Temen nueva batalla legal por tierras para el muro
Ha pagado el Gobierno $18.2 millones por una franja de cerca de 60 millas del Valle del Río Grande y la falta otro tanto igual
Brownsville, Tx.— La lucha por la tierra comenzó en la primavera del 2007. A veces eran representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Otras veces eran oficiales de la Patrulla Fronteriza con sus uniformes verde olivo y pistolas fajadas al lado. Visitaron casas móviles y viviendas suburbanas con vistas a campos de golf. Examinaron granjas fecundas con caña de azúcar, algodón y sorgo que crecían a unos metros del Río Grande.
Entregaron sus noticias contundentes a rancheros y granjeros, profesores universitarios, mecánicos de automóviles y pensionados.
El Gobierno federal iba a construir una valla para evitar el ingreso ilegal de traficantes de drogas e inmigrantes a Estados Unidos, informaron a los propietarios. La estructura iba a cortar directamente a través de sus tierras. El Gobierno haría una oferta justa para comprar propiedades, explicaron los agentes. Esa era la ley. Y si los propietarios no querían vender, el siguiente paso era el tribunal federal; los abogados del Gobierno estaban listos para presentar las demandas. De una forma u otra, el Gobierno obtendría la tierra.
Las visitas lanzaron el decomiso más agresivo de tierras privadas por parte del Gobierno federal en décadas. En menos de un año, el Departamento de Seguridad Nacional entabló más de 360 demandas de dominio eminente contra propietarios, que involucran miles de acres de tierra en los estados fronterizos de Texas, Nuevo México, Arizona y California.
La mayor parte de la tierra confiscada corría a lo largo del Río Grande, que forma la frontera entre Texas y México.
En total, la agencia pagó 18.2 millones de dólares para acumular una franja de tierra ocupando casi la mitad de las 120 millas del Valle del Río Grande, en el sur de Texas.
Años antes de que el presidente Donald Trump prometiera construir su muro, Seguridad Nacional erigió una valla de 18 pies de altura, con acciones que deben servir como una advertencia para el futuro.
Una investigación de ProPublica y The Texas Tribune muestra que Seguridad Nacional abusó del poder extraordinario del Gobierno para tomar tierras de ciudadanos privados en su afán de construir una valla fronteriza hace una década. Los principales hallazgos:
• La ley de seguridad nacional socavó leyes diseñadas para ayudar a los propietarios de tierras a recibir una compensación justa. La agencia no llevó a cabo evaluaciones formales de las parcelas seleccionadas. En su lugar, emitió ofertas basadas en estimaciones inferiores al estándar de los valores de las propiedades.
• Los propietarios más grandes y adinerados que podían pagar abogados negociaron acuerdos que, en promedio, triplicaron las ofertas iniciales de Seguridad Nacional. Los terratenientes más pequeños y más pobres se llevaron sólo lo que el Gobierno les ofreció.
• El Departamento de Justicia expropió cientos de terrenos. La agencia tomó propiedad sin conocer la identidad de los propietarios reales. Condenó la tierra sin investigar hechos tan básicos como las líneas de propiedad. Los propietarios gastaron decenas de miles de dólares para defenderse de los errores del Gobierno.
La familia Loop gastó más de 100 mil dólares para defender sus tierras de cultivo de los repetidos errores gubernamentales sobre el tamaño, la forma y el valor de sus propiedades.
El Gobierno construyó una valla en la tierra de la familia de Robert de los Santos, pero casi una década más tarde aún no ha llegado a un acuerdo para ello.
Al maestro jubilado Juan Cavazos le ofrecieron 21 mil 500 dólares por una porción de su terreno de dos acres. Se conformó con eso, pensando que no podía permitirse contratar abogado.
Rollins M. Koppel, un abogado y banquero local, no cometió el mismo error. Un bufete de abogados de alto precio de Texas negoció su oferta de 233 mil dólares a casi 5 millones, el acuerdo más alto en el Valle del Río Grande.
Seguridad Nacional y el Cuerpo de Ingenieros no respondieron a peticiones de comentarios y encausaron las preguntas al Departamento de Justicia.
Un funcionario del Departamento de Justicia, que insistió en el anonimato, dijo que todas las agencias involucradas en las incautaciones de tierras siguieron los procedimientos adecuados.
Trump ha prometido terminar el trabajo con un muro mucho más grande, casi el doble de la valla actual, hecha de concreto, y ocupando gran parte de las mil 300 millas restantes de la frontera sin protección por una barrera física.