Brett Kavanaugh, un candidato conservador a la Corte Suprema
En temas como aborto, portación de armas y disputas políticas y comerciales, el nominado favoreció con frecuencia a las corporaciones y al Gobierno
Nueva York— El juez nominado por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, ha ejercido desde hace más de diez años la filosofía del movimiento legal conservador al tiempo que se forjaba una carrera en la poderosa Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
En temas tan diversos que van desde el aborto y los derechos a la portación de armas hasta las disputas respecto de políticas de seguridad nacional y regulaciones comerciales, Kavanaugh enfatizó los límites textuales y con frecuencia favoreció a las corporaciones frente a los reguladores, y al Gobierno frente a los individuos que reclamaban violaciones a sus derechos. Salvo en unas pocas excepciones, sigue el patrón típico de un conservador.
Claro que el historial de Kavanaugh como juez no es una guía perfecta del enfoque que tendrá en la Corte Suprema si ocupa la vacante que dejó con su retiro el juez Anthony Kennedy, para quien Kavanaugh trabajó alguna vez. Los jueces de las cortes de apelaciones deben obedecer las decisiones judiciales de la Corte Suprema, pero los magistrados tienen la libertad de votar por la revocación de fallos pasados.
Sin embargo, el historial de Kavanaugh –especialmente en casos en los que no estuvo de acuerdo con sus colegas– ofrece pistas del tipo de juez que sería si el Senado lo confirma.
A continuación, presentamos algunos de los temas y casos más destacados que ha abordado; muchos surgieron de disputas sobre el alcance y los límites del poder que tiene el Gobierno federal.
Derecho al aborto
En un caso del otoño pasado que llamó la atención de manera generalizada, la Corte de apelaciones votó para permitir que una joven sin papeles de 17 años que estaba recluida en un centro de detención para inmigrantes pudiera abortar de inmediato; el Gobierno de Trump había querido que primero la llevaran con un consejero adulto para que recibiera orientación.
Kavanaugh se inconformó. Escribió que, aunque la Corte de apelaciones debe obedecer los fallos de la Corte Suprema que mencionan que la Constitución protege el derecho de una mujer a abortar, esos precedentes dejaban espacio para que el Gobierno implementara “regulaciones razonables que no impusieran una carga excesiva”.
Kavanaugh acusó a la mayoría de haber inventado de forma equivocada “un nuevo derecho para que las menores inmigrantes ilegales que se encuentran en los centros de detención del Gobierno estadounidense puedan abortar de forma inmediata cuando lo soliciten”.
Religión
En 2015, Kavanaugh no estuvo de acuerdo con sus colegas en un caso sobre una parte de la Ley de Atención Médica Asequible que solicitaba que las aseguradoras cubrieran la anticoncepción. Conforme a la ley, los empleadores debían ofrecer seguro médico a sus trabajadores o pagar una multa. No obstante, los empleadores que se oponen a la anticoncepción por motivos religiosos pueden evadir el requisito si entregan una solicitud para no cumplirlo a sus aseguradoras, las cuales entonces deben cubrir la anticoncepción de los trabajadores sin cargo para los empleadores.
Por otro lado, en un caso de 2010, algunos ateos impugnaron que se dijera un rezo en las inauguraciones presidenciales y la frase “Juro por Dios” cuando el presidente estadounidense asume el cargo. Un pánel de tres jueces descartó la demanda. Sin embargo, aunque los otros dos jueces sólo señalaron que los demandantes no tenían legitimación, Kavanaugh opinó sobre los méritos.
Ratificó la práctica como constitucional, al citar como fundamento el principio que indica que el discurso religioso que promueve el gobierno o los rezos en eventos públicos donde existe la tradición de decirlos no violan la prohibición de la cláusula de establecimiento de religión de la Primera Enmienda, siempre y cuando los rezos “no hagan proselitismo (intenten convertir) ni busquen sacar alguna ventaja”.
Portación de armas
Kavanaugh tuvo una opinión más amigable que sus colegas sobre los derechos de las armas en un caso de 2011 que surgió de una impugnación a una ley del Distrito de Columbia que obligaba a los propietarios de armas a registrarse y prohibía la posesión de rifles semiautomáticos. A pesar de que la Corte de apelaciones ratificó los límites como permisibles ante la Constitución de acuerdo con la Segunda Enmienda, Kavanaugh se inconformó.
Escribió que, aunque el Gobierno podía prohibir las metralletas automáticas, restringir el uso de rifles semiautomáticos debía ser inconstitucional porque “tradicionalmente no se han prohibido y su uso es común entre ciudadanos que respetan las leyes y los utilizan en defensa propia en sus casas, para cazar y para otros usos legales”. Del mismo modo, Kavanaugh mencionó que, debido a que tradicionalmente no era común solicitar el registro para todas las armas adquiridas legalmente, ese fallo también debía anularse.
El control presidencial sobre agencias
Kavanaugh también ha expresado escepticismo sobre las medidas del Congreso que permiten que agencias del poder ejecutivo operen con algún grado de independencia de la Casa Blanca. En un caso de 2008, la Corte de apelaciones ratificó la estructura del Consejo de Supervisión de Contabilidad de las Empresas Públicas, cuyos miembros fueron nombrados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y solo la SEC podía quitarlos del cargo por alguna razón justificada.
Sin embargo, Kavanaugh presentó una inconformidad, con el argumento de que lo anterior “elimina de forma efectiva cualquier poder presidencial para controlar” las funciones regulatorias y de cumplimiento de la ley del consejo.
Posteriormente, la Corte Suprema coincidió en parte con él, al votar 5-4 a favor de anular las limitaciones para despedir a miembros del consejo, pero no las disposiciones para realizar los nombramientos. Además, este mismo año, su Corte de apelaciones ratificó una ley que limita la discreción del presidente para despedir al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, quien tiene un periodo fijo de cinco años y sólo puede ser removido de su cargo por alguna razón justificada. Kavanaugh presentó una inconformidad, con el argumento de que era inconstitucional que el director tuviera tanta independencia del control de la Casa Blanca.
Detenidos por terrorismo
En varios casos importantes que solicitaron detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo, por lo general Kavanaugh apoyó al Gobierno. En casos de habeas
corpus, por ejemplo, interpretó de forma amplia el poder del Ejército para mantener a las personas en centros de detención de tiempos de guerra incluso cuando la evidencia de sus presuntos lazos con terroristas fuera relativamente débil.
Entre estos casos estuvo uno en 2010, en el cual Kavanaugh fue parte de un pánel de tres jueces que mantuvo en custodia a un detenido yemení, después de revertir la orden de un juez de primera instancia. Ese caso estableció un precedente: las cortes deben considerar una serie de evidencias aunque cada una sea dudosa al verla aislada. El enfoque dificultó mucho más que los detenidos ganaran casos de habeas corpus.
Además, en cuanto a asuntos de comisiones militares, en una inconformidad que presentó en 2014, Kavanaugh argumentó que la Corte de apelaciones no tenía la jurisdicción para escuchar impugnaciones que presentaran acusados antes de que el tribunal emitiera un veredicto final.
En 2016, en un caso complicado en el que se ratificó la condena de un acusado por un cargo de conspiración, a pesar de que la conspiración no es un crimen de guerra reconocido a nivel internacional, Kavanaugh fue más allá del razonamiento de algunos de sus colegas y escribió que el derecho internacional no se puede imponer en una Corte para limitar la relación que tienen el Congreso y el presidente con los tribunales.
Regulaciones climáticas y empresariales
En repetidas ocasiones, Kavanaugh ha desafiado el poder de las agencias administrativas en el momento en que estas emiten regulaciones que impugnan las industrias. En un artículo sobre asuntos legales, Kavanaugh denigró la llamada doctrina Chevron, según la cual las cortes deben mostrar deferencia ante la interpretación que haga una agencia sobre el poder de estas en donde un estatuto sea ambiguo, siempre y cuando la interpretación sea razonable.
En varios casos, Kavanaugh ha tenido menos disposición que sus colegas para decidir que, de conformidad con la ley, las agencias tenían el poder de regular un tema que el Congreso no había previsto.
El año pasado, se inconformó con un fallo que ratificaba las reglas de neutralidad de la red para el Internet que había promulgado la Comisión Federal de Comunicaciones durante la era de Obama, a las cuales se oponían las firmas de telecomunicaciones.
Además, ha mostrado un escepticismo reiterado ante las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que intentan solucionar el problema de las emisiones de gas de efecto invernadero por medio de una ley de aire limpio que se redactó antes de que el cambio climático se volviera una de las principales preocupaciones a nivel político.
Por ejemplo, en un caso de 2012 en el que el pánel de una Corte de apelaciones ratificó ciertas regulaciones a las emisiones de gas de efecto invernadero que se publicaron durante el gobierno de Obama, Kavanaugh se inconformó y argumentó que la EPA había sobrepasado la autoridad que le había otorgado el Congreso. “La tarea de hacer frente al cambio climático es urgente e importante”, escribió, pero “la evaluación de un tribunal sobre el cumplimiento de los límites estatutarios de una agencia no depende de si la política es buena o si las intenciones son laudatorias”.