La guerra inútil contra las ciudades 'santuario'
En su cruzada contra las llamadas ciudades ‘santuario’, la administración Trump nuevamente ha recibido una abofeteada en los tribunales federales, esta vez, por parte de un juez federal en San Francisco.
El mensaje claro que están enviando tribunales tanto de la Costa Oeste como de Filadelfia, San Antonio y otros lugares no parece inmutar al Departamento de Justicia, que sigue gastando millones de dólares en fondos federales para someter a gobiernos locales que se rehúsan a obligar a sus policías a actuar como agentes de inmigración.
La administración no tiene una justificación legal válida para su insistencia en este rubro y menos razones para amenazar con retener fondos públicos designados por el Congreso si se niegan a obedecer. Al tratar de obligar a tal conducta, la administración ignora a la Policía y los fiscales que advierten sobre un rompimiento entre sus agentes y las comunidades de inmigrantes que les perderán la confianza, lo cual conllevará a una erosión en la seguridad pública.
El lunes, un juez federal en San Francisco bloqueó permanentemente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba denegar fondos a localidades poco cooperativas, pero la administración no da señales de abandonar la lucha.
La semana pasada, el Departamento de Justicia amenazó con retener fondos de subvenciones de tres estados (Illinois, Oregón y Vermont) y el Distrito de Columbia, así como 25 localidades en California, Mississippi, Kentucky, Florida, Nuevo México, Massachusetts y el estado de Washington. Sugirió, sin pruebas, que las políticas del santuario están impulsando el crimen.
Después de que un juez federal en Filadelfia la semana pasada criticara la amenaza de la administración de obtener 1.6 millones de dólares en subvenciones policiales, un vocero del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, emitió un comunicado que intenta vincular el aumento de asesinatos de este año a los inmigrantes.
De hecho, no hay evidencia de que los homicidios en Filadelfia estén relacionados con personas que no son ciudadanas, o que cometan crímenes a un ritmo mayor que los ciudadanos, según el comisionado de Policía de la ciudad.
Vale la pena señalar que los inmigrantes indocumentados son arrestados, procesados y condenados con no menos fervor que los ciudadanos, incluso en las llamadas localidades santuario.
La administración espera intimidar a las localidades para que cooperen más con los agentes de deportación federales amenazando con retener el financiamiento. Esto, a pesar que ninguna ley federal obliga a gobiernos locales a indagar el estado de inmigración de un sospechoso y negarse a detener a los presos más allá de sus términos de cárcel solo porque no están legalmente en el país.
La mayoría de las jurisdicciones buscan equilibrar el intercambio de información y otras formas de cooperación con las autoridades federales con su interés en forjar lazos con las comunidades de inmigrantes. El juez de Filadelfia, al fallar contra la amenaza de la administración de retener fondos, descubrió que la ciudad había hecho justamente eso, sin crear conflicto.
Da la casualidad que las subvenciones que los federales querían retener en ese caso habrían cubierto, entre otros, los medicamentos utilizados para salvar las vidas de las víctimas de sobredosis de opiáceos. ¿Cómo hubiera sido eso en interés público?