Concluyen reencuentros sin reunir a las familias
Austin— La primera calificación es para los esfuerzos que hizo el gobierno federal para reunir a las familias que separó en la frontera de Estados Unidos con México. Pero no es alentadora. De los 103 niños menores de 5 años que se supone iban a ser reunidos con sus familias en esta semana, de acuerdo a una orden de la corte, 57 volvieron a estar con las personas con las que venían cuando llegaron al país.
En un boletín de prensa titulado “La administración Trump concluye el reencuentro de niños menores de 5 años que eran elegibles”, oficiales federales dijeron que 46 niños “no fueron elegibles para regresar con sus padres”.
Eso deja por ahora a los niños en manos del gobierno federal y pronto podrían estar acompañados de cientos más.
Los tres departamentos federales que están involucrados en este asunto –Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional y Justicia– dieron buenas razones por las que esos niños no fueron elegibles.
Sin embargo, si la lógica de esos primeros 103 casos es proyectada a los restantes 2 mil o 3 mil menores que están en espera de ser reunidos con sus familias –es decir, si esos resultados son un indicativo de lo que le espera al resto de las familias separadas en la frontera– de 800 a mil 300 niños serán catalogados como no elegibles para ese reencuentro.
Al igual que los 46 pequeños del primer grupo, podrían seguir separados y estar bajo el cuidado del gobierno federal después de la fecha límite para la reunión con sus padres.
Ellos integrarían un tipo diferente de “Dreamers” de los que los políticos estuvieron argumentando hace apenas unos meses.
En lugar de niños de inmigrantes indocumentados que fueron criados en este país sin tener conocimiento del asunto, esos niños a los que separamos de sus familias y mantenemos en los centros de detención o bajo el cuidado estatal en Estados Unidos, tampoco podrán decir algo al respecto.
Al perseguir a los adultos, seguimos castigando a los niños.
Al parecer, el gobierno no estaba enterado cuando separó a los adultos y niños en la frontera, sin embargo, los oficiales aseguran que tienen buenas razones para no reunirlos a todos:
“Veintidós niños fueron considerados no elegibles debido a problemas de seguridad que representan para ellos los adultos en cuestión: 11 adultos tienen un pésimo historial criminal, han sido acusados o condenados por crueldad infantil, secuestro, homicidio, contrabando humano, violencia doméstica, etc., se determinó que 7 adultos no eran padres, un adulto tenía una acta de nacimiento falsificada, un adulto abusó de un niño, un adulto tenía planeado albergar en su casa a un niño con otro adulto acusado de abuso sexual de menores, y un adulto está siendo atendido de una enfermedad transmisible”.
Otras dos docenas no fueron elegibles, de acuerdo a las palabras utilizadas por el gobierno, por otras razones:
“Doce adultos fueron deportados y están siendo contactados, 9 adultos están bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos por otras ofensas, 2 adultos están bajo custodia en cárceles estatales por otros delitos, y la ubicación de otro adulto es desconocida desde hace más de un año”.
Esa no fue la razón por la que fueron separados de acuerdo a la política de “cero tolerancia” de la administración, sino que la razón es que no fueron regresados a las personas con las que llegaron al país.
Hay que creerle a todos por un momento y enfocarnos en lo que podría estar por venir. El juez de distrito Dana Sabraw originalmente estableció como fecha límite el 10 de julio –que fue el pasado martes– para reunir a los niños menores de 5 años, y el 26 de julio para reunir al resto de los niños, cuyo número asciende a 2 mil o 3 mil, dependiendo de quién estemos hablando.
Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo la semana pasada que hay menos de 3 mil niños en esta situación, aunque de acuerdo a una estimación anterior del gobierno, coloca ese número en más de 2 mil.
Hasta ahora, el índice de reencuentros es del 55.3 por ciento. El otro 44.7 por ciento de ese primer grupo no se reunió con sus padres, por todas las razones mencionadas arriba.
Si el juez Sabraw se mantiene apegado a las fechas que estableció, sabremos la respuesta final de este asunto en un par de semanas.
Si esos porcentajes se mantienen, de 800 a mil 300 niños seguirán bajo el cuidado del gobierno después de la próxima fecha límite.
Eso también significaría que de 200 a 300 adultos que estaban con ellos tienen pésimos historiales criminales, que 100 a 200 no eran sus padres, que 200 a 350 ha fueron deportados y que 175 a 260 están bajo custodia por haber cometido otras ofensas.
Oficiales de inmigración no sabían todo eso cuando separaron a las familias, pero ahora ya lo saben.
Después que identificaron al resto de los detenidos, tendrán que enfrentar el siguiente problema: ¿Qué van a hacer con todos esos niños?