Rechazan aquí militarización DE FRONTERA MEXICANA
Defensores de inmigrantes afirman que es una amenaza a los derechos humanos y las libertades ciudadanas
La Ley de Seguridad Interior aprobada recientemente para dar al Ejército Mexicano la autoridad para vigilar todo el país, incluyendo la línea fronteriza, no ha sido bien recibida por activistas locales, ya que consideran abre la puerta a posibles violaciones a los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos mexicanos.
Representantes de las organizaciones Mexicanos en Exilio, Otros Dreams en Acción, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y la Alianza de los Soñadores Fronterizos condenaron la disposición del Gobierno mexicano.
“La Ley de Seguridad Interior sólo amenazará aún más los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos mexicanos al autorizar a los militares a ser la fuerza policial sin supervisión ni transparencia. Además, en lugar de avanzar en la militarización nacional, exigimos una investigación sobre los cientos de miles de desapariciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en la última década a manos del mismo Ejército”, comentó Gabriela Castañeda, vocera de la Red Fronteriza, mediante un comunicado de prensa.
Castañeda afirma que “en la frontera vimos los efectos devastadores de un programa similar cuando el ex presidente Felipe Calderón firmó la ‘Operación Conjunta Chihuahua’ en 2008. La presencia del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez condujo a la ciudad a la notoria distinción a nivel mundial como la más peligrosa del mundo debido al gran número de desapariciones, asesinatos, casos de tortura y violaciones de los derechos humanos contra activistas, periodistas y cualquier persona que expresara su oposición. La nueva Ley de Seguridad Interior esencialmente expandirá la ‘Operación Conjunta Chihuahua’ para convertirse en un programa nacional en México”, declaró.
Desde 2006, cuando el Gobierno mexicano desplegó soldados en todo el país, ha habido más de 30 mil personas desaparecidas, más de 100 mil asesinadas y más de 10 mil denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército Mexicano.
Como resultado de la creciente violencia en México, Mexicanos en Exilio fue formado por víctimas de este crimen autorizado y quienes fueron forzados a buscar asilo político en los Estados Unidos. Tal fue el caso de la familia Alvarado, cuando tres de sus familiares, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron tomados por la fuerza por militares mexicanos en Benito Juárez, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.
“Ellos permanecen desaparecidos desde entonces y los responsables de este crimen siguen impunes. La mayoría de nuestras familias han sido víctimas de desapariciones, asesinatos o abusos físicos a manos del Ejército Mexicano”, comentó Castañeda.
Los defensores de los derechos humanos y de los migrantes piensan que las violaciones a los derechos humanos aumentarán en todo el país, tal como lo hizo en Ciudad Juárez en 2008 y advierten que si la situación en México empeora, muchos volverán a buscar refugio en los Estados Unidos.
“Desafortunadamente, en la actual administración de Trump, la mayoría de las personas y familias que buscan seguridad en los Estados Unidos, sólo se enfrentan a meses de encarcelamiento en centros de detención en condiciones inhumanas. La deportación de ciudadanos mexicanos inocentes en nuestro país sólo los está llevando a un país donde predominan la violencia, la impunidad y la corrupción”, concluyó la activista.