•Condenan paseños y activistas dictamen de panel judicial
El fallo de Corte Federal de Apelaciones, a favor la ley SB4, no fue bien recibida por políticos locales y organizaciones civiles a favor de los derechos humanos.
“Me alegro de que los tribunales reconocieran los intentos draconianos de suprimir los derechos de libertad de expresión de los funcionarios locales”, dijo el senador estatal José Rodríguez.
“Las otras partes del fallo no cambian el hecho de que la inmigración es una responsabilidad federal, y forzar a las fuerzas del orden locales a hacer frente a la inmigración es malo para la seguridad de la comunidad, como escuchamos en numerosas ocasiones en declaraciones de los jefes de policía y alguaciles”, afirmó el senador.
El panel de 3 jueces de la 5a Corte de Circuito, con sede en Nueva Orleans, dio a conocer el martes que no había encontrado como inconstitucional parte de la propuesta senatorial SB4.
“Estoy esperando una apelación sobre la constitucionalidad de esta ley equivocada y antiinmigrante. La política antiinmigrante basada en la promoción del miedo que va en contra de las estrategias de seguridad pública comprobadas, no es más que sentido común”, sostuvo Rodríguez. La propuesta respaldada por el gobernador Greg Abbott, y por la fracción legislativa republicana de Texas, impone sanciones a los oficiales de la ley y a funcionarios electos que no acatasen estos lineamientos.
Funcionarios municipales de Dallas, Houston, El Paso, San Antonio y Austin se sumaron entre los opositores a la ley de Texas, y dicha oposición fue llevada a los juzgados.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR) y la Alianza para La Reforma Migratoria en Texas (RITA) se pronunciaron en contra del dictamen de la Corte de apelaciones, que favorece la implementación de la SB4.
“La decisión de hoy promueve una ley racista, socava la seguridad y el bienestar de la comunidad, erosiona los derechos civiles y constitucionales y forzará a las comunidades de color en Texas a someterse innecesariamente a años de políticas discriminatorias y abusivas antes de que se pueda garantizar la justicia”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la BNHR.
Los opositores a la SB4 argumentan que dicha ley estatal pone a los agentes del orden público en violación a derechos constitucionales, al exigirle documentación migratoria a personas sospechosas de haber inmigrado ilegalmente, pero sin que haya causa probable para dichos cuestionamientos.
Del mismo modo los detractores de la SB4 aseguran que se darían ilegalmente funciones federales propias de agentes de Inmigración a agentes policiacos locales.
“La historia de la SB4 es una historia similar a lo que hemos visto en Arizona”, agregó García, en referencia a la ley SB 1070 que fue ratificada por la Corte Suprema, y que permitió que se implementara en dicho estado una controversial legislación en materia migratoria, aplicada por las agencias policiacas. Esa ley, cuando se puso en práctica, fue tan descaradamente corrupta, descansaba plenamente en la implementación de perfiles raciales y políticas discriminatorias, y que Arizona resolvió calladamente fuera de la corte den el 2016”, sostuvo García.