Multan a superintendente de Ysleta ISD por intromisión electoral
Cometieron ‘violación creíble’ del código estatal electoral al promover bono
La Comisión Ética de Texas determinó que tanto el superintendente como la ex presidente de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Ysleta cometieron una “violación creíble” del código electoral estatal, y los obligó a pagar una multa de 500 dólares a cada uno.
De acuerdo con documentos en poder de la estación televisiva KVIA Canal 7, Xavier De la Torre –superintendente– y Patricia Torres-McLean “gastaron o utilizaron fondos para anuncios políticos”.
Según los reportes, De la Torre y Torres-McLean “autorizaron el uso de fondos públicos para un boletín en el que promovían la aprobación de bonos de deuda para YISD. La publicación fue hecha en el otoño de 2015, anticipando la elección para determinar si se aprobaban los bonos, el 9 de noviembre de ese año.
El boletín “fue publicado con “fondos de YISD” y “contiene descripciones de la medida del bono y una carta firmada por el respondiente y el presidente de la mesa directiva”, señala el texto.
La Comisión de Ética determinó que el boletín incluye en la primera página fechas de votaciones tempranas, una foto de estudiantes en el salón de clases y la leyenda: “YISD busca el apoyo de la comunidad para el bono propuesto”.
En la publicación se incluye también una carta de TorresMcLean, titulada “Saludos de YISD”, que hace referencia a la aprobación en las casillas de votación de la Proposición Estatal 1.
“Si los votantes aprueban la Proposición 1 y nuestro bono [de YISD], los residentes de nuestro distrito verán disminuir el cobro de impuestos escolares, pero le habrán dado al distrito el dinero que necesita para significativamente mejorar, modernizar y reconstruir escuelas”.
El bono fue aprobado por los votantes el 9 de noviembre de 2015.
En su respuesta a la Comisión Ética, De la Torre negó haber hecho algo malo y argumentó que la publicación no era un anuncio de corte político.
La comisión rechazó este argumento y el 22 de diciembre del año pasado emitió un resolución sobre el caso, en la cual fija al superintendente y a la ex presidenta de la directiva una pena civil de 500 dólares.