Críticos de ley antiinmigrante piden reconsiderar el caso
Aplicación de mayoría de la SB4 penaliza a ‘ciudades santuario’; El Paso se opone
Austin— Quienes se oponen a la legislación para la inmigración del estado han pedido a un tribunal federal de apelaciones que reconsidere una decisión que permitió que la mayor parte de la controvertida medida entrara en vigencia.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Condado de Travis y la ciudad de Austin pidieron el martes al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que vuelva a escuchar el caso en la Corte, lo que significa que todo el tribunal considerará la demanda. La medida se produce dos semanas después de que un panel de tres jueces del mismo tribunal permitiera que la mayor parte de la ley, el Proyecto de Ley del Senado 4, entrara en vigencia luego de que partes importantes fueron inicialmente bloqueadas por un juez federal en agosto. La ACLU representa a la pequeña ciudad fronteriza de El Cenizo, que fue la primera en presentar una demanda el año pasado para detener la implementación de la SB 4, unos días después de que el gobernador Greg Abbott la promulgó.
La SB 4 permite que los agentes locales de la ley cuestionen el estatus migratorio de las personas detenidas o arrestadas y castiga a los jefes de departamento del gobierno local y funcionarios electos que no cooperan con políticas de "detención" federales –que requieren el entregar a los inmigrantes que son posibles sujetos de deportación– con tiempo en la cárcel y sanciones que superan los 25 mil dólares. La legislación también se aplica a las universidades públicas y colegios.
En agosto, el juez federal de distrito Orlando García frenó temporalmente varias partes del proyecto de ley, incluida una sección que exige que los funcionarios de la prisión cumplir con las órdenes de retención. También bloqueó secciones que prohíben a las entidades locales perseguir "un patrón o práctica que 'limita materialmente' la aplicación de las leyes de inmigración" y otra que prohíbe "ayudar o cooperar" con los funcionarios de inmigración federales cuando sea razonable o necesario.
Pero el fallo del panel de apelaciones de hace dos semanas efectivamente liberó la legislación, permitiendo que la mayor parte se implemente mientras el caso original vuelve a la corte del juez García.
La única disposición que aún está bloqueada es una que castiga a los funcionarios locales por "adoptar, hacer cumplir o respaldar" las políticas que prohíben o limitan la aplicación de las leyes de inmigración. Los jueces mantuvieron esa orden judicial en su lugar, pero dijeron que solo se aplica a la palabra "respaldar".
La lista de entidades locales que previamente presentaron una demanda contra SB 4 también incluye los condados de El Paso, Maverick y Bexar, las ciudades de El Paso, San Antonio y Houston, entre otros. Nina Perales, la vicepresidenta de litigios del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoamericana, o MALDEF, dijo que si el Quinto Circuito acepta escuchar el caso, todas las partes en la demanda se verán involucradas. MALDEF representa las ciudades de San Antonio y El Paso, así como también el condado de Bexar, en el litigio.
"Todos apoyamos los esfuerzos de los demás y trabajamos juntos en estrecha colaboración y colocando nuestros recursos en una estrategia doble", dijo.
El otro frente implica prepararse para el juicio a nivel de distrito, donde García escuchará argumentos sobre la constitucionalidad del proyecto de ley.
Perales dijo que no está claro cuándo, o si, el Quinto Circuito tomará una decisión en la petición del martes. Otra opción es pedirle a la Corte Suprema de los Estados Unidos que considere la medida cautelar, pero Perales dijo que los demandantes tienen que esperar a que la corte de apelaciones actúe antes de considerar esa medida.
"Es como un árbol de decisiones, y no sabremos qué opciones tenemos disponibles hasta que el Quinto Circuito responda", dijo.
Después de la decisión del tribunal a principios de este mes que permitió que se mantuviera la mayor parte del proyecto de ley, varios opositores a la medida dijeron que no estaban sorprendidos porque el Quinto Circuito se considera un cuerpo de judicial conservador. Perales advirtió en contra de prejuzgar a cualquier grupo de jueces.
Recordó una decisión de 2013 del mismo tribunal a favor de MALDEF durante su caso contra la ciudad de Texas de Farmers Branch, que aprobó una ordenanza que habría castigado a los propietarios por alquilar vivienda a las personas en función de su estado migratorio.
"Estas son las lecciones de vida que te enseñan a no predecir lo que podría hacer el Quinto Circuito o cómo podrían decidir un caso", dijo.