Padres frenéticos abarrotan cortes en la frontera
McAllen, Texas — Las palabras “todos de pie” aún resonaban en la luminosa corte en el sur de Texas la semana pasada cuando Peter Ormsby se acomodó indecorosamente en su asiento.
“Buenos días”, dijo el juez de paz de 62 años a manera que la corte se llenaba con el tintineo de los grilletes de los acusados al momento que estos volvían a tomar asiento.
“Estamos aquí para atender un número de casos de delito en los que se sostiene que los acusados violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
Sentados frente a Ormsby estaban 71 desaliñados inmigrantes que fueron capturados cruzando el Rio Grande.
El número de acusados se ha disparado tras la implementación de las severas medidas del presidente Donald Trump contra la nueva oleada de inmigrantes ilegales. Pero la masiva audiencia no fue tan notoria por su tamaño, sino por aquellos incluidos entre los acusados: padres de familia.
Por primera vez, las cortes federales por todo el suroeste de Estados Unidos están siendo invadidas con madres desconsoladas y padres que han sido acusados del delito menor de entrada ilegal al país y han quedado separados de sus hijos —un cambio en la política de la administración como manera para detener a las familias de que intenten llegar a Estados Unidos, pero descrito por sus críticos como una experiencia traumática e inhumana.
El mes pasado un padre hondureño que fue separado de su esposa y de su hijo de tres años se quitó la vida en una cárcel del Texas, según reportó el Washington Post el sábado.
Tan sólo en McAllen, 415 menores han sido separados de sus padres entre el 21 de mayo y el 5 de junio, de acuerdo con defensores federales públicos.
Ahora, en la mañana del 6 de junio, otros 14 padres de familia de Centroamérica enfrentaban una agonizante decisión con inciertas consecuencias.
Podían declararse culpables con la esperanza de acelerar el proceso y poder reunirse con sus hijos, pero con ello pondrían el riesgo sus oportunidades de recibir el asilo político en Estados Unidos. O podrían declararse inocentes e irse a un juicio, un proceso que podría tomar días o semanas y prolongar el periodo de separación de sus hijos.
A siete millas de México, en medio de la maleza del desierto, en el hogar de las más ajetreadas rutas de contrabando en la frontera, la corte federal en la Torre Bentsen se ha convertido en uno de los angustiosos epicentros de la separación de las familias.
El miércoles por la mañana, la evidencia de ello fueron las lágrimas en los rostros de aquellos padres de familia.
Muchos de ellos se aferraban a unos volantes con un número telefónico al que podían llamara para intentar localizar y recuperar a sus hijos de los abarrotados refugios federales donde están siendo albergados.
A manera que Allison Moody, una abogada y asistente especial federal, leía los cargos en contra de los inmigrantes, estos se pusieron de pie, uno por uno, frente al juez de paz para presentar su declaración.
“Culpable”, dijeron, una y otra vez. Para las 10:30, la corte llevaba 56 declaraciones de culpable.
Pero cuando llegaron al número 57, Diego Nicolás Gaspar titubeó.
El guatemalteco, quien venía huyendo de la violencia y la pobreza en su país, cruzó el Rio Grande en una balsa un día antes junto con su hijo, sólo para que agentes de la Patrulla Fronteriza le quitaran al niño de 11 años.
Ahora temía que si se declaraba culpable, sería deportado sin su hijo.
“No culpable”, dijo con incertidumbre.
Mientras que Ormsby se preparaba para determinar una fecha para el juicio la semana entrante, la abogada de inmigración intercedió.
“Su señoría, él fue separado de su hijo”, dijo la defensora pública federal Azalea Alemán-Bendiks.
“Nosotros preferiríamos de que él no continuara bajo custodia debido a que viaja con su hijo de 11 años. Fue separado de él y si no regresa hoy, las probabilidades de que pueda reunirse con él disminuirán”.
Mientras ella consultaba con Nicolás Gaspar, quien aún vestía los mismos tenis enlodados y la camisa manchada que vestía cuando fue detenido, el inmigrante, de casi 30 años, comenzó a sollozar.
Ella le dijo que la mejor oportunidad que él tenía de volver a ver a su hijo era que debía declararse culpable.
“Culpable”, dijo entonces al juez, cuando la audiencia fue reanudada minutos después. “Culpable. Culpable”, repitió.