Compró comisión de Trump datos de votantes hispanos
Impidió la entrega una demanda de defensores de los derechos de voto
La Comisión de Fraude Electoral del presidente Donald Trump solicitó a Texas el año pasado registros oficiales de todos los votantes con apellidos hispanos, según muestran documentos recientemente publicados.
Al comprar casi 50 millones de registros del estado con la segunda población hispana más grande del país, un investigador del panel de la Casa Blanca pidió explícitamente la información de votantes con ‘apellidos hispanos’, de acuerdo con copias de los formularios estatales firmados y notariados. Los funcionarios de la Casa Blanca y de Texas dijeron que los datos de los votantes latinos de Texas nunca se entregaron porque una demanda interpuesta por defensores de los derechos de voto después de la solicitud del año pasado detuvo cualquier transferencia.
La comisión fue disuelta el pasado 3 de enero, ya que Trump citó una serie de demandas estatales y federales en curso y la resistencia de los funcionarios del estado sobre la búsqueda de información sobre más de 150 millones de votantes en todo el país.
La comisión dijo que destruiría todos los datos de votantes que había reunido, sin detallar ninguna compra de datos.
Los grupos civiles y de derechos electorales en particular han dicho que la iniciativa nacional podría establecer un pretexto para ubicar a los votantes afroamericanos y latinos.
Funcionarios estatales criticaron el proyecto por su posible impacto en la privacidad, la supervisión estatal de las elecciones y la participación de los votantes.
Desde 1983, Texas ha identificado a los votantes con un nombre hispano para que envíen avisos bilingües en español e inglés según lo exigen las leyes estatales y federales, dijo Sam Taylor, vocero del secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos.
Los nombres se seleccionan de la lista de apellidos más comunes de la Oficina del Censo de EU por raza y origen hispano, dijo Taylor.
Trump creó la comisión después de sugerir repetidamente que millones de votantes ilegales le costaron el voto popular del 2016.
Los estudios y los funcionarios estatales de ambos partidos no han encontrado evidencia de fraude electoral generalizado.
La comisión pagó a los funcionarios de Texas unos 3 mil 500 dólares el 22 de septiembre por 49.6 millones de registros que incluirían listas de votantes que estaban activos, aquellos con registros cancelados y aquellos con una dirección desactualizada o incorrecta en el archivo; y una lista de quienes votaron en las últimas seis elecciones generales de 2006 a 2016.