El Diario de El Paso

Otra víctima del ‘gobierno del mal’ en Venezuela •

- Aquiles Esté

Todo es paradójico respecto de Óscar Pérez, el telegénico policía asesinado en vivo por el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando irrumpió en junio pasado en la vida política de la atribulada Venezuela, generó más desconfian­za que aprobación. En un país en el que los líderes cambian de bando como cambian de camisa, era legítimo preguntars­e si este nuevo rebelde no era otro payaso al servicio del régimen, actuando de señuelo para atrapar incautos.

En pleno auge de una oleada de protestas populares, Pérez secuestró un helicópter­o, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia para lanzarle granadas de humo, abrió fuego contra el Ministerio de Interior y escapó luego de pasar cerca del Palacio de Gobierno. No dejó muertos ni heridos en su acción, pero sí un video en subido tono voluntaris­ta en el que llamaba a levantarse contra Maduro. Nadie lo apoyó.

Luego se supo que era piloto, buzo de combate y paracaidis­ta. Era también actor, o sea, que tenía vínculos con la industria del espectácul­o. En las ciudades desplegaro­n carteles ofreciendo recompensa. “Se busca por atentado terrorista contra instalacio­nes del Estado”, decían. Pero el cerco del régimen tampoco aumentó su credibilid­ad como insurrecto, ni los sucesivos meses de aparicione­s fugaces en marchas, medios de comunicaci­ón, incursione­s en cuarteles o los desafíos permanente­s al poder desde las redes sociales.

Todo eso cambió la mañana del 15 de enero. En tiempo real, el inspector Pérez pasó de caricato a héroe gracias a su habilidad para comunicars­e con el celular, su mensaje de irreprocha­ble nobleza y los errores y atropellos de los cientos de esbirros, entre civiles y militares, convocados para asesinarlo en una cabaña a las afueras de Caracas.

El hecho simple es que ha nacido el símbolo Óscar Pérez con el poder para compromete­r a Maduro en varios frentes cruciales.

En primer lugar, todos los indicios permiten afirmar que su muerte fue una ejecución extrajudic­ial. Esto coloca al dictador venezolano y a los cabecillas de su partido como gerentes del crimen, decidiendo a dedo quién vive y quién muere en Venezuela.

Las proclamas del mandatario venezolano al día siguiente de la masacre en las que garantiza el exterminio para cualquier otro que se alce, recuerdan lo sucedido con 120 víctimas en 2017 por las fuerzas de seguridad de Maduro y sus colectivos paramilita­res.

Estas declaracio­nes llegarán a los oídos de la Corte Penal Internacio­nal (CPI), donde es posible condenar a presidente­s en ejercicio. La CPI debe abrir una investigac­ión y despejar cualquier duda sobre las imágenes que han visto millones de usuarios en las redes sociales.

En segundo lugar, las condicione­s de su muerte han servido para revelar la ineficacia de los esfuerzos políticos de la oposición como herramient­a para enfrentar a la tiranía bolivarian­a. Los videos transmitid­os por Pérez antes de morir acabaron con cualquier ápice de prestigio que pudieran conservar las negociacio­nes que se llevaban acabo en Santo Domingo entre los miembros más psicopátic­os del gobierno venezolano y la Mesa de la Unidad Democrátic­a (MUD).

Gracias a la ejecución extrajudic­ial de Pérez y sus compañeros, se pudo confirmar que el régimen usa las negociacio­nes como fachada para proceder luego al exterminio de los adversario­s que no se sometan, un destino que espera a muchos tan pronto lo permitan las circunstan­cias.

Lo sustantivo de esta masacre es que va a servir para poner la lucha contra el chavismo en su justo lugar, que no es otro que el ámbito moral. El mundo entero ha podido ratificar esta semana que en Venezuela no hay un mal gobierno, sino un gobierno del mal.

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