Satura tribunales federales política de ‘cero tolerancia’
Tucson, Arizona — Llenaron la sala en filas de siete en siete para recibir una dosis de justicia acelerada: en menos de un minuto y en rápida sucesión, cada migrante se declaraba culpable de entrar ilegalmente a Estados Unidos y recibía una sentencia.
En su mayoría, eran hombres centroamericanos y mexicanos, muchos de ellos todavía con la ropa sudorosa y polvorienta que llevaban cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza los arrestaron.
Se veían desorientados, cansados y resignados a su destino, muchos de ellos acababan de completar la ardua caminata por el sofocante desierto mexicano. Algunos dejaron caer la cabeza al escuchar al juez.
“Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Velasco, el juez asignado para llevar a cabo este procedimiento. Ustedes cuentan con la representación de un abogado sin costo porque se les acusa del delito penal de entrar ilegalmente al país”, dijo el juez a los acusados.
Luego se dirigió a los abogados: “Defensores, ¿sus clientes tomaron la decisión de renunciar a su derecho a un juicio y declararse culpables?” Los abogados respondieron al unísono: “Sí, su señoría”.
Los tribunales cercanos a la transitada frontera en el sur de Arizona siempre se habían encargado de procesar casos de inmigración, contrabando y narcóticos, que son el pan de cada día de la justicia fronteriza. Sin embargo, la nueva política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que exige el procesamiento penal de todos aquellos a los que se detenga cruzando la frontera ilegalmente, ha inundado rápidamente los juzgados en materia penal desde Texas hasta California.
Los procesos penales federales de migrantes arrestados a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos han aumentado un 30 por ciento en abril desde marzo, según el Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (el TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Siracusa, que supervisa los casos. Casi un 60 por ciento de todos los procesos penales federales en abril se debieron a violaciones migratorias, según revelan sus registros.
En Arizona y Texas se han llevado a cabo desde hace años audiencias migratorias con varios acusados. La impartición de justicia en masa, conocida como Operación Streamline, comenzó con el presidente George W. Bush y continuó con el presidente Barack Obama a medida que aumentaron las deportaciones y otros casos relacionados con la inmigración. No obstante, la nueva política del gobierno de Trump de procesar casos que anteriormente no solían ser una prioridad está llevando a miles de nuevos acusados ante el sistema de juzgados federales.
Los tribunales cercanos a la frontera en el sur y el oeste de Texas están repletos de detenidos inmigrantes. En Pecos, una ciudad a unos 321 kilómetros de El Paso, un empleado judicial capturó recientemente en una fotografía a unos 40 migrantes esposados y con overoles anaranjados que llenaban el área del jurado y formaban una línea que se extendía de un extremo a otro de la habitación.
En el Distrito Sur de Texas, la cantidad de casos derivados de la Operación Streamline es el doble de lo que era hace dos meses. En Tucson, en lo que va del año, el tribunal ha procesado 6519 de esos casos, en comparación con 10 mil 869 en todo 2017.
Velasco, el juez magistrado en Tucson, fue recorriendo la fila en su juzgado un lunes hace poco, mencionando el nombre de cada migrante y preguntándole si se declaraba culpable. “Sí”, respondió Wil Yobani, el primero en la fila, en español; “Sí”, dijo el segundo, Sergio Rafael de León; “Sí”, dijo Mónica García, y así continuaron hasta llegar al número siete, Tránsito Abel.
En cuanto terminó con este grupo, entraron los siguientes siete acusados, acompañado de policías federales. El juez, con una voz monótona y grave, repitió el guion.
Esta no es la primera vez que se ha implementado una política de “cero tolerancia” en Arizona. Cuando las autoridades migratorias federales lanzaron la Operación Streamline en el estado en 2008, se procesó penalmente a todos los migrantes, incluyendo a aquellos que entraban ilegalmente al país por primera vez.
Sin embargo, hasta hace poco no se procesaba a la mayoría de los primodelincuentes, aunque se les podía enviar a los tribunales migratorios para audiencias de deportación o de asilo.
La mayoría de los casos que llegaban a los tribunales federales para procesamiento penal eran de personas a las que habían aprehendido al menos en dos ocasiones anteriores o que habían cometido un delito grave. Ahora, todo eso ha cambiado. “Muchos están llegando a la frontera por primera vez y se les está sometiendo a proceso”, comentó Raúl Miranda, el abogado privado con la mayor antigüedad pagado por el gobierno para fungir como representante de los acusados en la Operación Streamline del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aquí en Tucson.
Los procesos penales federales de migrantes han aumentado un 30 por ciento