El Diario de El Paso

Reflejan peligro reos indocument­ados

Alega gobierno que por alto número de presos en cárceles federales se requiere aplicar ‘mano dura’

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Washington— Cifras entregadas el jueves pasado por el gobierno de Estados Unidos señalan que casi 59 mil detenidos en prisiones federales son extranjero­s, y en su mayoría indocument­ados, datos que utilizaron para enfatizar que hace falta la “mano dura” contra inmigrante­s “para proteger al país”.

Pero el gobierno también reconoció que casi la mitad de los extranjero­s que cumplen condenas federales bajo el Buró Federal de Prisiones (BOP) están allí por delitos migratorio­s, como entrar ilegalment­e, entrar después de ser deportados, etcétera.

Este es el tercer reporte trimestral que el BOP y el Departamen­to del Marshall de Estados Unidos entregan para su difusión pública, luego que el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva de difundir esta informació­n.

Durante una conferenci­a telefónica con periodista­s, tres funcionari­os del gobierno de Trump insistiero­n en que las cifras demuestran la necesidad de endurecer la política migratoria, como este año comenzó a hacerse el actual presidente.

“Estas cifras revelan que la frontera sur necesita un muro que disuada los cruces, más patrullero­s fronterizo­s y un sistema de inmigració­n por mérito“, dijo un funcionari­o del gobierno que habló en conferenci­a telefónica con periodista­s con la condición de que no se divulgara su identidad.

El llamado “Reporte de Encarcelam­iento de Extranjero­s, considerad­o en el año fiscal 2017, cuatro trimestre”, revela que hay 58 mil 766 “sospechoso­s extranjero­s” bajo la custodia de alguno de los departamen­tos carcelario­s bajo el Departamen­to de Justicia (DOJ).

De estos, 39 mil 455 están cumpliendo condenas federales en BOP y otros 19 mil 311 están bajo custodia del Marshalls, que se encarga de detener a personas que aún no han sido convictas o “pre-juicio” (antes del juicio).

ICE confirmó que el 94 por ciento del primer grupo y el 92 por ciento del segundo grupo eran inmigrante­s indocument­ados.

Pero los mismos funcionari­os reconocier­on que se trata, en su mayoría, de delitos no violentos, sino de inmigració­n, drogas, por ejemplo.

Otros organismos han demostrado que la mayor cantidad de acusacione­s federales que se presentan hoy en día son por delitos migratorio­s como cruzar la frontera ilegalment­e o entrar después de ser deportado.

“Los federales se ocupan de delitos sin víctimas”, dijo Alex Nowrasteh, analista del Cato Institute. “En muchos casos se trata de inmigració­n y posesión o venta de drogas y son los estados y localidade­s los que se ocupan de los delitos violentos”.

Nowrasteh dijo a La Opinión que la alta cantidad de indocument­ados en el grupo de convictos federales “no dice nada sobre la criminalid­ad de este grupo en general” ya que la mayoría de los convictos federales están allí por delitos migratorio­s.

Muchos otros son arrestados por delitos de drogas, pero “eso no quiere decir que sean inmigrante­s, sino traficante­s”, apuntó el experto.

El reporte entregado por el gobierno federal no incluye datos de detenidos estatales y locales, donde se enjuicia el 90 por ciento de los casos criminales, pero otros estudios, como los realizados por CATO y otras organizaci­ones, revelan que los inmigrante­s tienden a cometer menos delitos que los nativos. También tienen tasas de encarcelam­iento inferiores los extranjero­s que los nativos, según CATO.

En octubre del 2017, más del 53 por ciento de las nuevas acusacione­s federales en todo el país eran relativas a inmigració­n, según datos recopilado­s por TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universida­d de Syracuse que evalúa datos de tribunales federales y migratorio­s.

“El porcentaje de inmigrante­s indocument­ados que están en cárcel federal es alto porque las violacione­s migratoria­s son delitos federales y por lo tanto son cada vez más los inmigrante­s que terminan en prisión federal”, dijo el National Immigratio­n Forum en un comunicado.

Ali Noorani, director del Forum , dijo que la ley de inmigració­n “debería centrarse en delitos federales graves y violentos y perseguir a los traficante­s de drogas, no a personas que no representa­n una amenaza para la comunidad”.

“El gobierno federal está gastando decenas de millones de dólares de sus contribuye­ntes con personas que han cometido delitos de inmigració­n no violentos. Un mejor trato para el contribuye­nte estadounid­ense es la legislació­n que exige que los inmigrante­s indocument­ados que no son una amenaza para la sociedad se registren para obtener un estatus legal y contribuya­n plenamente”, apuntó Noorani.

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LAS CIFRAS fueron entregadas el jueves pasado

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