Niegan aborto a centroamericana violada ‘para evitar más violencia’
Washington— El designado por el gobierno de Donald Trump para encabezar la agencia que debe acoger y proteger a menores de edad migrantes negó la posibilidad de un aborto a una joven centroamericana que fue violada cuando viajaba hacia el norte.
Un memorándum firmado por Scott Lloyd, quien dirige la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y que trascendió al público el jueves pasado, verifica que la agencia confirmó que el embarazo de la muchacha fue por violación.
No obstante, Lloyd decidió negar el permiso para el aborto, “ya que no es posible curar la violencia con más violencia y la destrucción del niño no nato”. Posteriormente agregó, en el memo negando el permiso a la joven, que el aborto “no es una forma de autodefensa y el niño no es el agresor”.
También argumentó que el aborto a las 22 semanas que tiene ahora la muchacha es “peligroso” y el niño “puede sobrevivir fuera del útero”, aunque ambos argumentos están en contradicción contra la evidencia y opiniones científicas y médicas.
Activistas pro derechos del migrante y al menos un tribunal federal estadounidense señalan que la negativa es ilegal, ya que la ley permite a la menor escoger un aborto y el estado donde está recluida no pide permisos especiales para menores.
Un tribunal federal falló esta misma semana que ORR no puede impedir a una menor migrante que salga del refugio para menores a practicarse un aborto en una clínica, pagado con fondos privados.
A raíz de filtrarse este documento, diversos grupos están pidiendo la renuncia de Scott Lloyd, el funcionario en cuestión.
Planned Parenthood, organización que defiende el derecho constitucional a elegir un aborto, indicó que el director Lloyd está tratando de imponer sus propias creencias y voluntad sobre las migrantes, a pesar de las leyes y derechos constitucionales existentes.
“Lloyd no es apto para servir en el gobierno”, dijo Dana Sinsiger, alta directiva de PP. “Su extralimitación y abuso de poder pone en peligro la vida de estas jóvenes mujeres”.
Amnistía International estima que un 60 por ciento de las mujeres y niñas migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde el sur, son violadas como parte de su “pago de peaje”. Otros estimados señalan que hasta el 80 por ciento son violadas.
Durante la administración de Barack Obama, el gobierno permitía a las menores migrantes que pidieran abortar que lo hicieran saliendo de los refugios a ser atendidas por médicos y sólo pagaban por la operación si se trataba de violación o si el embarazo era una amenaza a la vida de la mujer.
Por lo demás, las jóvenes migrantes tienen acceso a fondos de caridad o privados para este tipo de procedimientos, pero la política cambió una vez Lloyd tomó posesión de la dirección de ORR.
En octubre, abogados de derechos reproductivos libraron una batalla en las cortes para lograr que una joven migrante detenida en Texas lograra salir a realizarse un aborto, que ORR le impedía aunque un tribunal ya se lo había aprobado.
En esta ocasión, los mismos abogados, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), demandaron para forzar a ORR a permitir el aborto que pedían dos jóvenes de 17 años. Una de ellas luego fue transferida a ICE al verificarse que tenía 19 años.
ACLU alega que la nueva política de ORR bajo Lloyd es ilegal, ya que pretende negar los abortos en todos los casos.