Aplazan audiencia para narcopolicías juarenses
El proceso de dos ex policías municipales de Ciudad Juárez, presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, fue detenido por los próximos dos meses a petición de la defensa.
Se trata del caso contra los hermanos Iván y David Sánchez Hernández, quienes enfrentan cargos por narcotráfico, asociación delictiva, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, crímenes cometidos entre los años 2000 y 2012.
Los abogados de la defensa, Israel Parra y Leonard Morales, solicitaron al juez federal Frank Montalvo pausar el proceso por 60 días, ya que se trata de un caso “complicado” y necesitan más tiempo para realizar investigaciones o para llegar a un acuerdo con el gobierno.
Los abogados agregaron que las autoridades aún tiene que arrestar a 14 sospechosos más para poder realizar el caso “debidamente”, de acuerdo con lo informado.
Los documentos de la Corte Federal a los que ha tenido acceso El Diario de El Paso, mencionan que los Sánchez Hernández son parte de los 24 miembros del Cártel de Sinaloa, donde sobresalen los capos Joaquín “Chapo” Guzmán Loera e Ismael “Mayo” Zambada García.
Ante el acuerdo del fiscal Kyle Myers, Montalvo accedió a posponer el proceso hasta el próximo mes de febrero cuando convocará de nueva cuenta a los abogados de los detenidos.
El caso
David alias “Christian” e Iván, eran parte de un grupo de policías “corruptos” liderados por el entonces comandante de la Policía Estatal de Chihuahua, Sergio Garduño Escobedo, también conocido como “El Coma”.
Datos oficiales indican que David era uno de los mayores distribuidores de droga de Garduño.
Sánchez Hernández también es acusado por las autoridades estadounidenses de secuestro, tortura y homicidio.
Mientras que a Iván se le señala como el responsable de “descargar” de tráileres toneladas de cocaína que eran resguardadas en las casas de seguridad de Garduño Escobedo, para después “cargar” las pesadas unidades con cientos de armas y fuego y millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El pasado 16 de agosto, fueron extraditados a El Paso por la DEA; siete días después se declararon no culpables de los cargos en su contra ante la juez federal Anne Berton.