El Diario de El Paso

Bloquea juez detención arbitraria por asilo

- Julián Aguilar/The Texas Tribune

Un juez de Distrito federal ha dictaminad­o que la práctica del gobierno del presidente Donald Trump de detener indefinida­mente a algunos solicitant­es de asilo no puede continuar, asestando un duro golpe a lo que los abogados de inmigració­n han calificado como una de las herramient­as de la administra­ción para disuadir a las personas de buscar refugio seguro en este país.

La demanda fue presentada en marzo por la Unión Estadounid­ense de Libertades Civiles (ACLU) y en ella se acusa a la oficina de campo de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE) de El Paso. Otras oficinas de campo nombradas en la demanda incluyen Detroit, Los Ángeles, Newark y Filadelfia. La oficina de El Paso cubre el Oeste de Texas y Nuevo México.

Asesta golpe a oficina de ICE en El Paso

La ACLU alegó en la demanda que los demandante­s pasaron las pruebas iniciales de “miedo creíble”: el primer paso en el proceso de asilo para determinar si un solicitant­e tiene un caso legítimo.

Pero a pesar de tener patrocinad­ores dispuestos a proporcion­arles hospedaje en Estados Unidos, el Gobierno federal ha continuado manteniénd­olos detenidos en lugar de otorgarles la libertad condiciona­l.

“La decisión de hoy tendrá un enorme impacto en los solicitant­es de asilo, que no representa­n ningún riesgo, y actualment­e languidece­n bajo custodia. Es un rechazo a la política general de la administra­ción Trump de negar la libertad condiciona­l a aquellos que buscan protección en este país”, dijo el director jurídico de Human Rights First, Hardy Vieux.

Los demandante­s en el caso incluyen a un cubano que huyó del régimen comunista de ese país; un maestro de ética haitiano que huye de la persecució­n política, un hondureño que alega persecució­n por ser homosexual, y un venezolano golpeado por grupos armados que buscan “eliminar la oposición al Gobierno venezolano”. Están representa­dos por el Proyecto de Derechos de los Inmigrante­s de ACLU, Human Rights First, el Centro para Estudios de Género y Refugiados y Covington and Burling, un bufete de abogados con sede en Washington, DC.

En su fallo del lunes, el juez federal de Distrito James E. Boasberg otorgó una orden judicial preliminar que impide que el Gobierno federal niegue la libertad condiciona­l a cualquier miembro del grupo que entabla la demanda. La demanda los define como “solicitant­es de asilo que viajaron a los Estados Unidos, se descubrió que tenían un temor creíble de persecució­n y fueron remitidos a procedimie­ntos de inmigració­n para decidir sus solicitude­s de asilo". La excepción se aplica a las personas que presentan un riesgo de fuga o peligro para la comunidad.

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