Endurece Estados Unidos restricciones para otorgar asilo
Nueva York— Los secuestros y asesinatos en masa eran hechos cotidianos en la vida de Francisco Miguel-Francisco cuando era un hombre joven en Cerro Martín, un poblado en las zonas montañosas de Guatemala. Creció con el temor de las facciones en guerra que se peleaban el control de la región y que mataban sin dudarlo por “transgresiones” tan pequeñas como compartir comida o agua a quienes estaban en el otro lado de la batalla.
Desesperado, salió camino a Estados Unidos en 1984, donde obtuvo asilo. Ahora vive en Arizona como residente permanente junto con su hija de edad escolar.
Tres décadas después de que salió, su hijo Miguel, quien se había quedado en Guatemala, intentó seguir los pasos de su padre para huir de una vida que se había tornado intolerable. Miguel llegó a Arizona el 15 de mayo de 2018, pero la recepción que tuvo fue completamente distinta.
Fue acusado penalmente y arrestado por cruzar la frontera sin papeles migratorios. Su hija de 15 años, que lo había acompañado, fue llevada a otro estado y la familia no pudo localizarla durante más de un mes. Miguel sigue en un centro de detención migratorio y su abogado dijo que es muy probable que pronto le nieguen el asilo y sea deportado.
Las experiencias dispares de padre e hijo, que hicieron el mismo trayecto hacia lo que consideraban su salvación, dicen mucho sobre el sistema de asilo en Estados Unidos, que se ha transformado durante el gobierno de Donald Trump. Ambos hombres huyeron de una violencia e ilegalidad con la que, incluso si hubieran sobrevivido, queda amenazada cualquier expectativa de una vida estable.
Pero sus situaciones son juzgadas de otro modo en Estados Unidos. Mientras que quienes emigraron para escapar de gobiernos comunistas en Centroamérica durante la Guerra Fría fueron bien recibidos en los años ochenta, quienes llegaron ahora lo hacen en medio de una agenda geopolítica estadounidense distinta. Lo que los aqueja –la violencia pandillera, la brutalidad en casa y la pobreza– no son prioridades de seguridad nacional estadounidenses ni temas que se contemplaron cuando se redactaron las leyes de asilo.
Trump ha tomado varios pasos para reducir el sistema de refugio y para desincentivar a los solicitantes, al creer que Estados Unidos ha aceptado a demasiados extranjeros. Las medidas son parte de un plan más abarcador que se gesta en Washington para reformular la reputación de ese país como un sitio de protección que ha inspirado a generaciones de personas como Francisco y Miguel a emprender el viaje.
La propuesta más extrema hasta el momento reformularía el sistema al eliminar el uso de oficinas a lo largo de la frontera con México, los llamados puertos de ingreso, como centros para procesar solicitudes de asilo. Fue introducida en la primavera por líderes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con un funcionario del Gobierno que conoce el plan, y establecería que los solicitantes de refugio sólo pueden pedirlo desde el exterior. Eso implicaría que estén más tiempo en las condiciones de las que buscaban escapar.
El Gobierno también ha introducido nuevas guías para los funcionarios de asilo, los primeros que evalúan las solicitudes en la frontera, al indicarles que deben usar estándares mucho más estrictos al sopesar las afirmaciones de los solicitantes de a qué temen regresar si esas personas han intentado ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense.
“El asilo nunca fue pensado para aliviar los problemas, incluso problemas serios, que la gente enfrenta todos los días alrededor del mundo”, dijo el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, en junio al anunciar que ya no considerarán la violencia doméstica o de pandillas como fundamentos para pedir refugio.
Después de eso, Trump declaró en Twitter que quería el poder para inmediatamente rechazar a solicitantes antes de que pudieran comparecer ante jueces migratorios. “Cuando alguien llega debemos inmediatamente, sin jueces ni casos en tribunales, regresarlos al lugar del que llegaron”, escribió.
La intención parece ser enviarle un mensaje al mundo: Estados Unidos ya no está disponible como sitio de refugio.
“El asilo es para quienes huyen de alguna persecución, no quienes buscan un mejor trabajo, pero nuestro sistema está roto con fallos judiciales que lo debilitan, un acervo inmenso de casos y varios vacíos legales que permiten que los migrantes ilegales entren al país de cualquier manera y por cualquier razón que quieran”, sentenció la secretaria de Seguridad Nacional Kristjen Nielsen al Congreso estadounidense. “Esos fraudes al sistema son inaceptables”.
Hay más de 700 mil casos pendientes en las cortes migratorias de Estados Unidos; la gran mayoría son de personas de México y Centroamérica. Esa cifra, aunada a una falta de jueces, ha aumentado los tiempos de espera para casos de asilo y migratorios de otro tipo, que a veces tardan hasta dos años, en promedio, para decidirse, de acuerdo con datos de la Universidad Syracuse.
Uno de los golpes más fuertes a las peticiones de asilo llegó en junio, cuando Sessions echó para atrás el caso de Aminta Cifuentes, mujer guatemalteca que sufrió una década de abuso doméstico por parte de su esposo –con todo y quemaduras de ácido y golpes al estómago cuando tenía ocho meses de embarazo–. El bebé nació de manera prematura, ya con moretones.
Los abogados de Cifuentes dijeron que era víctima de una crisis más abarcadora para las mujeres en América Central. Presentaron varios reportes de grupos de defensa de derechos humanos como evidencia de que esta violencia de género era un problema sistémico que había sido ignorado por la Policía, y lograron convencer a un panel de jueces de que la existencia de una “cultura de machismo y violencia familiar” en Guatemala significaba que estas mujeres debían considerarse un “grupo social particular” en cuestiones de solicitudes de asilo.
En el pasado ya se habían aprobado pedidos similares de manera casuística y a discreción de cada juez. Pero después de que el Tribunal de Apelaciones sobre Inmigración estableció un precedente al dar visto bueno a la solicitud de Cifuentes, mujeres de todo el mundo comenzaron a meter solicitudes con el mismo argumento. Los abogados y jueces dicen que la violencia doméstica es uno de los argumentos más comunes en las cortes migratorias; pero el mes pasado se volvió un argumento inutilizable por la decisión de Sessions.
“El que un país tenga problemas en acatar ciertos delitos, como la violencia doméstica o de pandillas, o el que ciertas poblaciones sean más susceptibles a ser víctimas de un delito, no puede ser fundamento para un caso de asilo”, dijo el fiscal general, quien tiene el poder para guiar a los jueces migratorios respecto a cómo interpretar la ley.
De todas las solicitudes de asilo, que aumentaron en 1 700 por ciento entre 2008 y 2016, sólo una quinta parte son aceptadas por los jueces, según dijo Nielsen al Congreso. “Nuestra preocupación es que hay mucho fraude”, aseguró, al indicar que muchas personas viajan hacia Estados Unidos porque tienen la percepción errónea de que el asilo es para cualquiera.
“No significa que la petición sea fraudulenta, sino que crees que puedes solicitar, por ejemplo, para una reunificación familiar”, dijo. “Pero nuestras leyes no permiten que pidas refugio sólo por eso”.
En muchos albergues a lo largo de la frontera abundan las falsas esperanzas, en parte por la desinformación y en parte porque el deseo de conseguirlo se sobrepone. En Nogales, México, muchos solicitantes de asilo han estado durmiendo en el espacio que encuentren en espera de ser entrevistados por funcionarios respecto al papeleo y se muestran esperanzados de que conseguirán protección pese a las medidas de la Casa Blanca como la reciente separación de familias.
“Es doloroso verlo”, dijo Gilberto González, guardia de seguridad mexicano de 63 años que vigila algunos sitios donde están los solicitantes en Nogales. “No saben lo que les toca del otro lado”.
En Washington se han rebotado otras ideas para restringir las peticiones de asilo, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, como endurecer la prueba de “temor creíble” con la que se mide la fortaleza de una solicitud de asilo. Otro plan es mantener en detención a los solicitantes hasta que se resuelva su caso.
En Cerro Martín, de donde es la familia de Francisco y de Miguel, las amenazas quizá no sean tan visibles como en 1984, pero los riesgos aún existen.
El área alguna vez fue bastión de guerrillas durante la guerra civil; hoy, con ayuda de remesas de quienes huyeron durante ese conflicto, ha habido un crecimiento inmobiliario. Pero debido a esas mismas remesas personas como Miguel son muy susceptibles a ser extorsionadas por pandillas y cárteles, que abundan en la ciudad porque está sobre la principal ruta de contrabando de personas y drogas hacia México y Estados Unidos.
Dado que Miguel está en detención, Francisco es quien cuida a su nieta de 15 años, Katarina, y a otro nieto de 18 años que cruzó el año pasado como migrante no acompañado. Los dos jóvenes tienen solicitudes de asilo pendientes.
“No tienen para dónde, el Gobierno no les da oportunidades”, sentenció Francisco sobre los menores, al recalcar que no hay tanta diferencia entre la situación de la que él huyó y la actual. “Por eso se escaparon, para salvar sus vidas”.
Pide Gobierno a funcionarios aplicar estándares más estrictos; no consideran ya la violencia doméstica o de pandillas como fundamentos