Alista Trump deportación de 260 mil salvadoreños
Decide Gobierno federal finalizar en septiembre protección temporal
Austin— El Gobierno federal anunció ayer que no renovará el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes salvadoreños, vigente desde el 2001. Hay más de 260 mil inmigrantes salvadoreños con TPS en Estados Unidos, incluyendo más de 36 mil en Texas.
El Center for American Progress calcula que los titulares salvadoreños de TPS en Texas tienen alrededor de 42 mil 500 niños nacidos en Estados Unidos.
La designación finalizará en septiembre de 2019; funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron que daría tiempo a los salvadoreños para preparar su regreso a casa.
El TPS fue ofrecido a los salvadoreños después de que los terremotos en 2001 dejaran su país en ruinas. El TPS fue renovado aproximadamente cada dos años.
En una llamada con los reporteros, un alto funcionario de la administración Trump dijo que la decisión se tomó después de un largo proceso de revisión que incluyó consultas con líderes salvadoreños.
“Muchos proyectos de reconstrucción ya se han completado. Las escuelas y hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos y reparados, las casas han sido reconstruidas, y se ha proporcionado dinero para agua y saneamiento y para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas por el terremoto”, dijo en un comunicado de prensa el DHS. “La interrupción sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe”, agregó.
La reacción de los defensores de los inmigrantes fue rápida. Acusaron a la administración no sólo de separar potencialmente a miles de padres de sus hijos, sino también de obligar a los salvadoreños a regresar a un país que ha sido considerado como uno de los más violentos del mundo durante varios años.
La guerra territorial entre las pandillas MS-13 y 18th Street, así como el intento del Gobierno salvadoreño de sofocar esa violencia, ha mantenido la tasa de homicidios del país entre las más altas del mundo.
“Hay una totalidad de circunstancias en El Salvador que hicieron problemático devolver a la gente”, dijo Royce Bernstein Murray, director de políticas del American Immigration Council. “La seguridad personal de las personas, la mayoría de las cuales han vivido en los Estados Unidos por más 20 años [y] quienes probablemente serían blanco de las pandillas como personas que probablemente tendrían recursos, su seguridad personal está en riesgo real”.
Los inmigrantes salvadoreños que ven expirar su estado de protección se verán obligados a enfrentar una compleja red de políticas federales de inmigración, y tienen muy pocas opciones de permanecer en Estados Unidos.
Si tienen hijos que son ciudadanos, su mejor esperanza podría ser que un niño los patrocine. Pero Bernstein Murray dijo que incluso esa opción es “muy limitada”, especialmente si los inmigrantes pierden su estatus legal.
Mark J. Seitz, obispo de la Dió- cesis Católica de El Paso, tildó la decisión de “desmesurada”.
“Una vez más, el Gobierno continúa destruyendo, tanto los valores, como las acciones sobre las cuales se ha construido nuestra gran nación. En lugar de mostrarnos cómo es que es una nación compasiva y acogedora con las personas en problemas, nos mostramos como una nación que se cierra xenofóbicamente con miedo a la persona necesitada”, dijo el obispo Seitz.
El obispo cuestionó qué tan seguro es El Salvador, como para tratar de repatriar a quienes se encuentran en Estados Unidos.
“Si bien la tasa de homicidios supuestamente mejoró recientemente, yo me pregunto si han visto las estadísticas o escuchado los informes que revelan que El Salvador es actualmente el lugar más peligroso del mundo para vivir, más peligroso que vivir en Afganistán o Siria, según sus índices de homicidios”, dijo.
Otros paseños opinaron que la decisión es consistente con la visión antiinmigrante de la administración Trump.
“No es sorpresa porque ya se venía viendo cuando la administración de Trump terminó los permisos de 800 mil jóvenes de DACA, ahora afecta a 200 mil personas que estaban bajo este programa (TPS)”, dijo Gabriela Castañeda, vocera de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Durante la llamada de prensa del lunes, los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que la violencia en ese país no era un factor cuando la administración tomaba su decisión.
Eso es a pesar de la advertencia de viaje actual del Departamento de Estado de Estados Unidos para El Salvador, que establece que las pandillas “se enfocan en extorsiones, delitos callejeros violentos, narcóticos y tráfico de armas” e insta a los ciudadanos estadounidenses a considerar cuidadosamente esos factores antes de viajar a ese país.
El anuncio se produce menos de dos meses después de que el DHS anunciara que estaba terminando la designación de TPS para los haitianos que huyeron de ese país después de un devastador terremoto.