Latinoamérica retrocede en cuanto a derechos de género

Las lesbianas latinoamericanas todavía enfrentan un desafío elemental: tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Factores distintos, pero muy presentes en América Latina, conspiran en contra de la libertad de las mujeres homosexuales: la religión, los valores morales heredados y las exigencias de los modelos familiares. Para las lesbianas aún no es posible vivir su elección sexual y afectiva sin violencia ni coacción.

Un estudio traza un mapa de los logros y retos en materia jurídica en la región. De México a Argentina hay condiciones distintas. Por un lado, hay países –Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia– en los que se conceden derechos civiles plenos (matrimonio, seguridad social, legislación favorable, fertilización asistida y adopción) a la comunidad homosexual, pero hay otros –Chile, Ecuador y Guyana Francesa– en donde sólo existe la figura legal del concubinato. En Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Cuba, República Dominicana, Haití, los países centroamericanos y Surinam, no se reconoce ninguno de los derechos antes mencionados. En este panorama desigual de derechos hay un caso radical en las Américas: Guyana es uno de los 72 países del mundo que contempla cárcel o muerte para los homosexuales.

En el continente se han hecho avances innegables, pero también hay retrocesos. En los últimos años ha habido una resistencia cada vez mayor a los avances jurídicos por la libertad sexual. La antropóloga Gloria Careaga lo ha observado en México: algunos sectores de la burguesía se han aliado con redes religiosas y políticas que buscan dar marcha atrás a las victorias legales de la comunidad homosexual. En noviembre de 2016, el congreso mexicano rechazó la iniciativa para que se reconociera formalmente el matrimonio igualitario en todo el país, por lo que las lesbianas pueden casarse sólo en ciertas entidades federales, pero en otras no.

Otro caso revelador es el de Venezuela. En un contexto marcado por el militarismo y la impronta socialista cubana –homofóbica de origen han logrado bloquear las iniciativas legislativas LGBT. El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, han torpedeado el quehacer legislativo. De nada le ha servido a la oposición tener en sus filas a la única diputada transgénero de América Latina. Aún con ellos ha sido imposible conseguir el apoyo necesario para implementar reformas jurídicas que permitan la libertad sexual en Venezuela.

La tradición populista de América Latina ha puesto el acento en las reivindicaciones económicas y sociales por encima de las libertades individuales y los derechos humanos. La izquierda populista de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, de Evo Morales o Daniel Ortega, ha sido renuente a impulsar reformas que garanticen la libertad sexual. En el caso de mi país, Venezuela, algunos analistas han dicho que el tema es propio del primer mundo o, simplemente, es irrelevante para la mayoría de los ciudadanos.

Es indispensable decirlo: incluso cuando se cuenta con una legislación favorable, sigue existiendo discriminación hacia las lesbianas en América Latina, sobre todo en ciudades pequeñas y áreas rurales. Una consideración más: el estado de vulnerabilidad de las lesbianas se acentúa por el origen étnico, la condición de inmigrante o la pobreza. Aún hay largo camino por recorrer.

Lo más crítico es que todavía se pueden revertir los logros obtenidos hasta ahora. En Brasil han resonado las ideas del candidato conservador Jair Bolsonaro, al que llaman el “Donald Trump brasileño” –acusado de homófobo, misógino y racista, y hace un mes cientos de brasileños protestaron por la presencia de Judith Butler, la filósofa estadounidense experta en temas de género y sexualidad. “¡Quemen a la bruja!”, gritaban los manifestantes.

¿Qué acciones deben tomarse?

En los países en donde todavía no se han alcanzado los derechos civiles esenciales la lucha de las lesbianas, como la de todas las minorías sexuales, podría enmarcarse en los objetivos de las corrientes políticas que defiendan los derechos humanos.

Esta lucha se inserta en una batalla más ambiciosa, pero también más elemental: la defensa de la libertad como conquista democrática. (Kozak Robero es economista y académica).