Deportan a más… por faltas viales
Conducir sin licencia convierte a indocumentados en blanco de agencias federales
Las deportaciones de inmigrantes indocumentados detenidos por delitos menores, como no poseer una licencia de conducir, se han disparado, de acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Syracuse que analiza los datos del programa Comunidades Seguras. Esta situación pone en estado de alerta a los defensores de los derechos de los inmigrantes.
El reporte indica que 2 mil 364 personas fueron deportadas por cometer una infracción de tráfico durante el 2017, lo que significa un aumento del 138 por ciento en comparación a las deportaciones hechas durante el 2016 que sumaron sólo mil 323.
“Esta es una situación que nos preocupa profundamente puesto que dicha aplicación de las leyes es la consolidación de la criminalización de los inmigrantes que hemos visto ocurrir durante los últimos años”, explicó Robert Heyman, integrante de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos.
Así mismo agregó que dicha aplicación de las leyes “facilita el camino para la visión existente sobre el beneficio de la deportación de inmigrantes ilegales”, explicó Heyman.
El análisis compara el período de febrero a octubre de 2017 con el año fiscal del 2016, ninguno de los delitos con la mayor tasa de aumento en las expulsiones involucró delitos graves.
Las principales 10 categorías de ofensas donde las remociones de Comunidades Seguras crecieron más rápido desde que el Presidente Trump asumió el cargo fueron generalmente ofensas de tráfico.
Según Heyman la susceptibilidad a la deportación por la comisión de delitos menores tendrá efectos negativos en todas las comunidades.
“La gente ya no confiará en la Policía ni en los oficiales que se supone están ahí para protegerlos, esto es claramente una política vengativa en contra de los inmigrantes”, añadió.
El programa Comunidades Seguras fue creado por el presidente George W. Bush en 2008 y busca una reconciliación entre la aplicación de la ley en los tres niveles de gobierno.
El proyecto alcanzó su punto máximo bajo el presidente Barack Obama en 2012 con 83 mil deportaciones, antes de que reemplazara el programa en 2014 para enfocarse solo en criminales serios.
Las políticas de la Administración de Obama pedían que se diera prioridad a la expulsión de inmigrantes que habían cometido crímenes particularmente graves. Sin embargo, fue el presidente Donald Trump quien reincorporó el programa el año pasado diciendo que el enfoque se centraría “en todos los inmigrantes ilegales, sin importar cuán grave sea el crimen”.
Es por esto que ICE abolió estas prioridades y expandió su enfoque para abarcar esencialmente a cualquier inmigrante que estuviera presente en los Estados Unidos sin documentos que lo autorizaran a estar en este país, informa el reporte.
El aumento desmedido en el estado de Texas se produjo después de que el año pasado se aprobó la ley SB4, que permite a los oficiales de policía y sheriffs del condado preguntar a un detenido su estado migratorio, incluso durante una multa de tráfico.
La administración de Trump dice que este tipo de asociaciones son clave para librar al país de inmigrantes ilegales que son criminales violentos.
El siguiente aumento más alto en el porcentaje fueron las personas acusadas de crímenes de orden público, conducta desordenada y falta de comparecencia ante el tribunal.
Joel Ramirez es un inmigrante del estado de Oaxaca que vive en esta ciudad y aunque su estadía legal se encuentra en proceso dice sentirse preocupado ante la posibilidad de ser deportado por una simple infracción de tráfico.
“Cuando tengo trabajo procuro
andar lo más cauteloso posible porque no quiero dar motivos para que me deporten”. Ramirez dijo también que vive atemorizado de verse involucrado en un accidente de tráfico. “Hay veces que mejor le dijo a mis patrones que pasen por mí y así me evito problemas”, declaró.
La Red Fronteriza hace énfasis en la necesidad de que las personas
se eduquen y conozcan sus derechos. “Todas las personas, independientemente de donde vengan, tienen derechos en este país bajo la cuarta enmienda de la Constitución”, agregó Heyman.
Dicha enmienda protege el derecho de las personas a estar seguros, y de no ser sometidos a registros e incautaciones irrazonables sin una orden de una corte.