cuántos casos completen o cuán rápido los decidan. Ese es un plan que la Asociación Nacional de Inmigración ha llamado una “sentencia de muerte para la independencia judicial”.
A diferencia de otros jueces federales, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia. El acuerdo de negociación colectiva entre la justicia y la asociación de jueces prohíbe evaluar a los jueces sobre la base de cuotas. Pero la asociación dice que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración está en vías de revisar ese contrato.
El objetivo de la administración es acelerar el trabajo de los jueces de inmigración, que ahora enfrentan una carga de trabajo masiva: el sistema de tribunales de inmigración se ve abrumado por un retraso acumulado de 600 mil casos pendientes, y el caso promedio demora dos años en resolverse. Sin embargo, presionar a los jueces para que resuelvan los casos rápidamente para cumplir con los estándares de desempeño podría poner a los jueces en la posición de elegir entre mantener sus trabajos y los intereses de la equidad. Los jueces terminan apresurándose a través de casos complejos que requieren más tiempo para alcanzar una cuota.
Si la prisa era lo suficientemente extrema, el enérgico manejo de un caso por parte de un juez podría no cumplir con los estándares mínimos para el debido proceso de justicia exigido por la Constitución.
De hecho, la implementación de cuotas podría afectar aún más el sistema judicial. Los inmigrantes mal servidos por los jueces que luchan por cumplir con las cuotas tendrían más probabilidades de luchar contra los fallos de los jueces, saturando los tribunales de apelaciones federales. El mismo exceso se produjo después de que una reestructuración de la corte de apelaciones de inmigración en 2002 redujo la calidad de la evaluación y condujo a casos más disputados.
Junto con su pedido de cuotas, la administración Trump también solicitó que el Congreso destine fondos para 370 jueces de inmigración más, casi el doble del número asignado actualmente. Si bien no está claro si un aumento de ese nivel es realista, pero proporcionar más recursos a los tribunales de inmigración sería un medio mucho más eficaz de hacer frente a la acumulación.
Un proceso más rápido es en interés de todos, pero la solución no es dejar de lado los requisitos de la justicia.