Evaden leyes ambientales para construir valla fronteriza
Protestan activistas por próxima instalación de ‘bolardos’ entre El Paso y Santa Teresa
Grupos ambientalistas denunciaron ayer la decisión de la administración Trump de suspender más de 30 reglamentos de uso de suelo con tal de acelerar la construcción de una valla fronteriza entre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México.
Esta es la tercera vez que el Gobierno realiza exenciones para permitir la construcción de tramos de la valla fronteriza sin tener que cumplir con las leyes que protegen el aire limpio, el agua potable, las tierras públicas o la vida silvestre en peligro de extinción, denunció el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) en Tucson, Arizona.
“La administración no se detiene ante nada para construir este muro fronterizo destructivo”, dijo Brian Segee, abogado de CBD. “El muro de Trump es un desastre humanitario y ambiental, y no hará nada para detener el tráfico ilícito de drogas o el cruce de personas”.
El grupo está considerando impugnar en los tribunales la nueva exención a leyes ambientales.
Bajo la acción legal aprobada el lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) renuncia al cumplimiento de más de 30 leyes ambientales para convertir 20 millas de barreras vehiculares en muros de bolardos (pilares de acero) a lo largo de la frontera al Oeste entre El Paso y el puerto de entrada de Santa Teresa.
La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo en un aviso publicado en el Registro Federal el lunes que el “sector de El Paso es un área donde se presenta un alto flujo de cruces ilegales” al país, citando su proximidad con Ciudad Juárez y por ello es necesario reemplazar las barreras vehiculares con bolardos.
“La Secretaría de Seguridad Nacional ha determinado, de conformidad con la ley, que es necesario suspender ciertas leyes, reglamentos y otros requisitos legales para garantizar la instalación rápida de barreras en inmediaciones de la frontera”, dicta el documento publicado en el Registro Federal.
La fecha del inicio de construcción aún no ha sido anunciada.
El año pasado, CBD demandó a la administración Trump por la aplicación de exenciones de leyes ambientales en el proyecto de construcción y mejoras en la malla fronteriza en el Sur de San Diego.
La demanda establece que la autoridad para aplicar exenciones expiró hace años y por ello es inconstitucional que DHS pase por alto leyes ambientales.
Una audiencia sobre el caso está programada para el 9 de febrero en el Tribunal de Distrito en San Diego. Demandas similares, presentadas por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y otros grupos de conservación, se han consolidado en un caso ante el juez de Distrito Gonzalo Curiel.
“Además de poner en riesgo la vida silvestre, las especies en peligro de extinción y las tierras públicas, el muro fronterizo entre Estados Unidos y México es parte de una estrategia más amplia de militarización fronteriza que daña los derechos humanos, las libertades civiles, las tierras nativas, las empresas locales y las relaciones internacionales”, señaló en un comunicado la organización CBD.