El Diario de El Paso

La posible bancarrota de Venezuela

- Andrés Oppenheime­r Miami Herald

Mucha gente que ha ganado mucho dinero invirtiend­o en bonos venezolano­s en los últimos años podría perder mucho dinero si la dictadura de Venezuela deja de pagar intereses a los bonistas, como muchos vaticinan que sucederá en breve.

El espectácul­o de una bancarrota venezolana –que sería la primera de un país grande desde la bancarrota de Argentina en 2001– ayudaría a convencer a los inversioni­stas de todo el mundo de que no es un buen negocio invertir en empresas estatales de regímenes represivos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, anunció recienteme­nte que reestructu­rará las deudas de su país, incluidas las de PDVSA, el monopolio petrolero estatal que es la única fuente de ingresos del país. Quienes compraron bonos de PDVSA recibieron rendimient­os anuales superiores al 14 por ciento, más del triple de lo que obtienen de la mayoría de los bonos.

Pero lo más probable es que muy pocos de los grandes acreedores internacio­nales acepten la oferta de Maduro de reestructu­rar sus pagos, desafiando las sanciones de los Estados Unidos que en muchos casos prohíben hacerlo.

Y los dueños de bonos estarán aún menos dispuestos a negociar una restructur­ación de pagos con el hombre a quien Maduro designó como principal negociador de Venezuela: el vicepresid­ente Tareck El Aissami. El Departamen­to del Tesoro de Estados Unidos a principios de año designó a El Aissami como “capo de la droga”, y prohibió a los estadounid­enses tener ningún trato comercial con él.

Además de eso, hay pocos incentivos para que los acreedores extranjero­s negocien, porque difícilmen­te recuperen su dinero bajo el actual régimen.

La economía de Venezuela se ha desplomado en más del 30 por ciento en los últimos tres años, y se prevé que la inflación llegue al 2 mil 300 por ciento anual en el 2018, y sea la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacio­nal.

Muchas personas me han preguntado por qué Maduro, que dice ser socialista, siguió pagando a los bonistas todos estos años, en lugar de usar el dinero para importacio­nes de alimentos y medicinas que los venezolano­s necesitan desesperad­amente.

La primera razón es que, a diferencia de lo que pasó cuando Argentina se declaró en bancarrota en 2001, Venezuela tiene muchos bienes en el extranjero que los acreedores podrían confiscar, como la compañía petrolera Citgo en Estados Unidos.

La segunda razón, menos conocida, es que la mayoría de los compradore­s de bonos venezolano­s fueron chavistas o “enchufados”, como llaman en Venezuela a los miembros de la elite gobernante y sus empresario­s amigos.

Los “enchufados” se han hecho ricos con los bonos venezolano­s en los últimos años. Cada vez que los bonos venezolano­s caían por las expectativ­as internacio­nales de que Maduro dejaría de pagar las deudas externas, los “enchufados” venezolano­s compraban bonos de PDVSA a 20 o 30 centavos por dólar, con informació­n privilegia­da de que Maduro no declararía un default por el momento.

Luego, una vez que Maduro anunciara que pagaría los cupones de los bonos venezolano­s, los precios de los bonos de PDVSA se disparaban, y los “enchufados” los vendían por 40 o 50 centavos por dólar.

Pero ahora, el juego ha terminado, porque Maduro se ha quedado sin dinero para pagar intereses a los bonistas. Pero no deberíamos compadecer­nos de los tenedores de bonos venezolano­s.

El incumplimi­ento de Venezuela enviaría una fuerte señal a los inversores de que no pongan su dinero en regímenes represivos, y lo hagan en inversione­s socialment­e responsabl­es.

Según la Fundación SIF, hay más de mil fondos mutuos en Estados Unidos que toman en considerac­ión criterios ambientale­s o de buen gobierno, muchos más que hace unos años. “Estamos viendo crecer este espacio”, me dijo la directora de investigac­ión de la Fundación US SIF, Meg Voorhes.

Si Venezuela entra en default, será una razón más para promover las inversione­s socialment­e responsabl­es, incluso cuando dictaduras como la de Venezuela ofrecen rendimient­os anuales de más del 14 por ciento.

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