Se podría sacar al hombre del corredor de la muerte

El terror comenzó con un allanamiento nocturno de morada y el apuñalamiento de una familia blanca, y se exacerbó cuando los ayudantes del alguacil arrestaron e incriminaron a un hombre negro por cargos de asesinato.

Esa es mi opinión, y ahora después de 35 años, el sistema de justicia en California quizá por fin esté reaccionando. Escribí por última vez acerca del caso hace dos meses, y hay una novedad esperanzadora: parece que el gobernador Jerry Brown sí permitirá el uso de pruebas avanzadas de ADN que pueden corregir una gran injusticia cometida por la policía, los fiscales, los jueces, los políticos y los periodistas.

Fue un crimen terrible: los asesinatos por apuñalamiento al estilo Manson en 1983 de Doug y Peggy Ryen, ambos de 41 años; de su hija de 10 años, Jessica, y de un vecino de 11 años, Chris Hughes. A Josh, el otro hijo de los Ryen, le cortaron el cuello y lo dieron por muerto.

Josh, que tenía 8 años en ese entonces, en un principio identificó a varias personas blancas como los asesinos; varios testigos vieron a tres personas blancas después del ataque en un vehículo que, al parecer, era el auto robado de los Ryen, y una mujer reportó a la Policía que sospechaba que su novio, un hombre blanco condenado por asesinato y liberado de prisión hacía poco, había participado en el crimen.

Les dio a los ayudantes del alguacil los overoles ensangrentados que había usado esa noche, y ellos los tiraron a la basura.

En cambio, los agentes arrestaron a Kevin Cooper, un hombre negro de 25 años, y como no pudieron encontrar huellas digitales ni cabello que lo vincularan con la escena del crimen, comenzaron a plantar evidencia, o al menos eso concluyeron cinco jueces de apelaciones federales. Cooper recibió una sentencia de muerte después de un juicio manchado por un racismo descarado.

Así que Cooper ha pasado más del 80 por ciento de su vida adulta tras las rejas por un asesinato brutal a pesar de que jueces federales, decanos de escuelas de derecho, veteranos del FBI y un ex presidente de la Barra Estadounidense de Abogados dicen que bien podría ser inocente.

Sin embargo, funcionarios californianos, entre ellos Brown y muchos otros, se rehusaron a permitir el uso de pruebas avanzadas de ADN, aunque los abogados de Cooper las pagaran. He escrito acerca del caso de Cooper en repetidas ocasiones durante ocho años, y en mayo finalmente escribí la que podría ser la columna más larga en la historia de The New York Times, una obra de periodismo visual que muestra la evidencia de que la oficina del alguacil del condado de San Bernardino le tendió una trampa a Cooper y que políticos demócratas y republicanos por igual bloquearon las pruebas de ADN que podían probar su inocencia.

Eso parece haber reventado una presa. El papa Francisco envió una carta a través de su representante al gobernador. Los diarios The Angeles Times y San Francisco Chronicle publicaron editoriales en las que se hacía un llamado a Brown para que permitiera las pruebas de ADN.

La senadora Dianne Feinstein respaldó las pruebas, al igual que la senadora Kamala Harris, quien me dijo que se arrepentía de no haberlas permitido cuando era fiscal general de California. Hasta Kim Kardashian habló al respecto en varios tuits.

Ahora, en una carta enviada por un asesor, Brown les ha hecho preguntas prácticas a los abogados de Cooper acerca de cómo proceder: qué laboratorio debe hacer las pruebas, precisamente qué métodos se utilizarían y si las pruebas también podrían comparar cualquier ADN encontrado con el de los sospechosos blancos que, según la defensa, son los verdaderos criminales.

“Todo ha progresado bastante con esa carta”, dijo Norman Hile, quien ha trabajado sin remuneración defendiendo a Cooper durante 14 años. “Estamos mejor de cómo estábamos. Nos alienta que estén considerando realizar las pruebas y creemos que podemos convencerlos de hacerlo”.

Una pieza crucial de evidencia que se pondría a prueba es una camiseta manchada con la sangre de los Ryen, porque las pruebas de “ADN de contacto” o “ADN de portador habitual” podrían establecer quién la usó. También hay cabellos encontrados en las manos de las víctimas que aún deben ser objeto de pruebas: cabellos rubios o castaños. Una toalla anaranjada que presuntamente fue utilizada por los asesinos no ha sido examinada en absoluto.

Como columnista, me ha parecido extraño, y quizá aún le parezca extraordinario al lector, haber dedicado tanto espacio a lo largo de los años al caso de un sólo hombre en espera de su ejecución, aunque sea inocente. Pero este caso también es una ventana hacia un problema más amplio y un sistema judicial penal que oprime particularmente a los indigentes.

Por lo menos 162 personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos han sido exoneradas desde 1973, y un estudio académico calculó que el 4.1 por ciento de las personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos quizá sean inocentes. Eso sugiere que cerca de 115 personas que ahora esperan su ejecución en todo el país fueron acusadas erróneamente.

En los casos en que la gente ha sido exonerada, la ciencia ha sido su salvadora —sobre todo las pruebas de ADN, invocadas por abogados heroicos y organizaciones sin fines de lucro—, mientras que los tribunales, los políticos, las agencias policiales y los medios no han sido firmes (con algunas excepciones) para rectificar estas injusticias.

¿Es posible que me equivoque acerca de la inocencia de Cooper? Desde luego.

Así que pongamos a prueba la evidencia y averigüemos la verdad antes de que el Estado lo ejecute. Agradezco a todos los que alzaron la voz, desde el papa hasta Kardashian, y esperemos que Brown permita que se hagan las pruebas de ADN pronto.

Apuesto a que las pruebas no sólo liberarán a un hombre inocente, sino que también destaparán la corrupción policiaca y un sistema penal que a menudo no tiene nada que ver con la justicia.