La muerte no es justicia

Washington— Cada nuevo detalle sobre el presunto pistolero que desató una masacre en la Marjory Stoneman Douglas High School hace más evidente que Nikolas Cruz sufría de una enfermedad mental.

Cada nuevo detalle –el más reciente es la recomendación de que se le internara en un psiquiátrico contra su voluntad dos años antes del tiroteo masivo– aclara el alcance y la gravedad de su enfermedad.

Y cada nuevo detalle cuestiona aún más la decisión de un fiscal de Florida de buscar la pena de muerte en lo que promete ser un juicio costoso y agonizante en lugar de aceptar una declaración de culpabilidad que encarcelaría a un joven enfermo por el resto de su vida.

Menos de un mes después de la masacre de Parkland, Florida, que mató a 17 personas, Michael Satz, el fiscal del condado de Broward, anunció planes de buscar la ejecución del sospechoso de 19 años.

Anteriormente había calificado los tiroteos masivos del 14 de febrero como “el tipo de caso para el que se diseñó la pena de muerte”, y en un informe judicial calificó el crimen de “especialmente atroz o cruel”.

El horror de ese día no tiene justificación. Entonces, también, es la necesidad de consecuencias legales serias. El pistolero –y los abogados de Cruz no discuten su culpabilidad– nunca más debe estar en posición de dañar a los demás. Pero ¿matarlo servirá a la justicia? Incluso los defensores de la pena de muerte (que decididamente no lo somos) están en apuros para justificar su uso en aquellos que padecen enfermedades mentales.

La vida de Cruz estaba repleta de problemas de comportamiento y salud mental. De acuerdo con los registros médicos, su madre (desde que falleció) dijo que le habían diagnosticado un trastorno por déficit de atención / hiperactividad, autismo y trastorno obsesivo compulsivo.

Se recomendó que lo enviaran a un centro de tratamiento residencial en 2013; en 2016, después de hacer amenazas de atentar contra sí mismo y a los demás, los funcionarios escolares consideraron, pero no buscaron su internamiento involuntario. Fue una de las muchas oportunidades perdidas por agencias gubernamentales alertados de sus tendencias antisociales.

Probablemente tomará tres años antes del inicio del ensayo, que sería sólo un paso en un arduo proceso legal que costaría millones de dólares. En el caso de una sentencia de pena de muerte, habría largas apelaciones, con Cruz en el centro de atención. ¿Eso beneficiaría a las víctimas y sus familias? ¿Cómo ayudaría eso a la comunidad? ¿No sería mejor invertir el tiempo y el dinero en arreglar los sistemas que fallaron a Cruz y sus víctimas?

Satz debería reconsiderar su decisión y aceptar una declaración de culpabilidad, que sería lo último que se supo de Cruz.