Indagan estatus migratorio de pasajeros en autobús
Preocupa a activistas relación de empresas y agentes fronterizos; invitan a denunciar abusos
No es sólo en los retenes de las principales carreteras de la región donde la Patrulla Fronteriza aborda autobuses en busca de indocumentados.
También en cuando menos una estación de autobuses del Centro de El Paso, los agentes suben periódicamente a los camiones, en propiedad privada, para verificar los documentos de las personas.
El Diario de El Paso constató estas revisiones recientemente en la central camionera de Greyhound, en el 200 W. San Antonio St.
“La ley nos autoriza a abordar cualquier modo de transporte en cualquier lugar de Estados Unidos para determinar si hay personas de origen extranjero que no tengan permiso para estar aquí legalmente”, dijo Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza. “Puedes ver a los agentes ahí como los ves en otras partes. Por ejemplo, en el aeropuerto los ves a diario haciendo exactamente lo mismo”, agregó.
Pero el aeropuerto y las carreteras son propiedad pública, señalan activistas, quienes vigilan la creciente cooperación entre empresas y autoridades migratorias, como la que hizo posible las recientes redadas en las tiendas 7-Eleven en otras partes del país.
Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que las inspecciones en las centrales camioneras no solían ser una táctica común anteriormente.
“Sabemos que tienen la autoridad de hacerlo, pero no que era una práctica tan común y cotidiana”, dijo García.
“Me preocupa que con la nueva política de Trump, que está cargada de racismo y xenofobia, estén sucediendo cosas y estén cambiando el patrón de conducta” de las autoridades federales, afirmó.
Agregó que la Red estará atenta a las inspecciones para ver si se respetan los derechos constitucionales de los individuos.
“Por ejemplo, si se suben a un camión y nomás le preguntan a aquellos que parecen migrantes o latinos, si ellos son el enfoque de su táctica, eso es claramente racista y queremos saber si esto está sucediendo”, dijo García.
Agregó que a partir del 1 de febrero, la Red lanzará una campaña de documentación de abusos e invita a los inmigrantes a compartir sus experiencias, sean en los puentes internacionales, las calles, los hogares, las escuelas, los comercios o las estaciones de trenes, aviones o autobuses.
‘No hay convenio’
Lanisha Gipson, vocera de Greyhound, aclaró que son los agentes quienes solicitan acceso a las instalaciones de la empresa, y que ésta no es la que los llama.
“Los agentes van y nos dicen que necesitan hacer revisiones en los camiones y nosotros los dejamos pasar para que hagan su trabajo, pero no hay nada acordado”, resaltó Gipson.
La vocera reiteró que esto no solamente ocurre en El Paso, sino en todo el país, ya que la Patrulla Fronteriza puede hacerlo por ley.
Algunos empleados de la empresa, que pidieron el anonimato, manifestaron que los agentes acuden con regularidad. “Llegan, se suben a los camiones y van persona por persona pidiendo papeles. Hay veces que sí se llevan gente y otras que no”, dijo uno de ellos, relatando que los agentes a veces se llevan a gente que portaba algún arma.
Ramiro Cordero aseguró que estas revisiones están dentro de los parámetros que les competen, por tratarse de una agencia federal.
“No tenemos que tener ningún acuerdo con ninguna industria privada o medio de transporte para hacerlo. Si decidimos hacerlo es porque tenemos autoridad, pero obviamente respetando los derechos de toda persona y haciendo profesionalmente nuestro trabajo”, enfatizó.
Plan de contingencia
Ante las recientes redadas de inmigrantes indocumentados en otras partes del país, activistas y abogados locales exhortan a la comunidad a que tengan “su casa en orden” por si son detenidos.
Esto quiere decir, en el caso de residentes legales, portar siempre sus documentos y en el caso de los indocumentados tener un plan de contingencia sobre la custodia de sus hijos, propiedades y dinero.
“La planificación adelantada beneficiaría a resolver estos asuntos puesto que una vez que el inmigrante es detenido o es deporta- do del país, es mucho más difícil navegar los procedimientos legales y manejar sus bienes, especialmente porque la ley de inmigración prohíbe la entrada al país por varios años seguidos a la deportación”, dijo Carlos Maldonado, abogado de inmigración.
Sin embargo, la deportación no priva al inmigrante de sus derechos de propiedades, financieros o la custodia de sus hijos.