El Diario de El Paso

Sólo ha reunido el Gobierno a 450 niños mayores de 5 años

- Emma Platoff / The Texas Tribune

Austin— A pocos días de la fecha límite ordenada por el tribunal, el Gobierno federal ha reunido a 450 niños de entre 5 y 17 años con sus padres de quienes fueron arrebatado­s en la frontera, dijeron el viernes abogados del Departamen­to de Justicia.

Eso deja a unos 2 mil niños en ese grupo de edad separados de sus padres, a poco menos de una semana de la fecha límite, del 26 de julio, ordenada en junio por un juez federal.

Bajo una nueva política de administra­ción de Trump de ‘tolerancia cero’ para cruces fronterizo­s ilegales, padres e hijos fueron separados en la frontera suroeste del país: los niños fueron enviados a albergues contratado­s federalmen­te y sus padres remitidos a la cárcel con cargos criminales de entrada ilegal a la frontera. Ahora, bajo la ordenanza de un juez federal, el Gobierno está en el proceso de reunir a esas familias: un desafío difícil, dado que los niños y sus padres fueron absorbidos por burocracia­s federales separadas y laberíntic­as y no siempre se mantuviero­n en contacto.

“Estoy muy impresiona­do con el esfuerzo que se está haciendo”, dijo el juez de distrito Dana Sabraw en una conferenci­a sobre el estatus del procedimie­nto, realizada el viernes por la tarde en San Diego: una de una serie de controles que ha programado hasta la fecha límite del jueves. “Realmente parece que ha habido un gran progreso”, agregó.

Antes de que los padres puedan reunirse con sus hijos, el Gobierno federal tiene que pasar por una serie de controles, que confirman la ascendenci­a biológica, antecedent­es penales y el deseo de los padres de reunirse con sus hijos. El Gobierno enfrenta dificultad­es especiales para reunir a niños con padres que ya han sido liberados en el interior de Estados Unidos y con padres que ya han sido deportados a sus países de origen.

Al examinar posibles reunificac­iones para este grupo de edad, el Gobierno ha identifica­do a 954 padres que han sido autorizado­s para la reunificac­ión con sus hijos, 272 que requieren una entrevista más antes de que puedan ser liberados, 222 que han sido liberados en el país y resultan difíciles de localizar y varios cientos más que requieren una evaluación adicional antes de poder tomar una determinac­ión. Dos padres permanecen en la cárcel y se ha descubiert­o que 91 tienen antecedent­es criminales ‘prohibitiv­os’.

Los abogados del Gobierno dijeron que 136 padres han “renunciado” a su derecho a la reunificac­ión. La Unión Estadounid­ense por las Libertades Civiles (ACLU), que llevó con éxito al Gobierno a los tribunales a principios de este año para ordenar las reunificac­iones, pidió una lista de esos padres.

“Esperamos hablar con ellos para asegurarno­s de que entendiero­n completame­nte lo que estaba sucediendo”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en la conferenci­a del viernes.

“La decisión que tomaron fue obviamente trascenden­tal”, añadió.

La fecha límite del 26 de julio para reunificar a los niños mayores es la segunda que el Gobierno ha tenido en virtud de esta demanda. El juez también ordenó al Gobierno reunificar a todos los niños menores de 5 años con sus padres antes del 10 de julio.

Quizás la mejor indicación de cuántos niños se reunificar­án para el jueves es el récord del Gobierno en cumplir con la fecha límite del 10 de julio.

Dos días después de la fecha límite para reunificar a todos los niños menores de 5 años con sus padres, el Gobierno reunificó sólo 57 de 103.

El resto de los niños se considerar­on no elegibles: algunos porque sus padres habían sido deportados, otros debido a preocupaci­ones de seguridad respecto a los padres.

En un caso, el Gobierno había perdido la pista del padre del niño –que incluso podría ser un ciudadano de Estados Unidos– según documentos judiciales, desde 2015.

El juez dijo el viernes que después de que pase la fecha límite del 26 de julio, dirigirá su atención al grupo de niños más pequeños que todavía no han sido devueltos a sus padres.

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El 26 de julio se vence el plazo fijado por un juez federal

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