Sorprende ofensiva de Trump contra ladrones y genocidas
Después de meses de mensajes contradictorios, la administración Trump la semana pasada dio un gran paso hacia la expansión drástica de los castigos para los abusadores de los derechos humanos y cleptócratas en todo el mundo.
Hubo un comprensible escepticismo de que el equipo de Trump haría cumplir con entusiasmo el GlobalHuman Rights Accountability Act, firmada por el presidente Barack Obama en sus últimos días en el cargo, que autoriza al presidente a bloquear visas y sancionar a personas y entidades de cualquier país que abuse de los derechos humanos o participe en “actos de corrupción significativa”.
Pero la primera lista de 51 objetivos, anunciada por los departamentos de Estado y Tesoro el 21 de diciembre, fue una clara señal de que la administración Trump apoya la ley y la implementará de buena fe.
Los peores ladrones y genocidas del mundo deberían estar asustados. La ley y la orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump hacen que sea mucho más fácil para el gobierno de EU señalar y castigar casos atroces de abuso. Incluidos en la lista estaban Artem Chayka, el hijo del fiscal general de Rusia; Gao Yan, un alto funcionario de seguridad chino; y Maung Maung Soe, quien supervisó las atrocidades militares birmanas contra la etnia Rohingya.
“Hoy, Estados Unidos está tomando una posición firme contra el abuso y la corrupción a nivel mundial al excluir a estos actores del sistema financiero estadounidense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, prometiendo que la administración Trump continuará con abusos contra los derechos humanos.
Un alto funcionario de la administración dijo que las acciones de la semana pasada tenían el objetivo de establecer un estándar para la política de derechos humanos de Trump.
Aunque el Congreso requiere un informe anual sobre la implementación de la ley, se espera que el equipo de Trump emita nuevas sanciones continuamente, lo que significa que los abusadores de derechos no pueden disfrutar de la confianza de que están seguros en cualquier momento.
No importa cómo o por qué sucedió, este es un paso en la dirección correcta para la administración de Trump. Aún así, en ausencia de una política de derechos humanos integral, organizada y bien articulada, no será suficiente.